Podemos pretende pagar con impuestos el gasto en pensiones que se derive del aumento de la esperanza de vida
Quiere crear un Parlamento de la Eurozona cuyos miembros no se elijan directamente sino que sean diputados de los estados miembros
- Destaca la reducción del límite para considerar un hecho como delito fiscal de los 120.000 euros defraudados actuales a 50.000 euros
- Apuesta por derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y modificar el artículo 135 de la Constitución para que no se priorice de forma absoluta el pago de la deuda
Podemos pretende que el aumento de gasto en pensiones al que tenga que hacer frente la Seguridad Social como consecuencia del aumento de la esperanza de vida se financie con cargo a impuestos, en lugar de a cotizaciones, al igual que otras prestaciones como las pensiones de muerte y supervivencia.
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Así consta en el documento 'Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías', de casi un centenar de páginas, que recoge Europa Press y en el que figuran las propuestas que la formación morada ha hecho llegar a los socialistas para negociar un gobierno de coalición.
Una de las intenciones de Podemos es "promover un sistema de pensiones de calidad", lo que pasaría por "introducir progresivamente" la financiación por vía impositiva, tanto para las pensiones de orfandad y viudedad como para "el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida", aunque no se precisa cuánto podría suponer este cambio.
Aumentar las pensiones no contributivas hasta el Salario Mínimo en ocho años, destopar las cotizaciones sin aumentar las pensiones máximas en la misma proporción, establecer la jubilación a los 65 años, recuperar la indexación al IPC, derogar la actual normativa y abolir los regímenes especiales no justificados por la naturaleza del trabajo son otras de sus propuestas en esta materia.
Destaca la reducción del límite para considerar un hecho como delito fiscal de los 120.000 euros defraudados actuales a 50.000 euros
AUMENTAR LOS INGRESOS FISCALES
No obstante, para poder financiar este tipo de propuestas es imprescindible plantear este mismo año una reforma fiscal que al final de la legislatura haya permitido elevar los ingresos totales sobre PIB un 3%, es decir, unos 40.000 millones de euros, que procederían sobre todo de "las rentas más acomodadas y los sectores con mayor patrimonio".
Según la memoria económica de la propuesta, 10.000 millones procederían de la reforma del IRPF, otros 12.000 de Sociedades, 2.000 millones de la revisión de Patrimonio y Sucesiones y 8.000 millones de la nueva fiscalidad verde, mientras que la rebaja del IVA detraería 4.000 millones a las arcas públicas y la lucha contra el fraude incrementaría la recaudación en otros 12.000 millones.
Entre las medidas que se incluirían en esta reforma destaca la reducción del límite para considerar un hecho como delito fiscal de los 120.000 euros defraudados actuales a 50.000 euros, tope similar al que ya se utiliza para las subvenciones europeas.
Junto a esto,como señala Europa Press, la propia evolución de la economía permitiría ingresar 29.700 millones más por la vía tributaria y la revisión de la senda de reducción del déficit que propone Podemos, para dejarlo en el 2,2% en 2019, dejaría otros 26.300 millones de euros de margen.
apuesta por derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y modificar el artículo 135 de la Constitución para que no se priorice de forma absoluta el pago de la deuda
CONSOLIDACIÓN FISCAL
Sobre la consolidación fiscal, Podemos considera que "no se trata de regatear" con Bruselas un nuevo aplazamiento del cumplimiento del Pacto de Estabilidad sino de "definir una nueva política presupuestaria" que abandone la austeridad y los recortes y estimule el crecimiento y el empleo.
Por eso, junto a la negociación de un calendario "realista y coherente" del ajuste del déficit, Podemos propone abrir un debate en Bruselas para conseguir unas normas más flexibles de aplicación del Pacto de Estabilidad, y reforzar tanto ese acuerdo como el Pacto Fiscal eliminando el objetivo de equilibrio estructural y relajando los porcentajes máximos de deuda y déficit permitidos para que "se adapten mejor a las necesidades de cada país".
Sin embargo, la reforma de las instituciones comunitarias que plantea Podemos es más profunda y pasa por revisar los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) para que sea prestamista de las autoridades fiscales europeas e incluso por crear un parlamento de la Eurozona cuyos miembros no sean elegidos de forma directa, sino que sean diputados de los diferentes países según criterios poblacionales y territoriales, y que tenga "verdadera capacidad legislativa y de control político" sobre el Eurogrupo.
En el plano nacional, apuesta por derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y modificar el artículo 135 de la Constitución para que no se priorice de forma absoluta el pago de la deuda. El partido de Pablo Iglesias cree, en cualquier caso, que esto es "compatible" con la reducción de la deuda, que propone dejar en el 91% del PIB en 2019.
No obstante, la formación también ha defendido en diferentes ocasiones la necesidad de celebrar una conferencia europea de deuda para discutir la reestructuración coordinada de las deudas públicas de los países donde supere el 60% del PIB, con modificaciones de los plazos de vencimiento y una adquisición por parte del BCE de los mismos a su valor nominal, canjeándolos después por otros a tipo 0% y con "el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance".
MÁS GASTO Y NINGÚN RECORTE
En el ámbito laboral, reformará la contratación temporal y a tiempo parcial, reforzará la causalidad de los despidos
Con estas medidas, un eventual Gobierno del que forme parte Podemos se comprometería no sólo a "no practicar nuevos recortes" sobre los servicios públicos fundamentales, sino incluso a aprobar créditos extraordinarios para atender las prioridades sociales en 2016 y "revertir" en los siguientes ejercicios los recortes sufridos en la pasada legislatura.
En total, y como ya adelantó en campaña, su intención sería gastar 24.000 millones más al año, 96.000 millones en la legislatura. En concreto, entre 2016 y 2017, la sanidad y la educación recibirían 15.000 millones extra, con 15.000 millones se pagaría la mejora de las pensiones, la dependencia y la renta garantizada; y otros 18.000 millones irían a inversiones para transformar la economía y el modelo energético.
En el ámbito sectorial, el documento de Podemos incluye algunas de las medidas estrella que ya avanzaron en campaña electoral. En el ámbito laboral, por ejemplo, reformará la contratación temporal y a tiempo parcial, reforzará la causalidad de los despidos y hará que el Estado compense en términos salariales a los trabajadores a los que se les reduzca la jornada laboral, como ya se hace en Alemania.
RECUPERAR LOS CTC
En cuanto al plano industrial, Podemos se compromete a reclamar ante la Justicia lo que las eléctricas cobraron en exceso por los costes de transición a la competencia (CTC), a recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y a auditar el déficit de tarifa y los costes de producción para retribuir de forma "razonable" a cada tecnología.
Igualmente, pondrá en marcha fondos de inversión soberanos de carácter público que inviertan en empresas estratégicas para evitar su desnacionalización o desmembración, y renegociará con Bruselas el memorándum del rescate bancario para que Bankia y Banco Mare Nostrum no se privaticen y, junto con el ICO, conformen una banca pública. También prevé imponer un impuesto al sector bancario para que contribuya a la devolución de los 60.000 millones del rescate.
Por último, Podemos reclama incrementar los cargos públicos que deben ser elegidos por consenso, incluyendo en el listado algunos que ya se guían por este procedimiento, como el gobernador del Banco de España, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e incluyendo algunos nuevos.
Entre éstos destacan el presidente del Consejo Económico y Social (CES), el secretario del Tesoro, el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el director de la Agencia Tributaria y el de la Oficina de Grandes Cuentas, el fiscal del Tribunal de Cuentas, el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), o los secretarios de Estado de Infraestructuras y Administraciones Públicas.
En el mismo listado figuran también los presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de Red Eléctrica, de Renfe Operadora, de Adif y de ENAIRE, entre otros.
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