El incremento interanual se sitúa en el 4,5% en términos homogéneos, según datos del Ministerio
La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social asciende a 10.887 millones de euros en octubre, lo que supone un incremento interanual del 4,5% en términos homogéneos, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con esto, el gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 11,8% del Producto Interior Bruto (PIB).
Supone un porcentaje inferior al de 2021, cuando el gasto se colocó en el 12,1% del PIB, y también por debajo del de 2020, un ejercicio condicionado por el impacto de la pandemia, cuando se situó en el 12,4% del PIB.
Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de octubre ha ido a pensiones de jubilación, el 72,5%, es decir, 7.890,2 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 1.836 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 982 millones, la de orfandad, a 149,8 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, a 28,5 millones.
De las 9.959.123 pensiones contributivas abonadas, un 0,8% más que en el mismo mes de 2021, 6.272.545 son de jubilación, 2.351.962 de viudedad, 948.917 de incapacidad permanente, 341.194 de orfandad y 44.505 en favor de familiares.
El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 0,79%, por debajo de la tasa del 1,1% de un año antes.
Por su parte, el número de pensionistas es de 9.022.989 a 1 de octubre. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,4 millones mujeres.
La proporción de pensiones por pensionista es de 1,1 prestaciones por persona. La pensión principal es la de jubilación para 6,2 millones de personas, y la de viudedad lo es para 1,6 millones. Les siguen los perceptores de incapacidad permanente (943.539), orfandad (323.925) y favor de familiares (43.766).
La pensión media del sistema asciende en octubre a 1.093,13 euros mensuales. Esta cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), se ha incrementado en el último año un 5,4% (un 3,7% en términos homogéneos).
La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, es de 1.257,9 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.405,9 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 837,3 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.451,4 euros y es de 1.396,0 euros en el Régimen del Mar.
La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de septiembre de 2022 a 1.435,7 euros mensuales.
Por su parte, la pensión media de viudedad en vigor en octubre es de 780,6 euros al mes.
En cuanto a los complementos de brecha de género, con fecha 1 de octubre, 341.470 pensiones lo han percibido, de las que un 93% son mujeres (317.453). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 61,4 euros. De las 341.470 pensiones complementadas, el 21,5% corresponde a pensionistas con un hijo (73.403), que anteriormente no tenían acceso con el complemento de maternidad. Además, el 47,2% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (161.341); el 20%, con tres (68.379) y con cuatro hijos, el 11,2% (38.347).
Según recuerda el Ministerio, este complemento de brecha, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2022, de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.
Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.328,8 millones de euros en el mes de septiembre de 2022, último dato disponible. El número de pensiones en vigor ascendió a 685.478, 11.468 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (1,7% de variación anual).
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.