Jubilarse un año más tarde sólo engorda la pensión hasta un 5%

Esta es una previsión de Álvaro Granado, responsable de la unidad de pensiones de KPMG Abogados. El experto sostiene que “ya hay empresas que se encuentran con que sus trabajadores no quieren jubilarse cuando llegan a la edad legal”, sino que optan por seguir acumulando ahorro y cotizaciones sociales para elevar la pensión. A partir de 2019, año de entrada en vigor del factor de sostenibilidad para la pensión inicial, cree que podría ocurrir que aumente progresivamente el número de trabajadores que se vean “obligados” a prolongar su etapa activa, en tanto en cuanto las pensiones de la Seguridad Social no sean suficientes para afrontar la etapa de pensionista.

Esta proyección supone un desafío para las empresas, al provocar un envejecimiento de sus plantillas -y más costes salariales-, y también es un reto para el mercado laboral, ya que se limita la oportunidad de acceso a puestos de trabajo en estas compañías a empleados más jóvenes. Granado explica que desde 2012 no es obligatorio jubilarse al llegar a la edad de jubilación legal, que se retrasará hasta los 67 años en 2027, mientras que antes dependía del convenio.

Desde los sindicatos descartan que esta sea aún una situación habitual, aunque consideran que sí puede serlo en el futuro. “No tenemos percepción de que esté aumentando en la actualidad. Pero sí podría suceder en el futuro ya muchas prestaciones quedarán por debajo del nivel de suficiencia”, avisa Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CCOO.

CCOO: "No tenemos percepción de que esté aumentando en la actualidad. Pero sí podría suceder en el futuro ya muchas prestaciones quedarán por debajo del nivel de suficiencia"

El objetivo del Gobierno pasa por aliviar la carga de la Seguridad Social, que el año que viene necesitará endeudarse por al menos otros 5.000 millones de euros para pagar las pensiones. Por ello, para los trabajadores con una vida laboral completa, el incentivo en alargar el periodo de trabajo consiste en un incremento del 5,4% en la pensión por cada año diferido, según estimaciones de la OCDE en el informe ‘Pensions at a Glance 2017’. El 'premio' se reduce si el periodo cotizado ha sido inferior.

El ‘club’ de los países desarrollados ha publicado un informe sobre perspectivas demográficas y de las pensiones en el que explica que España se queda por debajo del promedio con este incentivo, que está en el 7,7%. En Portugal roza el 14% y en Japón el 12%, mientras que en Estados Unidos e Italia está cerca del 8% y en Francia se acerca al 6%. Países del entorno como Alemania o Bélgica están por debajo de España.

El estudio explica que en la mayoría de estados miembro es posible compatibilizar el trabajo con la pensión al llegar a la edad de jubilación o, simplemente, no jubilarse. En este sentido, sólo siete países aplican restricciones a esta posibilidad. Entre ellos está España, donde la única vía de compatibilización es con una reducción de la pensión pública del 50% e ingresos como asalariado inferiores al salario mínimo interprofesional o la contratación de al menos un trabajador cuando es ocupado por cuenta propia. Por otro lado, estos trabajadores seguirían pagando cotizaciones del 8% como “una contribución de solidaridad”, según la define la OCDE, ya que no adquieren derechos sobre la pensión con esta aportación.

ALERTA DEMOGRÁFICA

El estudio también alerta a España de la presión demográfica sobre el actual sistema de reparto, basado en que los trabajadores actuales financian a los pensionistas con sus cotizaciones. “La población envejecida acelerará a un ritmo muy rápido en España, que será el segundo país con una mayor ratio de dependencia en 2050, después de Japón”, resume el apartado para España del informe de la OCDE.

La tasa de dependencia compara la población en edad de trabajar con el resto, aunque para las previsiones sobre el sistema de pensiones a menudo se tiene en cuenta únicamente la gente de más edad. Así, la OCDE pone como referencia el periodo entre los 20 y los 64 años y los que tienen al menos 65 años. Actualmente, por cada 30 personas de más de 64 años hay 100 entre los 20 y los 64. Es decir, una tasa de dependencia del 30%. Pero esta ratio se disparará hasta alcanzar el 76% en 2050, según el informe.

La población envejecida acelerará a un ritmo muy rápido en España, que será el segundo país con una mayor ratio de dependencia en 2050, después de Japón

Esto supondrá un desafío para el sistema de reparto. Aunque la reforma de 2013 va encaminada a una reducción del gasto por pensionista. Dicho de otra manera, a reducir la pensión en términos reales -descontando la inflación-. El índice de revalorización desvincula la actualización del IPC y la relaciona con la salud financiera del sistema, con un mínimo legal del 0,25% que según los expertos es al ritmo que se incrementará la pensión en las próximas décadas.

Por su parte, desde 2019 el factor de sostenibilidad reducirá paulatinamente la pensión inicial. En Finlandia, único ejemplo similar, el recorta será del 21% hasta 2060. Hay que tener en cuenta que durante los últimos años los recién jubilados son los que cobran una pensión más alta, lo que presiona al sistema junto a las consecuencias coyunturales de la crisis y las dinámicas estructurales de la pirámide demográfica. En noviembre, la pensión media de los pensionistas entre 60 y 64 años se situó en los 1.182 euros; entre los 65 y los 69 años, en 1.163 euros; y entre 70 y 74 años, en 1.033 euros. Son los tres únicos grupos con un promedio superior a 1.000 euros, frente a la media total de 926 euros.

UN PAÍS ‘GENEROSO’

Con estos ingredientes, la OCDE también realiza su propia estimación sobre la tasa de reemplazo, que compara la pensión con el último salario. Actualmente está en el 82% en España, muy por encima del 63% del conjunto de la organización, lo que consolida al país como uno de los más generosos -según la variable de referencia puede liderar el ranking-. Para los trabajadores de ingresos más altos y más bajos, las ratios son similares, con un 82% y un 79% respectivamente, mientras que en la OCDE es del 59% para los asalariados con mayor capacidad económica y del 73% para los que están en el rango inferior.

La OCDE señala que la maltrecha salud del mercado laboral, pese a la recuperación de los últimos dos años, supone un desafío para el sistema de pensiones. Especialmente señala a la tasa de temporalidad del 26% en 2016, el doble que el promedio de la organización, lo que “aumenta el riesgo de carreras (laborales) interrumpidas”. No obstante, señala que al tener derecho al 50% de la base reguladora -cuantía para calcular la pensión, basada en el periodo de cotizaciones- con 15 años cotizados hay una protección “generosa”.

A pesar del retraso paulatino de la edad legal para la jubilación desde los 65 hasta los 67 años, la edad efectiva a la que se están jubilando los españoles es de 62 años tanto en hombres como en mujeres, mientras que en el conjunto de la OCDE es de 65 años en el primer caso y de 64 en el segundo. Para 2027, cuando se implanten los 67 años como referencia, los trabajadores que hayan cotizado al menos 38,5 años podrán jubilarse a los 65, la cifra más habitual en la organización, aunque mucho más baja que los 71 proyectados en Países Bajos y en Italia y los 74 de Dinamarca.