La financiación autonómica pone al PSOE al borde de otra guerra civil

El foco en este enfrentamiento, que amenaza con ir a más, lo puso este jueves Miquel Iceta, candidato del PSC a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, convocadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al aplicar el artículo 155 de la Constitución con el apoyo de Ciudadanos y, precisamente, del PSOE. “Los socialistas catalanes queremos participar de forma activa en el debate y la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico que debe acordarse en un futuro inmediato”, escribió este jueves en un artículo de opinión publicado en ‘El Mundo’.

El candidato catalán defiende la creación de una Hacienda federal que tenga capacidad para recaudar IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hasta ahora, la cesión es del 50% en el caso de los impuestos sobre la renta y el consumo, y del 58% en el resto. No obstante, es el Estado el que recauda en las comunidades del régimen común -excluyendo a País Vasco y Navarra por su foralidad- y reparte los recursos en forma de entregas a cuenta entre las comunidades en función del modelo de financiación autonómica, que cuenta con varios fondos que trasvasan las cantidades recaudadas para asegurar la cobertura de los servicios públicos básicos y con mecanismos de solidaridad intraterritorial.

La mayor cesión de impuestos chocaría con estas premisas. Como ocurre con País Vasco y Navarra, a no ser que se establecieran fondos para ello, se reduciría la solidaridad entre comunidades. Algo que perjudicará a las autonomías con menor renta per cápita, varias de ellas gobernadas por Ejecutivos socialistas como Extremadura o Andalucía.

Manuel Escudero, ‘mano derecha’ en economía de Pedro Sánchez, trató de evitar que se propague el incendio en el seno del PSOE: la propuesta “es razonable”, ya que a su juicio Iceta no habla de una Hacienda catalana, sino de un consorcio fiscal entre la Generalitat y el resto de España en línea con una mayor federalidad. De ello siempre ha hablado Sánchez, aunque sin concretar en términos fiscales que significa ser una España más federal.

Miquel Iceta ha generado malestar en regiones con gobiernos socialistas como Asturias, Andalucía o Extremadura. “No creemos en una hacienda vertebrada”, explican desde la Junta de Extremadura a ‘Bolsamanía’, al tiempo que defienden “una hacienda solidaria con recursos que tienen que ser aportados por los que más tienen para llegar a los que menos tienen”.

Cataluña aún supone el principal foco de interés en la política española. Sin embargo, el asunto de la reforma de la financiación autonómica lleva tratándose un año. Primero con una Comisión de Expertos formada por seis miembros escogidos por Moncloa y otros 15 por las comunidades del régimen común -Cataluña se negó a participar-. El ‘comité de sabios’ entregó en julio un informe a los ministros Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría que debe servir como ‘líneas rojas técnicas’ para la negociación política en el Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF).

La negociación cuenta con choques frontales entre varias autonomías de partida. Y las socialistas están metidas en todos ellos a uno y otro lado. La cesión de impuestos es uno de los principales conflictos, ya que Iceta no ha sido el primer socialista en abogar por esta premisa. Baleares, gobernada por la socialista Francina Armengol, defiende quedarse con el 100% del IRPF. Mientras que el Ejecutivo valenciano de Ximo Puig propone que se mantenga la cesión del 50% en el impuesto sobre la renta, pero se amplíe al 70% los tributos especiales y el IVA.

Para las comunidades con más renta per cápita puede ser beneficioso, pero hay que tener en cuenta que es el Estado quien es el dueño de los recursos

En esencia, casi todas las comunidades se quejan de estar infrafinanciadas. No obstante, pocas piden públicamente en los pasos previos a la negociación una mayor autonomía fiscal. “Para las comunidades con más renta per cápita puede ser beneficioso, pero hay que tener en cuenta que es el Estado quien es el dueño de los recursos”, arguye Elena Manzano, profesora de la Universidad de Extremadura y designada por esta región en la Comisión de Expertos.

¿MENOS SOLIDARIDAD?

No obstante, Madrid por ahora evita unirse a esta cruzada, lo que dificulta que las comunidades ‘más ricas’ hagan ‘lobby’ al negociar la nueva financiación. Cristina Cifuentes, presidenta madrileña, asegura que la región recibe 229 euros per cápita menos que la media nacional. “Estamos contentos con ser solidarios, pero que lo sean todos”, se limitan a afirmar en el Gobierno autonómico.

La Comunidad de Madrid es la más beneficiada en el informe que elaboraron los expertos, según cálculos de uno de ellos, Ángel de la Fuente. El investigador de Fedea y el CSIC, escogido por el Gobierno, estimó el impacto de las medidas acordadas en el reparto de recursos con los datos de 2015. Madrid aumentaría sus recursos un 8,5% o 1.219 millones hasta los 15.588 millones de euros.

La segunda región más beneficiada es la Comunidad Valenciana, con un 7,1% o 741 millones más, hasta los 11.139 millones. También salen favorecidas Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias. En total, las seis aumentan su financiación en 2.820 millones a costa del resto, entre las que sobresalen como las peor paradas Cantabria, Extremadura y La Rioja.

En este punto, para estas regiones será clave si se mantiene la cláusula de ‘statu quo’. Es decir, la premisa de que ninguna región perderá recursos en el nuevo modelo, lo que exigiría al Estado poner encima de la mesa en torno a 3.000 millones de euros. La propuesta del consenso de los ‘sabios’ es una eliminación gradual, aunque hay comunidades que no están por la labor. “Esta cláusula proviene de la asunción de competencias. Extremadura no está dispuesta a participar en una negociación en la que pierda ni un céntimo de los que tiene”, dicen desde la Junta presidida por Guillermo Fernández Vara. Todo lo contrario ocurre con el Ejecutivo también socialista de la Comunidad Valenciana, que presentó un documento en el que “se aboga por la supresión del ‘statu quo’, que ha sido una de las causas de la histórica discriminación de los valencianos en el reparto de recursos”.

A VUELTAS CON LA DEUDA

Otro punto caliente de la negociación será la deuda de las comunidades autónomas. Curiosamente, desde algunas de las regiones con más renta per cápita defienden la supresión del ‘statu quo’, aunque derive en menos solidaridad, pero quieren una quita o condonación de su deuda.

La mayor parte de este endeudamiento está en manos del Tesoro, que desde el 2012 ha financiado mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) las emisiones de las comunidades, que han tenido casi cerrado el acceso a los mercados de capitales. Según Moody’s, esto seguirá siendo así al menos hasta 2019, con las excepciones de Madrid, País Vasco y Castilla y León.

De esta forma, el Tesoro tiene más del 50% de la deuda autonómica y permite financiarse a regiones como Cataluña, con ‘bono basura’ para las agencias de ‘rating’, más barato que Estados Unidos con su máxima nota. Según un estudio publicado por Funcas y elaborado por Salvador Jiménez y Carmen López, los mecanismos de financiación del Estado dejan el coste medio de la deuda viva de las regiones en la mitad que la emitida por el Tesoro, con un 1,4% y un 2,6% respectivamente.

Estas ayudas no han sido suficientes para algunas regiones. La Comunidad Valenciana, que evita mencionar la palabra quita, pide “la condonación de deuda para todas las comunidades derivada de la insuficiencia global de recursos para financiar los servicios públicos fundamentales, así como la condonación de deuda en aquellas comunidades que, como la valenciana, han sufrido insuficiencias relativas respecto al resto”.

Iceta se ha sumado esta semana a esta petición. El candidato catalán lleva en su programa la negociación de “una quita de deuda” con el Estado. Una proposición que rechazan varias autonomías, desde la Madrid de la popular Cifuentes hasta los ejecutivos socialistas de Andalucía, Asturias y Extremadura. La palabra más repetida es que sería “injusto” con las comunidades que se apretaron el cinturón en tiempos de crisis.