El ministro Luis de Guindos ha defendido este martes los ajustes adoptados
Bruselas no quiere esperar. La Comisión Europea ya mete prisa al recién formado Gobierno de Mariano Rajoy para tomar medidas inmediatas con la amenaza de la congelación de los fondos estructurales y de inversión en 2017, lo que tendría un impacto importante en la economía española.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido este martes en Bruselas que el Ejecutivo “ha adoptado medidas efectivas”. “La evolución de la recaudación del impuesto de sociedades es incluso más positiva de lo que se había proyectado, por otro lado tomamos medidas de cierre presupuestario y un acuerdo de no disponibilidad y yo creo que todas esas cuestiones lo que plantean es que España ha tomado medidas efectivas y espero que sea reconocido por parte de la Comisión”, ha subrayado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), según recoge la agencia Europa Press.
La economía española incumplió el déficit acordado con las autoridades europeas en 2015, al acabar con un saldo presupuestario negativo del 5% del PIB, sólo menos que Grecia, y muy por encima de la meta del 4,2%. España se libró de la multa, que podría haber ascendido al 0,2% del PIB, y ahora busca que no se congelen los fondos estructurales y de inversión europeos (EIE) de 2017.
El impacto sería importante. No en vano, según un estudio publicado hoy por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sólo las ayudas programadas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) generarán unos 240.000 empleos netos al final del periodo 2014-2020.
Con los fondos FEDER se crearán 240.000 puestos de trabajo netos acumulados en los siete años del periodo estudiado, y casi 19.500 el próximo año
Estos fondos cuelgan de las ayudas al desarrollo económico de la Unión Europea que podrían suspenderse el año que viene. La inversión prevista del FEDER en España en estos años es de más de 26.600 millones de euros, de los que 19.400 provendrán de la Unión Europea y el resto corresponderá a la cofinanciación española, explican los economistas de la Universidad de Valencia José E. Boscá, J. Escribá, J. Ferri y M. J. Murgui que son autores del informe. La ayuda prevista en este reparto es de 3.758 millones el próximo año, ejercicio en el que podrían suspenderse los fondos.
Estas ayudas se reparten entre todas las comunidades, aunque priman a las de menor renta y en particular a Extremadura, que es la única comunidad que se mantiene por debajo del 75% de la renta per cápita media de la Unión Europea.
Los economistas estiman que los fondos FEDER aportarán en trono a tres décimas a la tasa media de crecimiento de la economía española en el periodo analizado, lo que supone un incremento neto acumulado del PIB de entorno a 26.000 millones de euros en 2020. A su vez, se crearán 240.000 puestos de trabajo netos acumulados en los siete años del periodo estudiado, y casi 19.500 el próximo año.
IMPACTO EN 2017
En el caso del próximo año, que es el que está en juego ahora mismo en Bruselas, los economistas estiman que estas ayudas tendrán un impacto en el PIB de 2.100 millones de euros en el escenario que consideran “más probable”, mientras que en el más pesimista el efecto es de 850 millones y en el más optimista de 3.300 millones. En cuanto al empleo, el impacto es de 19.446 puestos de trabajo.
“Los efectos esperados son mayores en las regiones más pobres y con tasas de desempleo más elevadas. En Extremadura, la región con mayor tasa de paro, el crecimiento del empleo inducido por el FEDER sería del 5,3%, mientras que en Madrid, Navarra o el País Vasco, las regiones con menores tasas de paro, el crecimiento previsto del empleo rondaría el 0,5%”, explican estos economistas.
El estudio concluye que el efecto multiplicador del importe de las ayudas sobre el impacto en el PIB es de 3,71 veces en términos de valor presente y que se generan nueve empleos por cada millón de euros. Además, destaca que es “un buen mecanismo de cohesión territorial” por su mayor incidencia en las regiones de menor renta per cápita.