Tras la mejora de la refinanciación a corto plazo, la Generalitat no contempla adherirse a las últimas reglas de Hacienda para recuperar su independencia financiera
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la Generalitat de Cataluña han cerrado el primer acuerdo financiero entre Estado y administración catalana en 10 años. Además del pago de una séptima parte de la deuda del Estado que se remonta, según la Generalitat, a 2010 (1.450 millones de euros), el pacto contempla la reestructuración del 60% de la deuda a corto plazo de la comunidad autónoma, que queda absorbida por al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pero este es sólo un pequeño alivio para una región con una carga de más de 77.000 millones de euros y sólo es el primero de los pasos que debe dar para regresar a los mercados.
Este 2018, Andalucía y Baleares emitirán deuda por primera vez desde 2012, según adelantó la titular de Hacienda hace pocas semanas, como parte de un procedimiento para que las comunidades que presenten un plan plurianual de endeudamiento vuelvan a financiarse por sí solas. El objetivo de Montero es que aquellas con unas cuentas más saneadas recuperen su autonomía en este campo. Pero no es el caso de Cataluña y fuentes del Govern reconocen a Bolsamanía que “no se plantean reclamar su independencia en los mercados en el corto plazo”.
Las obligaciones financieras de la región superan con creces a las de ninguna otra comunidad y ascienden a 77.478 millones de euros, de los que 54.382 millones se deben al FLA, por lo que la reconversión de 2.763 millones de euros comprometidos con las entidades financieras es una gota en medio del océano para Cataluña. “El Ministerio de Hacienda simplemente ha normalizado una situación que ya existía aplicando el principio de prudencia financiera”, señalan desde el Govern porque “ya se había demostrado con anterioridad que se trata de deuda a largo plazo. Era estructural”.
Fuentes del Govern reconocen a Bolsamanía que “no se plantean reclamar su independencia en los mercados en el corto plazo”
Será el fondo de asistencia a las autonomías quien asuma, mediante préstamos blandos, las obligaciones de la Generalitat con los bancos. Quedarán pendientes otros 1.700 millones de euros que el Govern quiere mantener a corto plazo aduciendo a motivos de tesorería, según explican. No obstante, Montero ha animado al Ejecutivo autonómico a que busque fuentes alternativas de financiación. Una invitación que se entiende, según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, porque “cuando se consigue reestructurar la deuda, aumenta la capacidad de pedir nuevamente prestado a corto plazo”, por lo que Cataluña podría volver a buscar liquidez en las entidades bancarias, antes que plantearse una emisión de bonos.
En cuanto al abultado monto pendiente con el FLA, fuentes de la administración catalana han confirmado a 'Bolsamanía' que se plantean solicitar su aplazamiento ‘sine die’ y convertirlo en perpetuo, es decir, que a la práctica no se reclame su devolución. Del otro lado de la mesa de negociaciones, el Gobierno se pone de cara. Bajo el mandato de Montero, se prevé llevar a cabo un alivio financiero generalizado para todas las comunidades, aunque no tendrá tanta manga ancha como para condonar cantidades ni hacer quitas, según declaró la misma ministra. Sí se plantean una reestructuración de los más de 54.000 millones de la Generalitat catalana. No obstante, tanto Govern como expertos hacen hincapié en que lo realmente urgente es una reforma del sistema de financiación autonómico, y urgen al Estado a abordar esta cuestión.
LAS REGLAS DEL JUEGO DE MONTERO PARA LAS COMUNIDADES
En cualquier caso, la deuda es el principal lastre de la comunidad para lograr la mejora de la calificación crediticia óptima para encontrar inversores en caso de una emisión de deuda. Además, están los objetivos del déficit, otra de las asignaturas pendientes de la región. Desde la administración catalana garantizan que acabarán este 2018 muy cerca de los objetivos. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en 2019 volverá a incumplir este requisito, que el Gobierno de Pedro Sánchez elevó en dos décimas sobre el PIB y que se ubica en el 0,3%. Según el organismo, se quedará en el 0,4%.
Además, en la estrategia de salida ordenada que se plantea Montero se considerarán criterios como estar adheridas al compartimento Facilidad Financiera, y el grado de cumplimiento de la deuda pública y regla de gasto; así como el periodo medio de pago a proveedores y la calificación crediticia. Cuestiones técnicas que alejan a Cataluña de los mercados de bonos, "por lo menos hasta 2020", reconocen desde el Govern, aunque señalan que es muy difícil hacer previsiones de este tipo.
En este último apartado también pintan bastos. Las principales agencias de rating mantienen el bono catalán varios escalones por debajo de la calificación de ‘basura’ o de muy alto riesgo. Además, la perspectiva de Fitch es estable, mientras que la de Moody’s es negativa, por lo que “existen pocas posibilidades de que eleven sus notas para la deuda de la comunidad en próximas revisiones, dado que antes, se suele colocar el bono en ‘perspectiva positiva’”, explica el profesor de iSEFI, Robert Casajuana.
Tanto Estado como Generalitat decidieron cancelar el contrato con Standard & Poors, la única entidad que mantenía a Cataluña en perspectiva positiva y que se había dado de plazo hasta inicios de noviembre para revisar su calificación.