Madrid, Valencia y Cataluña ganan 2.500 millones con el nuevo modelo de financiación autonómica

Los expertos designados por las comunidades autónomas -salvo Cataluña- y por el Gobierno han acordado varios puntos básicos para reformar el modelo, en un informe que entregaron en junio a los ministros Soraya Sáenz de Santamaría -Presidencia y Administraciones Territoriales- y Cristóbal Montoro -Hacienda y Función Pública-.

Los 21 economistas han acordado aplicar un principio de ordinalidad -el orden de las regiones por recaudación debe mantenerse en la financiación- y eliminar de forma progresiva la cláusula de statu quo. Esto es, la norma según la cual una comunidad no puede perder recursos frente al modelo anterior -que data de 2009- con la reforma. Este ha sido un punto de confrontación.

“Aunque la Comisión de Expertos insiste en la necesidad de terminar con la cláusula de statu quo, es también consciente de la dificultad política de hacerlo de una forma inmediata. En consecuencia, su recomendación es la de proceder de una forma gradual”, explica Ángel de la Fuente, director de Fedea y miembro de la Comisión de Expertos designado por el Gobierno, en un informe 'Simulaciones del modelo propuesto por la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común' en el que analiza los recursos que le corresponderá a cada región al aplicar este sistema propuesto.

Precisamente, De la Fuente publicó el mes pasado un estudio en el que mostró, con los datos de 2015, la brecha entre las regiones en financiación por competencias homogéneas o, lo que es lo mismo, a igual esfuerzo fiscal teniendo en cuenta las competencias de cada comunidad autónoma. Cantabria y La Rioja fueron las comunidades más beneficiadas, mientras que entre las más perjudicadas están Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid y Cataluña.

Todas estas mejoran con el nuevo modelo, al imperar el respeto de la ordinalidad y aliviar la desigualdad del reparto. En este caso, hay seis regiones que mejoran, con un total de 2.820 millones más de recursos. Especialmente, el incremento de recursos se producen para la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 2.429 millones de euros más en la estimación para el nuevo modelo respecto a la financiación de 2015.

El mayor crecimiento se produce para el Gobierno madrileño, que tendría a su disposición 1.218 millones de euros más. En total, un 8,5% más hasta los 15.588 millones de euros. La variación es de 741 millones, un 7,1% más, hasta los 11.139 millones en el caso de la Comunidad Valenciana. Mientras que la Generalitat, que se ha mantenido a un lado dentro de sus pretensiones independentistas, incrementaría sus fondos en un 2,8% -470 millones de euros- hasta los 17.452 millones de euros. También mejoran Murcia (un 3,6%), Canarias (1,3%) y Andalucía (1,1%).

Estas comunidades eran las más perjudicadas. En el caso de Canarias, el modelo está condicionado por el Régimen Económico Fiscal (REF) que mantiene singularidades respecto al resto por su condición de insularidad, que ha mejorado este año gracias a la necesidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy de contar con el apoyo de los partidos canarios para ser investido primero, y para sacar adelante después los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.

El impacto de la restricción de statu quo es dramático, pues ésta determina directamente la financiación de nueve de las quince comunidades de régimen común

Las comunidades autónomas restantes salen perdiendo con el cambio al eliminar el statu quo si no se establece un modo de compensación. Es decir, se elimina gran parte de las ventajas que contaban respecto al resto por los cálculos del modelo de financiación anterior -solidaridad y criterios de superficie, dispersión e insularidad-. “El impacto de la restricción de statu quo es dramático, pues ésta determina directamente la financiación de nueve de las quince comunidades de régimen común -no se tiene en cuenta a País Vasco y Navarra por su foralidad-, aunque la mayor parte de ellas están entre las más pequeñas por población”, señala Ángel de la Fuente.

El director de Fedea supone para sus estimaciones que el periodo de vigencia del nuevo sistema “comenzaría en 2018 en el mejor de los casos”. En caso de que se aplique una compensación a las comunidades autónomas que sufrirían un descenso de recursos con el nuevo modelo frente a lo que les habría correspondido, esta superaría los 2.600 millones de euros.

“La Comisión de Expertos no concreta los detalles de la eliminación de la compensación por statu quo más allá de especificar que ésta debe desaparecer gradualmente dentro del periodo de vigencia del modelo, que atendiendo a la experiencia previa podría fijarse en unos cinco años”, arguye el director de Fedea.

En caso de que se produzca esta compensación, podría recaer sobre el Estado, que ya aportó 8.434 millones de euros en el modelo anterior, sin contar con el fondo de liquidez autonómica (FLA) que permite a las regiones endeudarse a un coste mucho más reducido que si acudieran individualmente al mercado de deuda. A estos recursos se sumaban 42.345 millones del tramo autonómico del IVA e impuestos especiales y otros 50.960 millones de impuestos cedidos.

UN MODELO COMPLEJO

Una de las peticiones históricas de los economistas sobre el modelo de financiación autonómica era simplificarlo en virtud de una mayor transparencia y sencillez para entenderlo. Tendrá que quedar para otra ocasión después de la negociación de este comité de expertos, criticado por el propio De la Fuente por ser un grupo de economistas “con bandera”, al defender cada uno lo que considera mejor para su región y no para el modelo común.

El nuevo sistema hereda una capacidad de 102.505 millones de euros, según las estimaciones del director de Fedea en los niveles actuales con las características del sistema anterior. Estaba orquestado con un fondo de garantía de 8.570 millones, un fondo de suficiencia de 5.016 millones de euros, un fondo de cooperación de 2.179 millones y un fondo de competitividad de 2.702 millones. Todos estos fondos realizaban trasvases de recursos entre las comunidades, alterando el principio de financiación acorde a la capacidad recaudatoria por solidaridad interterritorial. Esto se mantiene, pero se limita. Ahora, serán el fondo básico de financiación (FBF) y el fondo de nivelación vertical (FNV) los que integran el núcleo del modelo. El FBF funciona absorbe "una parte sustancial" de los ingresos tributarios de las comunidades, y se distribuye en proporción a la población ajustada. El FNV, con aportación estatal, se reparte para reducir las diferencias de financiación respetando el principio de ordinalidad en términos de habitante ajustado.

Por otro lado, el modelo de 2009 tenía en cuenta variables como la población protegida equivalente a efectos de gasto sanitario, la población en edad escolar (0 a 16 años), población mayor de 65 años y población total. A esto, el boceto del nuevo sistema amplía el rango de edad escolar de 0 a 18 años y la matrícula en ciclos formativos superiores, y añade universitarios matriculados en centros públicos y población en riesgo de pobreza.

Estos indicadores son los que se utilizan para calcular las necesidades de gasto. Por otro lado, para corregir desequilibrios tenía en cuenta la superficie, la dispersión y la insularidad, variables que se mantienen y a las que se añaden una partida de costes fijos para sufragar los gastos ligados a los servicios autonómicos. Por último, proponen analizar variables como nivel de precios, renta per cápita, población flotante y vinculada, orografía, mejorar indicador de dispersión y deseconomías de escala en sanidad -más coste medio al incrementar la producción, en contra de lo habitual-.

Entre las cuestiones pendientes del modelo está la quita de deuda que proponen algunos expertos y con la que chocan frontalmente otros. El FLA ha sido el mecanismo a través del que se han financiado la mayor parte de las comunidades autónomas, hasta el punto de convertir al Estado en el mayor acreedor de los gobiernos regionales. La petición del experto de la Comunidad Valenciana, Francisco Pérez García, fue contestada por otros como un elemento “perverso” para la responsabilidad de cada gobierno regional. O, lo que es lo mismo, el típico riesgo moral de la teoría económica.

Según cálculos de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF), las comunidades autónomas tienen una deuda emitida equivalente al 24,8% de su Producto Interior Bruto (PIB), que en las del régimen común oscila entre el 14,9% de Madrid y el 36,5% de Castilla-La Mancha. El Estado tiene un 53,5% de esta deuda. Destacan Comunidad Valenciana (77,2%) y Murcia (75,9%). La dependencia del Estado como acreedor supera el 60% en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña.

En el caso catalán, puede ser uno de los problemas para sacar adelante esta reforma, más aún cuando el Ejecutivo de Carles Puigdemont sigue adelante con sus planes de celebrar un referéndum unilateral por la independencia el 1 de octubre y no ha sentado a ningún experto en la mesa para analizar el nuevo sistema. Se trata de “insumisión y deslealtad”, según lo ha denominado Jorge Onrubia, el experto elegido por Madrid, que avisa que tras elaborar una propuesta, una negociación paralela con la Generalitat sería “inaceptable”. Por lo pronto, gracias al FLA, Cataluña se financia más barato con su ‘bono basura’ que Estados Unidos con su ‘triple A’.