PSOE y Podemos dan poder a las autonomías para limitar el precio del alquiler
Ambas formaciones se comprometen a facilitar el acceso a la vivienda social
PSOE y Unidas Podemos han firmado este lunes el documento en el que se exponen los pasos que debe afrontar el futuro Gobierno de coalición. En materia de vivienda, focalizarán sus esfuerzos en frenar las "subidas abusivas" del precio del alquiler, para lo que darán más competencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
El acuerdo no específica qué es abusivo, pero explica que los gobiernos locales y autonómicos podrán establecer los precios con una metodología objetiva, que ya está desarrollando el Ministerio de Fomento, aunque habrá de realizar revisiones periódicas. Además, los ayuntamientos podrán declarar una zona de alquiler abusivo si fundamentan, a través de criterios técnicos, que se obstaculiza el acceso. Esta medida será "temporal y excepcional".
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Ambas formaciones también impulsan medidas para evitar que las personas más desfavorecidas tengan que abandonar sus hogares. En uno de los puntos sobre vivienda establecen su intención de impulsar medidas que aseguren "el realojo inmediato" de aquellos inquilinos que no puedan hacer frente a la renta por falta de recursos económicos o por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Así, buscan cumplir con el artículo 47 de la Constitución, en el que se establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".
FOMENTARÁN EL ALQUILER SOCIAL
Con el fin de adecuarse a la carta magna, también fomentarán el "alquiler social" para aquellas personas que han sufrido una ejecución hipotecaria y no dispongan de una alternativa donde poder alojarse. Ambos partidos se han comprometido a movilizar suelo público para vivienda de alquiler social a precios asequibles, con instrumentos financieros como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), además de estimular la oferta privada.
El documento expone la necesidad de definir los conceptos de "vivienda vacía" y "gran tenedor de vivienda" para que las comunidades autónomas y los municipios las detecten. Una vez formado el Gobierno, se definirán las medidas más adecuadas para evitar que existan residencias sin inquilinos, a través de medidas sancionadoras o estímulos que elaboren un contexto en el que los grandes tenedores colaboren para alquilar esas viviendas a "precios razonables".
Respecto al alquiler turístico, impulsarán reformas que permitan a las comunidades de vecinos prohibirlos o fijar determinadas condiciones. En el documento se expone cómo estos pisos suponen una limitación de oferta para el uso residencial que genera un problema "especialmente grave" en algunas ciudades. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue la primera en implantar una medida similar, cuando prohibió la apertura y la ampliación de viviendas de uso turístico en toda la ciudad.
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