Miedo a que el ERTE acabe en ERE: derechos del trabajador y obligaciones de la empresa
Las compañías pueden llevar a cabo despidos colectivos pero tendrían que pagar una indemnización
Por ahora, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se han ampliado hasta el 30 de septiembre, pero muchos trabajadores temen que cuando esta fecha llegue la empresa les comunique su intención de llevar a cabo un despido colectivo. Aunque no es lo habitual, puede darse el caso. Si esto llegara a ocurrir, la compañía tendrá que seguir una serie de trámites para poder hacer efectivo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
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Según la norma actual, las empresas acogidas a un ERTE durante la pandemia del Covid-19 no pueden despedir en los seis meses siguientes y, si así deciden hacerlo, tendrán la obligación de devolver las exenciones de las que se haya beneficiado durante este periodo, más un recargo del 20% y los intereses de demora correspondientes. Además, si tras el ERTE la empresa presenta un ERE por cierre, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, primero tendría que finalizar el periodo establecido en el ERTE y ya luego proceder a llevar a cabo el ERE.
Desde el momento en el que la empresa comunica de manera oficial la intención de hacer un despido colectivo, los empleados disponen de un máximo de 15 días para formar una comisión negociadora a través de la cual organizar un periodo de consultas o incluso decidir impugnar judicialmente el ERE si se considera que no cumple con los requisitos legales, como explican varios despachos de abogados especializados en temas laborales.
En cualquier caso, los trabajadores tienen derecho a recibir una indemnización por despido. Eso sí, aquí hay que tener en cuenta dos vías. Una es que las negociaciones con la empresa lleguen a buen puerto y se pacte la cantidad a pagar, con un mínimo de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. La otra es que la compañía no pueda hacer frente a los pagos, una situación en la que habrá que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), por lo que las indemnizaciones correspondientes serían menores y, al ser un proceso que puede alargarse, podrían tardar más tiempo en recibirlas. También tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo si se cumplen con las condiciones.
Una encuesta del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos señala que, si no se adoptan medidas nuevas, 52.000 empresas acogidas a un ERTE terminarán convirtiéndolos en un ERE, lo que supondrá la pérdida de unos 300.000 empleos. También creen que el 46% de las empresas en ERTE por fuerza mayor van a agotar el plazo que les otorgue el Gobierno para mantenerlo. En total, el 20% de las empresas ha aplicado un ERTE por causas económicas, técnicas u operativas, un 19% de fuerza mayor por las restricciones ligadas al Covid-19 y otro 19% de reducción de jornada, según un análisis llevado a cabo por KPMG.
Por el momento, según las últimas cifras dadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 1,17 millones de personas dejaron de estar bajo un ERTE durante junio, lo que dejó el total de trabajadores con el contrato suspendido total o parcialmente en 1,8 millones. Desde el 30 de abril han salido de la situación de ERTE 1,56 millones de trabajadores.
