Herencias envenenadas: impuestos, deudas y otros problemas al cobrarlas

En España, cuando una persona acepta una herencia acepta los bienes pero también las deudas, y en algunos casos estas últimas superan al valor de los bienes que se van a recibir

Para acceder a una herencia hay que pagar el llamado Impuesto de Sucesiones, que está transferido a las comunidades autónomas y que, por tanto, se aplica de forma distinta dependiendo de la región en la que se viva. Cada gobierno autonómico establece sus propias exenciones al traspaso de capital, y además hay diferentes tipos de herencias dependiendo del grado de consanguinidad entre el fallecido y el heredero. El problema, dicen los afectados, que en muchos casos se ven obligados a renunciar a su herencia, es que en algunas comunidades se paga hasta el 100% más que en otras, algo que consideran injusto.

No obstante, los notarios no creen que esa sea la causa principal de las renuncias. José Corral, notario y decano del Colegio Notarial, explica que es verdad que hay una diferencia “abismal” entre lo que se paga por heredar en unas comunidades y en otras, y que eso puede provocar renuncias, siendo entonces el Estado el que se queda con ello. Sin embargo, dice, “la causa fundamental de las renuncias es la crisis”. “Con la crisis, el problema es que mucha gente ha fallecido dejando una gran deuda, por lo que los herederos, ante el miedo de verse salpicados, prefieren no aceptarlas y acaban por renunciar a ellas”, afirma.

En España, cuando una persona acepta una herencia acepta los bienes pero también las deudas, y en algunos casos estas últimas superan al valor de los bienes que se van a recibir. Esto ocurre, sobre todo, en el caso de las viviendas, que en muchos casos están hipotecadas y la deuda que pesa sobre ellas es muy superior al valor de las mismas. Por ley, el heredero responde con todos sus bienes personales, y no sólo con lo que recibe, lo que explica que se hayan producido tantas renuncias en los últimos años.

RENUNCIAR AL LEGADO

Según datos del Consejo General del Notariado, en los primeros seis meses de 2016 (los últimos datos disponibles), los españoles renunciaron a un total de 18.043 herencias, frente a las 18.579 a las que habían renunciado en el mismo periodo del año anterior. En el año 2015 se renunció a un total de 37.647 herencias, un 240% más que ocho años atrás, en 2007, cuando las renuncias ascendieron a 11.048. Fueron aumentando paulatinamente con el paso de los años hasta tocar techo en 2015, a falta de conocer los datos finales del año 2016.

Las quejas de los ciudadanos se han producido por los impuestos que han de abonarse en comunidades como Andalucía, Asturias y Murcia, en donde se puede llegar a pagar hasta un 100% más que en otras como Madrid, donde el Impuesto de Sucesiones está bonificado al 99% entre cónyuges y entre padres e hijos. Es más, la presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha anunciado que entre sus planes está ampliar la bonificación entre hermanos y entre tíos y sobrinos, aunque no alcanzará el porcentaje anterior. Precisamente este tema ha provocado un tenso enfrentamiento en los últimos días entre Cifuentes y la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, que ha llegado a pedir que el nuevo modelo de financiación ponga “un tope máximo y un tope mínimo” en los impuestos cedidos a las autonomías.

En 2015 fueron los catalanes los que renunciaron al mayor número de herencias, concretamente a 7.825

El notario José Corral reconoce que regular este tipo de impuestos puede ser una solución. “Gobierno y partidos han presentado diferentes propuestas para lograr una mayor armonización fiscal para que las diferencias no sean tan abismales”, dice. Y en la misma línea se expresa Esaú Alarcón, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat Abat Oliba CEU. “El problema es la falta de armonización fiscal”, asegura este experto, que cree que el Estado, aunque haya cedido competencias sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las comunidades autónomas, tendría que hacer algo al respecto para acabar con las desigualdades. Asimismo, remarca que los casos de renuncia ante la imposibilidad de poder hacer frente a los impuestos no son demasiado comunes.

Tal y como reflejan los datos del Consejo General del Notariado, en 2015 fueron los catalanes los que renunciaron al mayor número de herencias, concretamente a 7.825. Los andaluces (datos que incluyen Ceuta y Melilla), renunciaron a 6.837, mientras que 1.630 asturianos decidieron no acceder a su herencia. En Murcia, fueron 963 las personas que hicieron lo propio, mientras que ese año en Madrid las renuncias ascendieron a 4.121. Y si miramos los datos del primer semestre de 2016, la tendencia es similar. Cataluña sigue en el primer lugar en cuanto a número de renuncias (3.662), seguida de Andalucía (3.260), Madrid (1.980) y Comunidad Valenciana (1.765).

En 2015, los notarios tramitaron un total de 419.939 herencias, y en el primer semestre de 2016 la cifra ya ascendía a 196.191. Cataluña es la comunidad autónoma en donde más herencias se tramitaron (77.723) en 2015, seguida de Andalucía (53.081), Madrid (45.168) y Valencia (40.381).

LA ALTERNATIVA A LA RENUNCIA

Corral señala que cuando fallece una persona hay tres cosas que el heredero puede hacer: aceptar la herencia, bienes y deudas; rechazarla, aunque avisa de que una vez que se renuncia a ello, algo que debe hacerse ante notario, la decisión es irrevocable; o usar un nuevo modelo que supone aceptarla a beneficio de inventario.

“Todavía no es un método muy conocido, dado que se introdujo en las notarías hace dos años. Antes sólo se podía hacer por vía judicial”, explica este notario. Con la aceptación de una herencia a beneficio de inventario se evita la confusión de los patrimonios del fallecido y del heredero, de manera que este último sólo responderá de las deudas de la herencia con los bienes que por ella reciba. Así, los bienes particulares del heredero no quedan afectados ni comprometidos por las deudas del fallecido, explica el Consejo General del Notariado, que insiste en la importancia de testar en vida.

Según sus datos, en 2015 (el último registro disponible) se hicieron 635.646 testamentos en toda España. Y en el primer semestre de 2016 se habían firmado ya 297.007. Parece que los ciudadanos han tomado conciencia ya que en 2007 se firmaron 589.543, aunque el pico más bajo de los últimos años se registró en 2009, cuando los notarios registraron 567.638 testamentos. Sobre los datos de los primeros seis meses de 2016, Andalucía (52.642), Cataluña (51.646), Madrid (33.939) y Comunidad Valenciana (33.660) son las comunidades donde más testamentos se firmaron.

Con la aceptación de una herencia a beneficio de inventario se evita la confusión de los patrimonios del fallecido y del heredero

A este respecto, José Corral explica que incluso en los años en los que la crisis era más acuciante los testamentos apenas se vieron afectados. “El testamento es inmune a la crisis, porque hay conciencia de testar entre los españoles”, indica. Además, afirma que hacer un testamento ante notario tiene un “coste reducido”, que no suele superar los 40 euros, lo que ayuda a que la gente no se lo piense tanto a la hora de dejar por escrito su voluntad.

CAZAHERENCIAS

Sin embargo, también pueden darse casos en los que el fallecido no tiene ningún heredero al que dejar su patrimonio, y es ahí donde entra en juego la figura del denominado 'cazaherencias', del que últimamente se ha hablado mucho en diversos programas de televisión. Por ejemplo Cuatro televisaba hace unos días un especial sobre este tema, en el que se hablaba de estos expertos en buscar herencias sin herederos y se contaba cómo trabajan para lograr un pellizco de esos legados sin dueño.

Cada año en España quedan unas 1.000 herencias sin reclamar. Algunos abogados se dedican a buscar a posibles herederos que desconozcan que lo son y ofrecerles la información a cambio de una comisión, algo que es legal. Asimismo, estos 'cazaherencias' también se dedican a avisar al Estado sobre las personas que han fallecido sin dejar herederos. Si se comprueba que es así y estos bienes acaban en las arcas públicas, quien da el aviso tiene derecho a una compensación que asciende al 10% de los bienes 'recuperados'.