Las gasolineras están "al borde del cierre": no han cobrado la bonificación de 20 céntimos

Acusan al Gobierno de provocar "asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica"

Virginia Mora
Bolsamania | 12 may, 2022 09:27 - Actualizado: 14:37
ep un hombre reposta gasolina en una gasolinera de barcelona
Un hombre reposta gasolina en una gasolinera de BarcelonaDavid Zorrakino - Europa Press

Muchas gasolineras españolas están "al borde del cierre". Así lo aseguran las patronales de las estaciones de servicio AEVECAR y CEEES, que denuncian que más de la mitad de estos establecimientos aún no han cobrado las cantidades comprometidas por el Gobierno para cumplir con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante aprobada. Es dinero que han tenido que adelantar y que todavía no han recibido, lo que les deja en una complicada situación.

"La mala ejecución de una medida bienintencionada ha creado una situación de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica" entre las estaciones de servicio, afirman las patronales en una nota, en la que denuncian la elevada "incertidumbre" sobre el pago por parte de la Agencia Tributaria de estas ayudas. La bonificación entró en vigor el pasado 1 de abril, y más de un mes después muchas estaciones de servicio siguen sin haber cobrado el dinero prometido.

Como dicen la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), "en estos momentos del mes de mayo, no hay respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre cuándo se van a poder cobrar las cantidades adelantadas por los empresarios del sector, lo que está causando graves perjuicios a las empresas, sea cual sea su tamaño, pero con especial incidencia en las pequeñas, que están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente".

Las patronales de las gasolineras hablan, además, de "falta de sensibilidad de la Administración", ya que "no ha sido capaz de dar ninguna respuesta escrita a las solicitudes del sector en nuestras diferentes reuniones con los interlocutores designados por el Ministerio de Hacienda". Por eso creen que la Administración "desconoce cuál es el verdadero alcance de la medida".

Las estaciones de servicio dicen compartir el "fondo" de la misma "por ser beneficiosa para los consumidores", pero indican que "está resultando muy perjudicial para las gasolineras por su mal diseño y peor ejecución".

En este sentido, remarcan que "la falta de desarrollo del Real Decreto-ley 6/2022 provoca que en cada comunidad autónoma se actúe de manera diferente, que las facturas de cada repostaje puede que no se ajusten a los requerimientos de Hacienda en cuanto a la aplicación de los impuestos y pueda haber sanciones a posteriori, que se estén exigiendo albaranes de venta en algunas regiones para pagar los anticipos y que, en definitiva, se haya creado una situación que puede definirse como de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica".

Tanto AEVECAR como CEEES critican las declaraciones de algunos miembros del Gobierno que acusan a los operadores de estar subiendo los precios de manera artificial para quedarse con los 20 céntimos de subvención. "Estas manifestaciones crean una situación de malestar y proyectan la sombra de la sospecha sobre todo un colectivo que actúa como colaborador obligatorio de la Administración" en aplicación de esta medida, defienden.

Por eso exigen "respeto para los empresarios de un sector que se han visto obligados a pedir créditos para poder adelantar la bonificación, hacer frente a gastos informáticos para adecuar la emisión de las facturas y asumir los gastos de personal extra necesario para cubrir la demanda creada".

También recuerdan que las estaciones de servicio, grandes y pequeñas, "realizan a diario un enorme esfuerzo y sacrificio para que los consumidores puedan beneficiarse de la bonificación de los 20 céntimos", aún "a costa de poner en riesgo la supervivencia de sus negocios". E insisten en que la actitud y las declaraciones de algunos altos representantes de la Administración "causan un daño muy grave a un sector estratégico para la economía española".

Tras conocerse esta queja del sector, el Gobierno se ha comprometido a agilizar la devolución de los descuentos. Ha sido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha asegurado que "entiende" la "incertidumbre" que puedan sufrir algunas y ha garantizado que "este Gobierno va a pagar".

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