Gobierno y agentes sociales firman el primer acuerdo de reforma de pensiones desde 2011
Se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC para no perder poder adquisitivo
El Gobierno y los agentes sociales han ratificado este jueves el acuerdo para reformar el sistema de pensiones en el Palacio de la Moncloa. El acuerdo que garantizará la revalorización de las pensiones conforme el IPC medio del año anterior para garantizar que los pensionistas no tengan pérdidas de poder adquisitivo.
El texto lo han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, así como el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Sin embargo, no ha asistido el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, por motivos de agenda. En su lugar, en representación de Cepyme, ha ido Santiago Aparicio, uno de sus vicepresidentes.
Durante la firma, Sánchez ha defendido que la reforma del sistema de pensiones tiene como objetivo "garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad financiera del sistema ante el gran desafío que supone la generación baby boom" y ha destacado que las medidas son muy trascendentes socialmente. "Hoy celebramos dos cosas: seguimos siendo capaces de llegar a acuerdos durante la pandemia y que el estado del bienestar es lo que debemos reforzar", ha añadido.
El presidente del Gobierno ha destacado que se trata de un acuerdo "trascendental" y con el que se da "un paso crucial". "Comenzamos a saldar una de las principales reivindicaciones y demandas, y también uno de los principales compromisos que tiene el Gobierno, que es la revalorización de las pensiones conforme al IPC para que los pensionistas no puedan volver a perder ese poder adquisitivo", ha afirmado.
Sánchez ha celebrado que este es el primer acuerdo consensuado en materia de pensiones que se realiza en España desde 2011. Sin embargo, ha insistido en que no significa "mirar hacia atrás, sino hacia el futuro, porque se da respuesta a muchas de las inquietudes de los pensionistas de hoy, pero sobre todo de los de mañana".
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El acto ha tenido lugar después de que el pasado lunes el Gobierno y los interlocutores sociales alcanzaran un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.
Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013. Por un lado, el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y por otro, el llamado factor de sostenibilidad.
El texto se va a aprobar como anteproyecto de Ley el próximo martes en Consejo de Ministros. Además, la semana que viene está previsto que comparezca Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo para informar del acuerdo.
La reforma garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
Además, en el texto se recoge que los interlocutores sociales tendrán hasta el 15 de noviembre de este año para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad actual por un factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en la Ley posteriormente a través de una enmienda.
Con el acuerdo se dan cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Como novedad, se establece también que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación.
Fuentes de Seguridad Social han indicado que solamente habrá periodos transitorios de aplicación de los coeficientes reductores en el caso de las pensiones máximas, ya que en el resto de los casos entrarán en vigor con la norma. En un comunicado, Seguridad Social ha señalado que, en la mayoría de los casos, los coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral.
Asimismo, a las personas que accedan a la jubilación por causa no imputable al trabajador se les aplicarán los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria, en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.
La eliminación de los aspectos regresivos del sistema, por la que se eliminará gradualmente la regulación para personas con ingresos superiores a la pensión máxima se hará de forma progresiva durante un plazo de 10 años a partir del 1 de enero de 2024.
Por otro lado, en el caso de la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales y, en los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria se pasarán a aplicar en determinación de la pensión de jubilación anticipada voluntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora.
Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán más detalles de la peligrosidad y penosidad.
INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN DEMORADA
También se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.
En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a esta al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses. Asimismo, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.
La reforma iguala además los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, al tiempo que refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.
Por último, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.
