Las pensiones presionan el déficit público sin que el Pacto de Toledo encuentre una solución

El agujero financiero del sistema de los últimos años, que amenaza con permanecer en el futuro, preocupa a los expertos porque “el problema demográfico de la sociedad española es una bomba de relojería de efecto retardado”, sostiene un informe de PwC publicado el pasado fin de semana. Según la encuesta sobre la que se sustenta este estudio, elaborada entre 114 personas con opiniones “solventes” sobre la economía española, el 63,1% de los panelistas asegura que el sistema actual de reparto tendrá que modificar su estructura para garantizar su sostenibilidad durante los próximos diez años. De hecho, el 42,6% acorta el plazo a cinco años.

Los cálculos del Gobierno coinciden con las preocupaciones de estos expertos. El Ejecutivo envió este martes su Plan Presupuestario para 2018 a Bruselas, en el que reduce su previsión de crecimiento de la economía española en tres décimas hasta el 2,3% al tomar en consideración “la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña”.

En este documento, el Ejecutivo proyecta un déficit público del 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017, en línea con los objetivos consensuados con la Comisión Europea. De este agujero, un 1,4% del PIB corresponde a la Seguridad Social. Este desajuste provocado por el aumento del gasto en pensiones se reducirá hasta el 1,1% en 2018, según las estimaciones del equipo económico del Gobierno, aunque la disminución será más lenta que la del déficit conjunto de las administraciones públicas.

PwC: "El problema demográfico de la sociedad española es una bomba de relojería de efecto retardado"

Así, Moncloa espera un desbarajuste entre ingresos y gastos públicos del 2,3% del PIB, con lo que la Seguridad Social acaparará casi la mitad del déficit con su -1,1%. En 2019 esta peso aumenta, ya que la proyección es de un agujero del 0,9% del PIB por parte de la Seguridad Social frente al 1,3% conjunto. Mientras que en 2020 las pensiones se comerán todo el déficit con un 0,5% del PIB.

Los gastos de la Seguridad Social crecen al ritmo del 3% anual. Este aumento es el que acumula en los últimos 14 meses por dos razones. La primera, el envejecimiento poblacional. Y la segunda, que los nuevos jubilados tienen pensiones asociadas más altas que el promedio. De esta forma, pese a la casi congelación de la cuantía con una revalorización del 0,25% desde 2013, en la nómina de octubre por ejemplo la pensión media ha aumentado un 1,86% interanual hasta los 923,23 euros.

LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO NO ES SUFICIENTE

También aumentan los ingresos de la Seguridad Social con la recuperación del empleo -aunque no de los salarios-. La fuente de financiación del sistema alcanzó los 71.297 millones de euros entre enero y agosto, lo que supone el mayor dato en nueve años. Pero el déficit de la Seguridad Social alcanzó en este mismo periodo los 5.998 millones de euros. Para la extra de julio, el Gobierno tuvo que disponer de parte de un préstamo del Tesoro de 10.192 millones de euros y de recursos del Fondo de Reserva. Al final del año, con la extra de diciembre, la hucha acabará con apenas 7.000 millones y el crédito consumido, que la Seguridad Social deberá devolver durante los próximos 10 años, aunque sin intereses.

“Las cotizaciones sociales siguen una tendencia creciente, con un importante repunte en 2017 hasta alcanzar una tasa del 4,9%, impulsadas por la recuperación del mercado de trabajo”, explica el Ejecutivo de Mariano Rajoy a Bruselas. Pero esto no eliminará el agujero que, según la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) será mayor durante los próximos cinco años, en los que alcanzará un total de 87.000 millones de euros. El próximo ejercicio, el déficit será de 19.119 millones de euros, lo que supondría cerca del 1,6% del PIB, muy por encima del 1,1% proyectado por el Gobierno. De hecho, la institución que dirige José Luis Escrivá dejó claro que las estimaciones del Ministerio de Fátima Báñez son “muy improbables”.

En este contexto, el Pacto de Toledo cumplió esta semana un año de reuniones. Empezó el 18 de octubre, por petición del Ejecutivo ante los problemas de sostenibilidad. Doce meses después, no hay ninguna recomendación común. Moncloa ha decidido esperar a que se calme la situación política para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, a pesar de que la Constitución menciona que se haga antes del 1 de octubre. En cualquier caso, no parece que esta comisión no permanente del Congreso llegue a un consenso que se reflejen en el programa presupuestario, con lo que el Gobierno deberá decidir cómo financiar el déficit de las pensiones el próximo año.

La reforma que aprobó el Gobierno en 2013 de forma unilateral, valiéndose de su mayoría absoluta, cambió el cálculo de actualización de las pensiones. Ya no depende del IPC sino de un modelo que tiene en cuenta la salud financiera del sistema, con un mínimo del 0,25% que lleva aplicándose desde entonces. Pero con el retorno de la inflación, que promedia este año ratios superiores al 2%, los pensionistas pierden poder adquisitivo.

Este daño al bolsillo contrasta con la preparación insuficiente, en general, para la jubilación. “España es uno de los países con la tasa de sustitución -pensión en comparación con el último salario- más elevada de la Zona Euro, un 73,9%, frente al 40,6% de media, y aunque a los españoles nos preocupa nuestra jubilación y la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones, apenas ahorramos ni planificamos financieramente nuestro retiro”, advierte Alfonso Manso, responsable de gestión de activos de Aegon. El estudio de preparación para la jubilación de 2017 de la aseguradora señala que el 65% de los españoles espera que la jubilación proceda principalmente de recursos públicos. Pero la tasa de sustitución caerá a tasas de entre el 50% y el 60% durante las próximas décadas, según estudios del Banco de España, Fedea o Inverco.

Aegon: "Aunque a los españoles nos preocupa nuestra jubilación y la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones, apenas ahorramos ni planificamos financieramente nuestro retiro"

De esta forma, aunque la reforma alivia la sostenibilidad del sistema con el paso del tiempo y, en especial, cuando hay crecimiento, provoca un choque entre los principales partidos políticos que probablemente se revise durante los próximos meses ante el acercamiento que ha provocado Cataluña entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, pero con el alejamiento de las fuerzas catalanas. Hasta ahora, el PSOE estaba enrocado en que el sistema siga siendo público, que las pensiones se revaloricen con el IPC, y que haya recursos adicionales para tapar el déficit que podrían venir desde un impuesto adicional, como ocurre en Francia. Mientras que el PP defiende su última reforma y únicamente se ha mostrado proclive a cambios menores como la financiación de las pensiones de viudedad u orfandad por impuestos.

Por su parte, los sindicatos también se han vuelto más beligerantes con el Gobierno. Los sindicatos convocaron a principios de verano unas marchas por las pensiones dignas que se iniciaron el 30 de septiembre en diferentes puntos de España y finalizaron el 9 de octubre en Madrid con una concentración.

“La falta de resultados prácticos hasta la fecha en la Comisión del Pacto de Toledo y la paralización de la Mesa de Diálogo Social -agrupa a patronal, sindicatos y Gobierno- sobre pensiones, que inició su trabajo en enero y lleva seis meses sin ser convocada por el Gobierno, exigen una respuesta ciudadana”, afirma Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CCOO. “Especialmente, es necesario cuando se despliegan los efectos de la reforma de pensiones de 2013, la primera aprobada sin consenso político ni social alguno”, añade.