La guerra del taxi continúa abierta: ¿hay una burbuja especulativa en el sector de los VTC?

El ministro Íñigo de la Serna, en una reunión mantenida este martes con las autonomías y ayuntamientos para tratar el conflicto sectorial entre el taxi y empresas como Uber y Cabify, se comprometió a elaborar una normativa que garantice que la compañía que logre una licencia VTC la emplee para prestar el servicio y no para especular con su comercialización.

Una decisión que Unauto, la patronal que agrupa a estas empresas ha criticado por ser un intento “de limitar aún más la actividad de estas plataformas tecnológicas”. Pero, ¿existe realmente una burbuja especulativa en torno a las empresas de vehículos de alquiler con conductor o “el Gobierno ha cedido ante la presión del taxi”, tal y como denuncian Uber y Cabify?

SE PREVEEN HASTA 10.000 LICENCIAS VTC MÁS EN EL PAÍS

Actualmente en España existen 64.827 licencias de taxi y 5.737 de VTC

Actualmente en España existen 64.827 licencias de taxi y 5.737 de VTC, según datos de Fomento a 1 de junio de este año. Es decir, 1 licencias VTC por cada 11 de taxi y un 165,6% más de las 2.160 que le correspondería en función de la legislación, que establece la concesión de una autorización de VTC por cada treinta que se otorgan al taxi.

Si bien las licencias de alquiler de vehículos con conductor han existido siempre (limusinas, chóferes…), la irrupción de plataformas intermediarias como Uber y Cabify ha superado todas las expectativas y previsiones del conservador sector del taxi, que acusa a estos servicios de incumplir la normativa y de incurrir en competencia desleal.

Lo cierto es que la normativa que regula los VTC es compleja y no parece que aliente a resolver el conflicto, sino todo lo contrario. El problema viene de lejos, concretamente cuando José Luis Rodríguez Zapatero liberalizó el sector del alquiler de vehículos con conductor y suprimió la norma que otorgaba una autorización a empresas VTC por cada 30 licencias de taxi. No obstante, en 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a modificar la ley e implantó de nuevo la normativa 1/30. Sin embargo, "el restablecimiento no se hizo conforme a derecho y por ello los particulares siguieron pidiendo licencias de VTC hasta el 22 de Noviembre de 2015", aclara Ignacio Palomar, del despacho de abogados Servilegal, especializados en transporte.

Ese vacío legal entre 2009 y 2015 es el que aprovecharon las empresas VTC para reclamar a los tribunales miles de licencias que están concediéndose en la actualidad. Y, aunque las autonomías no conceden más de estos permisos, el Tribunal Superior de Justicia falla a favor de estas demandas y hace que el número de VTC no pare de crecer. Tanto es así que los ayuntamientos calculan que puedan llegar 10.000 nuevas en los próximos dos años.

Los taxistas denuncian que determinadas empresas adquieren licencias por 32 euros y luego las traspasan hasta por 65.000

EL NEGOCIO DE LOS TRASPASOS

Los taxistas ya han pedido al Ministerio de Fomento que retire en torno a 2.700 de estas autorizaciones que ya han visto la luz. No obstante, Palomar señala que el Ministerio de Fomento no tiene competencias para ello y menos aún cuando son fruto de un fallo judicial.

Y a partir de aquí es donde entra en juego “la burbuja especulativa” a la que se refería Fomento esta semana. El sector del taxi denuncia que determinadas personas físicas o jurídicas se amparan en este vacío legal para recurrir al Supremo la denegación de una licencia VTC, que generalmente da la razón al usuario y obliga a la administración a otorgar la licencia por el pago de una tasa administrativa de 38 euros. Después, estas licencias se traspasan por precios que oscilan entre los 40.000 y los 65.000 euros. “Un beneficio que no va a las arcas públicas, debido a un error administrativo que no se corrigió a tiempo y que muchos particulares supieron aprovechar. Esto hace que la administración tenga una difícil posición, pues la forma de legislar es la que ha permitido la explosión en la concesión de las miles de licencias VTC adicionales, dejando en absoluto desamparo a unas 100.000 familias que viven del taxi en nuestro país", advierte el abogado experto en derecho del transporte, Ignacio Palomar. Y es que por muy polémico o ‘ilegal’ que parezca, la cesión de estas concesiones públicas está permitida en la actualidad.

Por si fuera poco, los taxistas reprochan que las diferencias entre un servicio y otro son más que evidentes y perjudiciales para su colectivo, sobre todo respecto a los precios del taxi y VTC, las horas de trabajo establecidas, la inversión en la licencia o los impuestos.

LOS VTC SÍ PAGAN IMPUESTOS... Y MÁS QUE EL TAXI

No obstante, es precisamente en los impuestos que pagan ambos servicios donde Palomar incide. “El taxi paga un máximo de 3.000 euros al año en impuestos, ya que disfruta de una tributación por Módulos, un régimen muy beneficioso fiscalmente. Mientras, los VTC se acogen al IRPF o al Impuesto de Sociedades, cuyas cuantías superan con mucho el límite de los 3.000 euros del taxi”, explica.

En este sentido, el experto matiza las críticas surgidas al respecto de que Uber, por ejemplo, lleve sus ingresos fuera de España. “Hay que tener en cuenta que Uber y Cabify no son titulares de licencias VTC, sino meros intermediarios. Los VTC que circulan por las vías españolas sí pagan sus impuestos a través de IRPF o IS, lo que los taxistas critican es la fiscalidad de las multinacionales no de los tenedores de licencia”, puntualiza.

El colectivo de taxistas teme ya el repertorio de licencias VTC que está por llegar. “En un intento de paralizar su expansión”, según Unauto, han presentado este viernes ante la Fiscalía de Delitos Económicos una denuncia contra Cabify al considerar que esta firma cuenta con un entramado de veinte empresas y administradores que se benefician del traspaso de licencias. “No pedimos la prohibición absoluta de trasmitir las VTC, sino que se les obligue a explotar las autorizaciones a quien las solicitó, imponiendo límites temporales a la reventa como los dos años que tienen las de taxis en Madrid”, detalló el presidente de Fedetaxi, Míguel Ángel Leal.

El problema judicial subyacente es complejo. Ambos sectores cruzan acusaciones y, por el momento, no se atisba el fin del conflicto.