La subida sería de unos 10 euros al mes a pagar entre empresas y trabajadores
El Gobierno ha planteado a los agentes sociales subir las cotizaciones que pagan los trabajadores y empresas a la Seguridad Social para llenar la denominada 'hucha de las pensiones'.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, fue el encargado de comunicar a los agentes sociales esta iniciativa, en el marco de las conversaciones para establecer el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). El Ejecutivo quiere alcanzar un acuerdo en dos semanas.
La propuesta del Gobierno supone aumentar las cotizaciones un 0,5% durante 10 años y dividir esta subida entre el trabajador y la empresa. Así, la subida para un salario medio será de unos diez euros, que serían pagados a medias entre los asalariados y las empresas.
El objetivo sería disponer de un Fondo de Reserva para hacer frente al previsto aumento del gasto por la jubilación, a partir de 2030, de la llamada generación 'baby boomer'. En esa fecha, las previsiones anticipan que el sistema se verá tensionado para hacer frente al incremento del gasto en pensiones.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerró 2020 con 2.138 millones de euros. En 2011, llegó a alcanzar una cuantía de 66.815 millones de euros. El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) estará operativo a partir de 2027, y está diseñado para preservar el equilibrio del sistema a largo plazo y la equidad entre las distintas generaciones de pensionistas.
Además, el ministro Escrivá ha propuesto hacer revisiones trienales del sistema para ajustar el esfuerzo de cotización en función de las previsiones. Si el gasto previsto es inferior al que financiará la nueva cotización finalista, podrá bajarse la aportación tras negociarse con los agentes sociales.
Si es superior, se podrá recurrir a la hucha de las pensiones para el pago de prestaciones contributivas con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. En el caso de que la desviación de gasto sea superior a ese 0,2%, el Gobierno estará autorizado a estudiar medidas que "minoren el gasto en pensiones", dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo.