Banco Santander ha propuesto la colaboración público-privada para conceder hipotecas
El mundo inmobiliario es un clamor. Las promotoras reclaman a las administraciones públicas que faciliten avales para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, según apuntan fuentes del sector. Esta debe ser una de las prioridades para relanzar las operaciones de compraventa, que están ahora mismo prácticamente paralizadas a la espera de que aflore la demanda embalsada cuando se disipe la incertidumbre económica generada por el Covid-19.
Después de sufrir dos de las mayores crisis de la historia en poco más de una década, los menores de 35 años tienen muy difícil acudir al mercado residencial y, en su mayoría, viven de alquiler o todavía no se han independizado. Su principal problema es pagar la parte de la compra que no cubre la hipoteca, ya que no han podido ahorrar lo suficiente debido a la complicada situación en la que ha estado inmersa el mercado laboral en los últimos años.
"El principal problema que presenta el segmento residencial es la dificultad de los jóvenes para acceder a la vivienda. Mientras no se resuelva este problema, el sector no se relanzará", remarcaba esta semana el presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar, en una teleconferencia organizada en el marco del foro Medcap. "Además de dinamizar el mercado de la vivienda, se conseguiría mejorar la economía en general", matizaba.
El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, también estuvo presente en el encuentro y suscribió las palabras de su compañero de debate. Pero además, quiso dar un paso más allá e instó al Gobierno a dotar de seguridad jurídica y agilizar los trámites urbanísticos y la concesión de licencias de obras. Sobre todo, hizo hincapié en este último punto, asegurando que el Estado deja de ingresar entre 4 y 5 millones de euros al año por el retraso en las concesiones.
Banco Santander también apuesta por los avales públicos. Su presidenta, Ana Botín, comunicaba hace un par de semanas que mantenía conversaciones con el sector de la construcción y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para lanzar un programa de compra de vivienda dirigida a los jóvenes. La intención es conceder hipotecas de hasta el 95% del valor del inmueble, con un aval del 20% por parte de la institución pública.
En una entrevista con el diario 'El País', Botín explicaba que este programa supondría la creación de cerca de 500.000 puestos de trabajo, la construcción de 150.000 viviendas y ayudaría "a miles de jóvenes a independizarse". El problema es que el ICO ya ha tensado mucho la cuerda con la línea de avales de 100.000 millones de euros que los bancos están concediendo a las pymes, autónomos y empresas más afectadas por la crisis del coronavirus.