El PSOE excluye la mayoría de las enmiendas de Podemos a la ley hipotecaria

El informe de enmiendas transaccionales que el Gobierno ha remitido a los grupos políticos es una compilación de los puntos de acuerdo de las enmiendas que mejora el proyecto que presentó el anterior Ejecutivo para la ley hipotecaria. No es un trabajo sencillo, pues se presentaron más de 230 enmiendas. Entre ellas se encuentra la relativa a la dación en pago, según explican fuentes parlamentarias. "Se ha intentado hacer un esfuerzo para que pudieran entrar el máximo de las enmiendas compatibles", añaden. Se han incluido 50 enmiendas transaccionales.

Como adelantó Bolsamanía, el PSOE no estaba dispuesto a aceptar todas las revisiones que el partido liderado por Pablo Iglesias había propuesto. Estas enmiendas son, precisamente, las más dañinas para la banca y entre ellas se encuentra la suspensión de los desahucios. A la formación del Gobierno no le interesa pelear con Podemos por estas enmiendas, pues necesita su apoyo para sacar adelante la senda del déficit y los Presupuestos, por lo que le interesa la demora en la tramitación de esta ley, explican fuentes conocedoras de las negociaciones.

Entre otras ideas, Podemos proponía paralizar todos los desahucios en marcha desde 2013 y la suspensión de las ejecuciones posteriores a personas "en riesgo de exclusión residencial", con la obligación a "grandes tenedores de viviendas" de ofrecer a los afectados un alquiler social. Además, pedían que constituya causa de nulidad del contrato hipotecario "la negligencia demostrada que implique la concesión de un crédito hipotecario a deudores sin capacidad de pago, comprobada o evidente". También que "los prestamistas tienen la obligación de evitar un sobreendeudamiento de las familias y pequeñas empresas".

En un desayuno informativo celebrado el martes, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, criticó que la Mesa del Congreso había rechazado la tramitación urgente de la reforma hipotecaria que el Gobierno solicitó en julio. Efectivamente, lo hizo en su reunión del martes con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Podemos. Estas tres formaciones son, junto al PSOE, todas los que tienen representación en la Mesa del Congreso.

VOLVERÁ AL CONGRESO

Si bien este mecanismo se utiliza para reducir el plazo de presentación de las enmiendas al proyecto de ley, algo que en el caso de la reforma hipotecaria ya ha tenido lugar, la tramitación urgente habría servido para reducir su tiempo en el Senado desde dos meses hasta veinte días. En todo caso, para que el proyecto llegue al Senado aún queda tiempo, pues tras recibir el visto bueno de la comisión de Economía volverá al Pleno del Congreso.

Unidos Podemos presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, que fue rechazada hace siete meses en el Pleno del Congreso al contar solamente con el apoyo de ERC, Compromís y EH Bildu y con la negativa de PP, Ciudadanos, PDeCAT PNV, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias. PSOE y Nueva Canarias se abstuvieron. No obstante, en esa votación sí se aprobó que la tramitación parlamentaria incluyera una vuelta al Congreso, en contra de lo que querían PP, Ciudadanos y Coalición Canaria. Y lo más relevante, con el voto a favor del PSOE, que ahora que está en el Gobierno aboga por la rapidez en la tramitación.

En este contexto, los grupos parlamentarios han recibido ya el informe con las enmiendas transaccionales del Gobierno, que los grupos parlamentarios deben ahora analizar. Por ello, el proyecto de ley está a punto de pasar a la comisión de Economía del Congreso que, por cierto, va a estar presidida por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Antes de nada es necesario que el dirigente popular tome posesión del cargo de presidente de la comisión, algo que sucederá cuando su antecesor en el cargo, Arturo García-Tizón, convoque la sesión para ello.

Después, la comisión podrá retomar las sesiones para continuar con la tramitación de la ley. El ritmo de aprobación de esta norma estará, pues, en manos del exministro, a quien Pablo Casado decidió colocar en la presidencia de la comisión de Economía del Congreso tras su llegada a los mandos del PP.

Él será el encargado de convocar las sesiones de la comisión, ya sea por iniciativa propia o por petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la misma, como dictan las normas del Congreso. En esta tarea solamente podría hacerle sombra una persona: la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, que tiene la potestad de convocar todas las comisiones.

UNA MULTA MILLONARIA

La aprobación de la norma es urgente, como recordó esta semana Calviño, pues España se expone a una multa millonaria por no trasponer la directiva europea correspondiente a tiempo. El retraso suma ya más de dos años y la amenaza de las consecuencias es más que eso: Bruselas pidió hace casi un año al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sancionara al país con una multa de más de 105.991,6 euros diarios.

La multa, según explicó Calviño, se espera para este otoño y supondrá un coste de casi 3,2 millones de euros al mes para España. No se puede estimar la cantidad a la que ascenderá si finalmente se impone, pues el recurso presentado por Bruselas pide que la multa tenga efecto desde que se emita la sentencia. Concretamente, reza "desde la fecha de entrega de la resolución que establezca la falta de cumplimiento de su obligación de adoptar o, en otro caso, notificar a la Comisión de las provisiones necesarias para cumplir con la Directiva 2014/17/EU".

Por otra parte, han pasado ocho meses desde que la norma europea entró en vigor, lo que pone al sistema financiero español en una situación de cierta incertidumbre legal. La ministra, que ha criticado que a su llegada al departamento encontró varias normas pendientes, algunas desde hacía años, ha destacado que es importante para todos los implicados que exista seguridad jurídica en esta materia.

En este contexto, a los bancos solamente les queda esperar a que el trámite parlamentario siga su curso. El borrador del proyecto de ley, elaborado por el PP y presentado en noviembre del año pasado, introduce importantes cambios en el ordenamiento jurídico. Entre ellos, un endurecimiento de los requisitos para llevar a cabo un desahucio, más peso de los notarios en el proceso de contratación o la prohibición de las operaciones vinculadas.