País Vasco demuestra que la renta mínima es compatible con la reducción del paro

El Gobierno Vasco fue pionero en España al crear la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en 1989. Consiste en una “prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral”, según la define el propio Ejecutivo liderado desde 2012 por Íñigo Urkullu. Este año, la comunidad ha presupuestado 491 millones de euros destinados a una partida para financiar esta ayuda -copa más del 90% de la partida-, además de la prestación complementaria de vivienda. La cifra se ha incrementado un 6% respecto a los presupuestos de 2016.

Además de la sostenibilidad presupuestaria, la otra duda que genera en los economistas la implementación de algún tipo de renta mínima es el desincentivo que representa para buscar empleo. Se trata de una versión de riesgo moral. Sin embargo, la experiencia vasca demuestra que no tiene por qué ser así. Esto es lo que analiza el estudio ‘Evaluación del Impacto de un Régimen de Renta Mínima en el País Vasco’ de dos investigadoras de la Universidad de País Vasco y de Fedea, Sara de La Rica -también del Instituto IZA de Bonn- y Lucía Gorjón. Y su conclusión es clara: “Por definición, la RGI reduce la pobreza y promueve la cohesión social. Nuestro análisis concluye que, de media, no retrasa la salida del desempleo”, sostienen.

Por definición, la RGI reduce la pobreza y promueve la cohesión social. Nuestro análisis concluye que, de media, no retrasa la salida del desempleo

La ayuda está destinada a unidades familiares -sea de uno o varios miembros-, con los requisitos de que el receptor esté empadronado durante los tres años anteriores ininterrumpidamente en País Vasco, que tenga más de 23 años, ser demandante de empleo y recibir ingresos inferiores a la RGI correspondiente. En este último caso, la ayuda es la diferencia entre los ingresos y la renta que corresponda, que se basa en el umbral de pobreza relativa calculado por el Ejecutivo regional. Para los asalariados se impone el requisito de que no tengan reducción de jornada voluntaria. La renta oscila entre los 650 y 959 euros, en función del número de integrantes del hogar.

La Renta de Garantía de Ingresos tiene en torno a 60.000 receptores cada mes, de los que en un 60% de los casos son parados. El resto son pensionistas, trabajadores con salarios bajos o personas que están fuera de la población activa. Asimismo, acaparan en torno al 25% del desempleo en País Vasco, que en total alcanzó en el primer trimestre las 120.400 personas, el 11,86% de la población activa, según la EPA del INE.

Las autoras explican que el 60% de este colectivo tiene un nivel educativo menor -no ha llegado a secundaria o ESO-, y el 52% lleva más de dos años en paro. Estos datos que apuntan Sara de la Rica y Lucía Gorjón son fundamentales para no anticiparse con las conclusiones. La tasa media de salida cada mes -personas desempleadas que encuentran un empleo- para una persona que recibe la renta pública es del 3%, mientras que para el resto es del 9%.

Sin embargo, estos porcentajes son sobre colectivos no comparables. Las personas que reciben estos ingresos públicos tienen menor facilidad para encontrar un puesto de trabajo, por su menor cualificación o por llevar más tiempo en paro. “La composición de ambos grupos es diferente y esas divergencias explican al menos parte de la brecha observada en las tasas”, aseveran.

El estudio establece un grupo de control con personas que no reciben la ayuda, pero que tienen características similares a un colectivo que sí es receptor de la RGI. “La renta no reduce la probabilidad de encontrar un trabajo. En otras palabras, las diferencias observadas se deben únicamente a la diferencia en las composiciones de los dos grupos y no al efecto de la política”, explican ambas economistas. Pese a la inexistencia de efectos a escala global, sí hay diferencias en función del colectivo al que se dirige el gasto público. El “efecto de retardo no deseado” en la salida hacia un empleo se observa entre los menores jóvenes y con menor formación, indica el estudio, mientras que acelera la reincorporación al mercado laboral entre los mayores de 45 años.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la ayuda está condicionada. Siguiendo desde 2008 las directrices del Consejo Europeo para políticas de empleo, los receptores de la RGI tienen exigencias como aceptar ofertas de trabajo cuando le llegan. Esto evita que una ayuda pasiva como esta desincentive o disminuya la empleabilidad de los que la reciben. De la Rica y Gorjón subrayan en este sentido, además, la importancia de que sea compatible trabajar con recibir parte de la renta hasta alcanzar el umbral de pobreza relativa.

La ayuda también está complementada con programas de orientación y formación, aunque estos solo alcanzan al 40% de sus beneficiarios -16.000 de 38.000 desempleados receptores de la RGI en los últimos seis meses-. En el primer caso, aumenta un 20% la posibilidad de encontrar trabajo. En el segundo, la mejoría se dispara hasta el 100%. Así, en línea con los diferentes estudios sobre el impacto de las políticas activas de empleo, cuando se aplican a los receptores de la RGI “aceleran significativamente la probabilidad de encontrar un trabajo”, explica el informe.

LA RENTA MÍNIMA, BLOQUEADA EN EL CONGRESO

El pleno del Congreso aceptó en febrero admitir a trámite la proposición de ley para establecer una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos, tras una Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos UGT y CC.OO. Los mismos sindicatos han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si no se tramita en el Congreso, algo que no ha sucedido seis meses después de admitirse, con 12 prórrogas para presentar enmiendas por las peticiones de los grupos parlamentarios.

Los sindicatos promovieron en una Iniciativa Legislativa Popular sobre la renta básica y amenazan con acudir al Constitucional si no se tramita en el Congreso

La iniciativa contó con la oposición del PP y de Ciudadanos. Precisamente, la formación que lidera Albert Rivera lo que propone es un complemento salarial para los ocupados de menos ingresos, en forma de impuesto a la inversa a través del IRPF. Por su parte, el PSOE defendió la medida y Unidos Podemos pidió mayor ambición con esta propuesta. El PNV mostró dudas por entender que podría golpear las competencias autonómicas. De hecho, guarda similitudes con la Renta de Garantías de Ingresos de País Vasco.

La región, como Navarra, cuenta con peculiaridades que impiden extrapolar sus condiciones económicas al resto en el marco de la sostenibilidad de esta renta. La foralidad de la comunidad autónoma deja otro tipo de gestión presupuestaria. Asimismo, la región está más industrializada, tiene una trayectoria exportadora anterior a la crisis y apenas se sumó al ‘boom’ de la construcción. De hecho, su pico en la tasa de paro en la reciente crisis fue del 17,36% en el primer trimestre de 2014, frente al 26,94% de la economía española un año antes.

La economía vasca creció un 2,8% el año pasado, 1,2 puntos porcentuales por encima de su media histórica desde 1981, según estimaciones de BBVA Research, con lo que terminó el ejercicio con un PIB de 68.900 millones de euros, el 6,2% de España. El servicio de estudios del banco prevé un crecimiento también para 2017 del 2,8%.

Por su parte, la comunidad acabó 2016 con un déficit del 0,71% del PIB. En línea con el objetivo para las comunidades autónomas, que se revisó al alza, del 0,7%. Aumentó levemente respecto al 0,67%, cuando también cumplió con la meta fiscal. La región ha mantenido controlado su nivel de endeudamiento. El año pasado acabó en el 14,5% del PIB y finalizará 2017 en el 13%, según las previsiones de la Autoridad Fiscal Independiente (AiReF). La menor ratio de endeudamiento regional del país.