Los Ayuntamientos exigen a Montoro que les pague lo que tengan que devolver por la plusvalía
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ve mal que "el coste de un impuesto mal diseñado por el Legislativo lo tengan que soportar" los Ayuntamientos
- Abel Caballero, presidente de la FEMP, insta al Ministerio de Hacienda a resarcir "al 100%" la cantidad que haya que devolver a los contribuyentes
- El Tribunal Constitucional anuló el impuesto conocido como plusvalía municipal en los casos en los que una vivienda se vendiese con pérdidas
La polémica en torno al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, está lejos de acabar. Sobre todo porque los Ayuntamientos no parecen dispuestos a asumir el coste de un tributo que, dicen, está mal diseñado por el Legislativo. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha reunido este martes y ha acordado exigir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que resarza "al 100%" la cantidad que haya que devolver a los contribuyentes tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el cobro del impuesto en los casos en que la venta de una vivienda supusiese una pérdida patrimonial.
La FEMP insta al Gobierno a actuar para evitar "el vacío legal y la inseguridad jurídica" que hay actualmente en los consistorios
La FEMP ha celebrado este martes su Junta de Gobierno, en la que ya adelantaron que darían a conocer su postura para modificar la plusvalía. El organismo que dirige Abel Caballero ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a resarcir a los Ayuntamientos por la pérdida de ingresos que van a sufrir cuando empiecen a llegar las sentencias en las que se determine la devolución del impuesto en los casos en los que el contribuyente transmitió una propiedad con pérdidas. "Si hay que hacer devolución nos tienen que resarcir al 100%. Es un impuesto aprobado por el Legislativo con un sistema fallido de la base imponible", ha remarcado el máximo responsable de la Federación.
Por ello, ha instado al Gobierno a actuar para evitar "el vacío legal y la inseguridad jurídica" que hay en los consistorios que, en estos momentos, están resolviendo la situación mediante interventores y "con su buen criterio", sin que haya una línea general de actuación. La FEMP ha acordado también mandar al Ejecutivo una propuesta de modificación del tributo para que cumpla con la sentencia del Constitucional.
Así, los Ayuntamientos reclaman al Ejecutivo a impulsar una proposición que permita ajustar el cálculo de la base imponible del impuesto, para lo que proponen dos líneas de trabajo: por un lado, reformar el tributo fijando su base liquidable con criterios objetivos, es decir, que haya un índice anual elaborado por el Catastro sobre la evolución del valor de los suelos en el que se base el impuesto. Como dice Caballero, "se trata de legislar mandatando al Catastro a que elabore in índice anual, de corto plazo, sobre la evolución del valor de los suelos de naturaleza urbana", un índice que recogería el aumento o disminución de ese valor de forma que se muestre la evolución del mercado. "Así tendríamos un índice objetivo, una descripción razonable del mercado", ha dicho el presidente de la FEMP, que cree que eso "daría solución a lo que señala en su sentencia el Constitucional", que no existía en la anterior fórmula de cálculo.
La otra línea de acción que proponen los Ayuntamientos es la de calcular el impuesto sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta. Que la base imponible -para ser gravada- fuese el valor de venta menos el valor de compra, es decir, "la plusvalía o minusvalía real", en palabras de Caballero. Así, "si el valor es más bajo, el impuesto sería cero", ha resaltado.
La Federación ha anunciado que remitirá al Ministerio de Hacienda "mañana mismo" estas recomendaciones para asegurar la constitucionalidad en el cálculo de este tributo local, que está en boca de todos desde hace semanas. "Ofrecemos nuestra cooperación, pero pedimos que actúe con celeridad", ha reiterado Caballero, que ha señalado que esta "es una situación de inseguridad jurídica que no puede esperar".
