La patata caliente del bono social: el primer "escollo" para Álvaro Nadal

Los servicios sociales del Ayuntamiento de la ciudad tarraconense de Reus le seguían la pista, figuraba como persona vulnerable en los registros del agua, pero no de los de energía. La propia Rosa rechazó la asistencia de los servicios sociales en el último período, según anunció el conceller de Empresa de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget. Esta desconfianza se da a menudo, según los expertos, entre las personas con riesgo de desahucio, como era el caso de la vecina de Reus.

Se da también la paradoja que otros mecanismos para evitar este tipo de accidentes no se cumplieron. Gas Natural no informó del corte de suministro al Ayuntamiento ni los trabajadores sociales ni los familiares de Rosa levantaron la voz ante la compañía para evitar el desamparo que sufría la anciana. Una suerte de lamentables errores que ahora ha hecho que la Generalitat de Cataluña abra expediente sancionador a la compañía eléctrica.

Gas Natural no informó del corte de suministro al Ayuntamiento ni los trabajadores sociales ni los familiares de Rosa levantaron la voz ante la compañía para evitar el desamparo que sufría la anciana

El Gobierno autonómico apela a la ley 24/2015 de pobreza energética que puso en marcha el pasado año, gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otra asociación llamada Alianza contra la Pobreza Energética. Sin embargo, la normativa se está desarrollando para introducir protocolos de actuación en casos como el de Rosa, tal y como figura en las actas de la reunión del 13 de junio de la mesa de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. En esa sesión, la directora de la Agencia Catalana de Consumo, Montserrat Ribera, afirmó que “se está trabajando en los protocolos que permiten desarrollar el artículo 6 de la Ley 24/2015, para evitar dudas en su aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales”. Un extremo que el conseller Baiget negó después de la fatalidad al afirmar que la ley "es suficientemente clara y no requiere de ningún reglamento oficial".

En la misma reunión la representante de CCOO, Llorenç Serrano, apuntó en la misma dirección que Ribera. “Echo en falta desarrollos reglamentarios de las normas. Deberíamos aprovechar la nueva ley para aclarar cuál es el papel de cada agente en la pobreza energética y establecer unas fechas para la nueva proposición”, comentó.

El caso de Rosa ha reabierto el debate sobre la pobreza energética y la solución que el Gobierno central había puesto hasta ahora encima de la mesa desde 2009, el bono social. A pesar de la incipiente recuperación económica de la economía española, los datos de los ciudadanos que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada cuando llega el frío se mantienen constantes alrededor del 10% año tras año. La Asociación de Ciencias Ambientales, en su informe Pobreza Energética en España publicado en abril, estima que 7.100 ciudadanos mueren al año como consecuencia de enfermedades agravadas por la falta de recursos para calentar la vivienda, utilizando la metodología de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además de los problemas económicos que afrontan muchas familias en España, la situación también se ha agravado por el encarecimiento que ha sufrido la factura de la electricidad y el gas en un 73% y un 67%, respectivamente, entre 2008 y 2014. Desde las eléctricas apuntan que el 35% de lo que pagan los ciudadanos es el coste que tiene el servicio, un 13% es su distribución y transporte y alrededor de un 52% serían costes de regulación e impuestos. “Siempre hemos dicho que la tarifa no tiene que aumentar con impuestos y, de hecho, estas subidas no nos han beneficiado a nosotros”, comenta Guillermo Errea, director de la oficina de prensa de Endesa.

El encarecimiento que ha sufrido la factura de la electricidad y el gas en un 73% y un 67%, respectivamente, entre 2008 y 2014

El director del centro de investigación Economics for Energy, Pedro Linares, apunta que “la factura energética hay que calcularla bien, algo que no se está haciendo ahora. Tenemos que pagar lo que cuesta la energía, sin pagar más, pero tampoco menos, porque entonces no trasladamos bien la señal de ahorro. Por supuesto, no nos referimos a la gente en dificultades, sino en general”. Además de señalar que “no es bueno abaratar la factura artificialmente, como pasó hace unos años. Puede significar que caigamos en déficit de tarifa, algo que todavía pagamos los consumidores y no las empresas”, explica el catedrático de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia de Comillas.

LA SOLUCIÓN, EL BONO SOCIAL

Iberdrola y Endesa facilitan datos de los cortes de suministro que hacen al año, algo que no proporciona Gas Natural Fenosa. Entre las tres compañías concentran el 89% del mercado de luz y gas en España, según el estudio Fintonic 2015 Energía. En 2015 las dos primeras empresas señalaron que llevaron a cabo 506.481 cortes de suministro, aunque en el 75% de los casos se reestableció en menos de una semana.

El economista Isidoro Tapia, que formó parte de la Secretaría de Estado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, cifra las pérdidas por los impagos de los consumidores a las eléctricas en alrededor de 45 millones de euros, algo que supone un 1% de los beneficios anuales de las compañías. “Aunque es una cantidad pequeña, los casos más graves de pobreza energética conllevan un problema de reputación para las eléctricas como los desahucios lo fueron para los bancos”, matiza Tapia.

Endesa plantea que el bono social se destine a financiar el coste de las interrupciones de la luz y el gas, es decir, se pasaría a un gasto de 200 millones por uno de 45 millones

La solución que las administraciones públicas han planteado para intentar paliar estas situaciones de vulnerabilidad es el bono social aprobado en 2009. Una medida que cubre el 25% de la factura para las familias numerosas, los hogares con todos sus miembros en paro, los jubilados que perciben las pensión mínima y a todas aquellas viviendas con una potencia contratada inferior a 3kW, siempre que sea primera vivienda, gracias hasta ahora a la financiación de las grandes eléctricas que aportaban unos 200 millones de euros. Hasta ahora, porque el 26 de octubre el Tribunal Supremo anuló el sistema de financiación, una decisión que el Gobierno acaba de recurrir.

El nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, planteó en sede parlamentaria esta misma semana que el nuevo sistema esté respaldado por todas las comercializadoras por pequeñas que sean. Esto ha sido un gran caballo de batalla de las grandes empresas y aunque todavía no se han posicionado ante el planteamiento de Nadal, todo parece que no darán su brazo a torcer con facilidad. “No tenemos una posición consensuada todavía, pero siempre hemos dicho que se deben tener en cuenta los criterios de renta y no discriminarnos para que abonemos sólo nosotros el servicio”, explica Errea desde Endesa.

La compañía que preside Borja Prado plantea que el bono social se destine a financiar el coste de las interrupciones de la luz y el gas, es decir, se pasaría a un gasto de 200 millones por otro de 45 millones. La eléctrica siempre se ha distinguido por su oposición al sistema de financiación actual y cifró en 800.000 beneficiarios que recibían la compensación económica “sin necesitarlo”. Isidoro Tapia comparte el análisis: el 25% de la factura es insuficiente para los casos más sangrantes, pero se debería acotar a criterios de renta. La patata caliente está ahora en el tejado de Álvaro Nadal, el hermano gemelo del responsable del sistema de financiación que ahora está en los tribunales, Alberto Nadal. Todo queda en casa. Como la factura de la luz.