Más de la mitad de las plazas ya convocadas para funcionario no llega a 1.000 euros

Sin embargo, Hacienda sí está dando pasos y este mismo año se espera que las convocatorias cubran 67.000 vacantes libres entre Educación, Policía Nacional, Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y otros servicios de carácter prioritario como sanidad, justicia o servicios sociales y empleo.

Este jueves el Congreso de los Diputados dio luz verde al Real Decreto que regula la convocatoria de urgencia de la Oferta de Empleo público (OEP) de este año para Educación y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército. Se tramita de esta manera porque, según el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, “estas plazas no pueden esperar a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado”.

Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y La Rioja ya han adelantado que no sacarán ninguna oferta de empleo público este año

Esto se hace, además, porque en Educación los futuros maestros y profesores deben opositar en el mes de junio para poder incorporarse al curso académico en septiembre. En el caso de los militares y los policías, las oposiciones sólo son un primer paso antes de entrar en la academia para poder posteriormente ejercer su trabajo. El total de plazas ofertadas se eleva a 8.000 en la Administración General del Estado (AGE) y más de 10.000 en las comunidades autónomas, a las que el decreto habilita para lanzar sus oposiciones.

Algunas regiones como Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y La Rioja ya han adelantado que no sacarán ninguna oferta de empleo público este año. Desde el sindicato de funcionarios CSIF denuncian esta situación y apelan a la responsabilidad de los diferentes Gobiernos autonómicos para que no se den situaciones de “desequilibrio territorial y merma de la calidad en los servicios públicos”.

Sin embargo, hasta que salgan publicadas en los respectivos boletines oficiales de las comunidades las convocatorias de Educación y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el caso de las plazas de Defensa e Interior, las únicas oposiciones encima de la mesa desde el pacto de marzo entre sindicatos y Hacienda se publicaron el pasado lunes. En concreto, corresponden a oposiciones en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en diferentes Ministerios como Defensa, Agricultura, Economía, Educación, Justicia, Fomento, Presidencia, Interior, Hacienda, Empleo y Energía.

Estas 1.350 vacantes estas aprobadas desde 2016, pero se publicaron el pasado lunes en el BOE. Algo que según CSIF ocurre en otros ámbitos, pues aún hay plazas pendientes de desarrollo desde 2012. 'Bolsamanía' ha revisado todas las convocatorias aprobadas el pasado 8 de mayo y el 56% de las vacantes corresponde a “técnicos superiores de gestión y servicios comunes y técnicos superiores de actividades técnicas y profesionales”, tal y como apunta el BOE en su lenguaje administrativo, lo que equivale a un funcionario del grupo B. Los estudios necesarios para poder presentarse a esa plaza es Bachillerato o formación profesional de técnico superior.

Esta escala laboral, sin ningún tipo de trienio ni complemento de destino, recibe un salario anual de 11.623,42 euros anuales, 846,66 euros mensuales junto a dos pagas en junio y diciembre, según recoge el documento de retribuciones del personal funcionario de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Del resto de plazas convocadas, la escala laboral más numerosa es la de los oficiales de Gestión y Servicios Comunes (C1). La titulación requerida para optar a este grupo funcionarial es un graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de grado medio. Le siguen las vacantes que requieren una licenciatura o grado universitario, titulado superior (A1) con 115 plazas y las plazas de titulado medio (A2) para las que se necesita una diplomatura con 92 vacantes.

SUBIDAS DE SALARIOS PÚBLICOS

Precisamente, los sueldos de los funcionarios, además de la alta temporalidad de la Administración, que parece que se va moderar en los próximos años gracias al macroplan anunciado en marzo, es una principales reivindicaciones que tienen los sindicatos de la función pública con Hacienda.

Montoro confía en que los sueldos se puedan mejorar en los próximos años y reconoce el papel de los empleados públicos en la salida de la crisis

Montoro aseguró el pasado jueves en el Congreso de los Diputados que las nóminas de los funcionarios subirán al ritmo en el que mejoren las finanzas públicas y se reduzca el déficit. El titular de la ‘caja de todos’ confía en que los sueldos se puedan mejorar en los próximos años y reconoce el papel de los empleados públicos en la salida de la crisis.

El número de españoles que trabajan para las administraciones públicas, entre funcionarios y personal laboral, se elevó en el primer trimestre de 2017 hasta los 2,97 millones de personas. Una cifra que se ha mantenido constante alrededor de los tres millones de personas en los últimos años, con un retroceso del 3% desde el inicio de la crisis en 2008, frente a la mayor caída del 8,1% que ha sufrido el empleo privado, ahora en los 15,46 millones de trabajadores, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).