Tiene como objetivo ""aumentar su competitividad" o "facilitar" la financiación empresarial
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes cuatro Reales Decretos para desarrollar la nueva Ley del Mercado de Valores, que tiene como objetivo adaptar la legislación española a distintas directivas europeas en el ámbito financiero, así como mejorar la gobernanza e independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta normativa aprobada permite completar las reformas de los mercados de valores para “aumentar su competitividad, facilitar la financiación empresarial y reforzar la protección de los inversores”.
Así, el gobierno ha aprobado Real Decreto sobre instrumentos financieros, admisión a negociación, registro de valores negociables e infraestructuras de mercado, que recopila en un solo texto la legislación recogida anteriormente en cuatro normas. Además, se simplifican algunos procedimientos y se eliminan cargas para "facilitar la atracción de inversiones".
Además, se ha acordado el Real Decreto de desarrollo de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que completa las reformas establecidas en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley Crea y Crece para “impulsar el capital riesgo y la inversión colectiva” así como para la financiación empresarial alternativa a la bancaria.
Asimismo, el Real Decreto sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de Inversión desarrolla un sistema de supervisión prudencial adaptado a estas empresas, recogiendo el marco en el que las empresas de asesoramiento financiero nacional podrán seguir prestando servicios sin pasaporte con requisitos financieros específicos.
Finalmente, el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión en relación con los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cooperación con otras autoridades y la supervisión de empresas de servicios de inversión, tiene como misión “regular la actuación de la CNMV” respecto a los los registros oficiales, el intercambio de información y la aplicación de la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión.