La crisis catalana amenaza con obligar al Gobierno a nuevos recortes en 2018

El Gobierno de Mariano Rajoy será recordado por muchas cosas, ya que por ahora lidia con dos legislaturas que combinan crisis, recuperación posterior e inestabilidad política. Por ejemplo, muchos no se olvidan de los duros ajustes que llevó a cabo en 2012, al poco de tomar posesión, para controlar un déficit desbocado. Ahora, será el Ejecutivo que tiene que hacer frente -aunque con apoyo de PSOE y Ciudadanos- a la mayor crisis territorial de la democracia actual, para lo que ha utilizado por primera vez el artículo 155 de la Constitución con el fin de recuperar el control de Cataluña. Pero también podría tener que volver a meter la tijera en el gasto público y reforzar la asociación de su imagen a los recortes.

Este es un efecto de segundo orden, como suelen describir los economistas, cuya probabilidad aumenta en la medida en que sea mayor la desaceleración de la economía. El Gobierno tiene un compromiso adquirido con Bruselas de acabar 2017 con un déficit público del 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB), cuyo cumplimiento “está garantizado”, reza el texto remitido a la Comisión Europea. Para 2018, la meta es del 2,2%. Sin embargo, el Plan Presupuestario recoge una desviación de una décima en la proyección del diferencial entre gastos e ingresos de las administraciones públicas, hasta el 2,3% del PIB.

Según estas estimaciones, la administración central tendrá un déficit del 0,7%; la Seguridad Social, del 1,1%; las comunidades autónomas, del 0,4%; y los ayuntamientos del 0% con un posible superávit como arma para acercar el resultado al objetivo. “Es muy probable que acabe significativamente por debajo del 3% en 2018, pero es difícil que haya un cumplimiento con la meta pactada con Bruselas”, apunta Raymond Torres, director de coyuntura y estadística de Funcas, que para 2017 prevé que esté entre el 3,1% y el 3,2%.

Es muy probable que acabe significativamente por debajo del 3% en 2018, pero es difícil que haya un cumplimiento con la meta pactada con Bruselas

Al reducir el agujero de las cuentas públicas por debajo del 3% por primera vez en nueve años -en 2009 el déficit fue del 11,1% del PIB- desde que empezó la crisis económica, España saldrá del procedimiento de déficit excesivo, previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que implica que los estados incumplidores trabajan bajo la lupa de la Comisión Europea enviando sus planes con las medidas y políticas para corregir el desajuste. También se evita el riesgo de multa que estuvo muy vivo el año pasado tras el desvío de la meta inicial en 2015. La sanción es de hasta el 0,2% del PIB, lo que para la economía española equivale a más de 2.200 millones de euros.

Los expertos coinciden en que no está claro el impacto del incumplimiento, pero podría debilitar la posición negociadora de España en el futuro con Bruselas y dañar su reputación en los mercados en un momento de cambio de ciclo de la política monetaria si, como se prevé, hay una retirada gradual a partir de 2018 de los estímulos ultraexpansivos del Banco Central Europeo (BCE), que hasta ahora han mantenido a raya los rendimientos de la deuda pública.

RIESGO DE LA CRISIS CATALANA

Moncloa elaboró estas proyecciones bajo los supuestos de unos presupuestos prorrogados y un menor dinamismo de la economía por culpa de la crisis catalana. En el primer caso, señala que el Plan Presupuestario “está realizado con un escenario macroeconómico y fiscal para 2017 y 2018 a política constante, es decir, sin incorporar nuevas medidas de política económica”.

En segundo lugar, el Gobierno indica que “se trata de un escenario prudente” que tiene en cuenta “la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña”. Esta situación se ha dinamitado en las últimas semanas, después de varios años de radicalización de la Generalitat, primero con Artur Mas y después con Carles Puigdemont. El último episodio ha sido la aplicación del artículo 155 por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, mientras que este jueves habrá una sesión extraordinaria en el Parlament de Cataluña en la que podría haber una declaración universal de independencia (DUI).

Este proceso está teniendo ya un impacto en la actividad económica. Además de la fuga de depósitos, que la ministra Dolors Montserrat cuantificó en 4.000 millones de euros en un día, y el cambio de sede social a otras regiones por parte de más de 1.200 empresas por “inseguridad jurídica”, hay indicadores que apuntan a un daño al PIB, como las cancelaciones de reservas hoteleras, que Exceltur cuantifica en un coste de 1.200 millones de euros, o el descenso de pedidos de nuevos automóviles en un 30% durante las dos primeras semanas de octubre, según la patronal de concesionarios Faconauto. El economista David Veredas, de la consultora Vlerick Business School, estima un desvío de más de 6.000 millones de Cataluña a otras regiones.

Sin embargo, los expertos no esperan únicamente un trasvase de la capacidad productiva de una comunidad a otra. “Gran parte del impacto inicial ocurrirá en Cataluña, pero luego se trasladará al resto, aunque de forma limitada”, sostiene Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide. El Ejecutivo ha realizado una primera estimación de daños de más de 4.500 millones de euros. O, al menos, ha reducido su previsión de crecimiento del PIB del 3,1% al 3% este año y del 2,6% al 2,3% para el próximo. Las previsiones que prepara Funcas también están en línea con un impacto esperado de tres décimas en 2018 “bajo el escenario central de que se resuelva el conflicto pronto, lo que en términos económicos quiere decir que no haya ilegalidad”, matiza Raymond Torres.

La Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) alerta de que el deterioro del crecimiento podría ser mayor. El supervisor fiscal avaló las previsiones del Gobierno, aunque puso encima de la mesa cifras mucho más preocupantes por la tensión en Cataluña. A juicio del organismo presidido por José Luis Escrivá, “el shock de incertidumbre” tendrá un impacto de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB en 2018, a lo que se podría añadir un freno adicional al crecimiento catalán. Esto se traduce en una horquilla de entre 4.500 millones y 13.500 millones de euros. “Es la referencia más sólida sobre la situación, y lanza un mensaje de advertencia sobre el daño potencial”, opina Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas.

INCERTIDUMBRE SOBRE LOS INGRESOS

La economía española ha tenido déficits superiores a los acordados por el Gobierno y la Comisión Europea durante los últimos años -con la excepción de 2016-, aunque técnicamente no hubo incumplimiento al reajustarse estos objetivos. Estas metas se diseñan como una ratio de desajuste de ingresos y gastos frente al PIB, que actúa como denominador. Si éste disminuye, el numerador también tiene que hacerlo, o el resultado sube. La referencia en este caso es el crecimiento nominal, que el Gobierno ha revisado a la baja también en tres décimas hasta el 4% para 2018. Es decir, el PIB alcanzaría los 1,16 billones de euros.

La desorganización de la recaudación por los cambios de sede y la situación de Cataluña, o el freno al crecimiento de la actividad económica, podrían afectar a los ingresos público

Pero las sombras no sólo planean sobre el denominador. El numerador puede disminuir -o crecer menos de lo previsto- si la crisis catalana afecta a la recaudación. “La desorganización de la recaudación por los cambios de sede y la situación de Cataluña, o el freno al crecimiento de la actividad económica, podrían afectar a los ingresos públicos”, advierte Torres desde Funcas.

Además, Rafael Pampillón, profesor de IE Business School, recuerda que “una realidad de la economía española es que las revisiones siempre van por detrás, tanto cuando hay crecimiento como cuando se desacelera la economía. Antes las previsiones estaban entre el 2,5% y el 3% para 2018, pero veremos que se van situando entre el 2% y el 2,5%”. “Tendremos que vigilar si se debilitan los vientos de cola y el desarrollo del empleo, el consumo y las exportaciones”, añade Manuel Hidalgo.

¿QUÉ PRESUPUESTOS HABRÁ EN 2018?

Esta es una pregunta clave para la factibilidad -término que habitualmente usa la AIReF- de cumplir con el déficit, o acercarse, en 2018. “Aunque la prórroga no es lo aconsejable para la economía, pensando únicamente en el cumplimiento del déficit puede ayudar”, arguye Raymond Torres, aludiendo a una posición sobre la que hay consenso entre los economistas consultados por ‘Bolsamanía’.

De hecho, el Banco de España se pronunció en esta dirección en septiembre. “Facilitaría el cumplimiento”, dijo Pablo Hernández de Cos, director general del supervisor. “El gasto apenas crecerá mientras que habrá un segundo ejercicio de inflación más alta que en años anteriores”, indica Torres.

Aunque la prórroga no es lo aconsejable para la economía, pensando únicamente en el cumplimiento del déficit puede ayudar

En el mercado de los nuevos presupuestos, el Gobierno ofreció a los representantes de los funcionarios una subida salarial de hasta el 8% en tres años, ligada a la evolución del PIB. Pero esta revisión tendrá que esperar. Por otro lado, el Ejecutivo pactó una modificación del IRPF con Ciudadanos que recogía la exención para las personas que ganen hasta 14.000 euros y una rebaja para los que estén entre 14.001 y 17.500 euros. Otra medida que, sin presupuestos, se queda en el tintero. Igualmente, el PP acordó con PNV su apoyo para los presupuestos de 2018 a cambio de 5.000 millones de euros para la región entre un cálculo del cupo vasco más favorable e inversiones hasta 2021. “Todas estas revisiones previstas quizás ya no sean posibles”, expone Rafael Pampillón.

La Constitución establece que el proyecto de ley de los presupuestos de un ejercicio se debe presentar en el Congreso tres meses antes de que expiren los vigentes. Es decir, antes del 1 de octubre, algo que el Gobierno no ha hecho por segundo año consecutivo, aunque la ‘carta magna’ no prevé un procedimiento en caso de que no sea así. El año pasado fue por el periodo electoral, y en 2017 por la falta de apoyos en el Parlamento. “A pesar del aplazamiento de la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2018, la elaboración de los mismos se encuentra en fase muy avanzada, y es intención del Gobierno presentarlos tan pronto la situación lo permita”, le ha escrito el Gobierno a Bruselas. Aunque con Cataluña, la amenaza de retraso indefinido es más clara que la solución a la crisis.