La intervención urgente del Popular salvó más de 5.000 millones de depósitos de particulares

Es decir, se hubieran expuesto a sufrir quitas si las condiciones del ‘bail-in’ (recapitalización interna) hubieran sido mucho más duras. Por su parte, las PYMEs contaban con 8.280 millones en depósitos de Popular, de los que el 57% superaba los 100.000 euros. De los 60.347 millones totales que aún conservaba en depósitos el pasado lunes, el 58% -35.410 millones- estaba cubierto por el FGD al no superar los 100.000 euros, en tanto que los 25.000 millones restantes estaban expuestos a registrar pérdidas al superar el umbral establecido para quedar al cobijo del Fondo.

"Hubo una salida de de fondos suficiente para generar un problema", aseguran fuentes del FROB. En los últimos tres meses, los depositantes de la entidad retiraron, aproximadamente, 16.998 millones de euros en depósitos, un cifra que representa el 22% la entidad. Teniendo en cuenta que Banco Popular presentó en el primer trimestre de 2017 un total de 77.345 millones de euros en depósitos. No obstante, desde el organismo señalan que ambas cifras no son, totalmente, comparables.

“El interés público era evitar la quiebra de Popular y, como no había soluciones privadas, tuvimos que intervenir los organismos de solución”, describen desde el organismo encargado de ejecutar la orden de la Junta Única de Resolución. Según informan fuentes del FROB, el sábado 3 de junio, tres días antes de la venta a Popular, decidieron activarse los mecanismos europeos y españoles, para dar una solución rápida al problema de la entidad. “La decisión elegida fue la venta total del negocio”, señala el organismo que destaca la urgencia con la que se realizó “esta operación sin precedentes”.

“Lo habitual habría sido realizar esta operación en un fin de semana, pero la urgencia de la situación provocó que se realizara en una noche”, indica el FROB. Además de estos datos, desde el FROB se señala que “un experto independiente aseguró que Popular tendrían un valor negativo que rondaba los 2.200 millones de euros”.

La situación el martes 6 de junio “era lo suficientemente grave como para tener dudas de que el miércoles el Popular pudiera hacer frente a sus pagos al abrir sus sucursales”, destaca el organismo. Por ello, en “un proceso competitivo de urgencia” el vencedor de la puja fue Santander “por el precio y por asegurar la viabilidad de los clientes de Popular”, indicó. Desde el FROB indican que existieron otras entidades que se presentaron a la subasta de Banco Popular, pero no precisa los nombres.

UNA ESCALADA DE MIEDO

Los clientes de Popular vieron cómo su banco tenía una gran presencia en los medios y no con buenas noticias. El 3 de abril, la entidad que presidía Emilio Saracho informaba a la CNMV sobre la revisión de sus resultados anuales de 2016, donde el banco debía descontar hasta 630 millones en los resultados del próximo semestre. Una semana después, Banco Popular celebra su última junta de accionistas y Saracho anuncia dos soluciones para esta crisis: "Ampliación de capital o venta". Tras estas palabras, el consejero delegado de la entidad, Pedro Larena, anunció su marcha.

En un mes, la acción de Popular perdía un 30% de su valor y la caída en el mercado no se frenaba. Los 137 millones de euros de pérdidas en el primer trimestre de este año añadían gasolina al incendio del entidad y los principales accionistas de la entidad como BlackRock y Credit Mutuel comenzaban a retirar sus posiciones. Uno de los golpes definitivos se lo asestó la alemana Elke Koenig, directora de la Junta Única de Resolución (SRB, por sus siglas en inglés), cuando aludió el banco español en una entrevista concedida el pasado 23 de mayo a Bloomberg TV: "Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando".

Los rumores de venta se dispararon y la acción se desplomó. Desde las palabras de la representante del SRB, Popular perdió un 50% de su valor en bolsa y la debacle provocó que la entidad perdiera 1.500 millones de euros de capitalización, que menguó hasta los 1.330 millones de euros y alcanzando un valor de 1.400 millones de euros. Los accionistas se llevaban las manos a la cabeza y los clientes la mano al bolsillo. Entre tanto, el presidente de la entidad, Emilio Saracho, y su consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, tenían previsto ese martes reunirse con los representantes del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort para analizar la situación y buscar una solución que tranquilizara a accionistas y clientes. Un encuentro que nunca se llegó a producir.