El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que está trabajando en una orden ministerial para identificar los sectores que pueden prorrogar la moratoria del pago de las cotizaciones, hecho que simplificaría el procedimiento administrativo de la Seguridad Social. Escrivá espera que esté lista para aplicarse en el mes de mayo.
Así lo ha afirmado durante la presentación telemática de la revista 'España 2019. Un balance' del Colegio de Economistas de Madrid, donde ha señalado también que, a día de hoy, un total de 800.000 autónomos ya han solicitado la nueva prestación por cese de actividad. "Vamos sumando", ha remarcado.
El ministro ha apuntado que se está produciendo una estabilización en el nivel de afiliación en abril y que el grueso de pérdidas de afiliados se produjo en los primeros días tras decretarse el estado de alarma.
Preguntado sobre cómo puede afectar la crisis del coronavirus al déficit de la Seguridad Social, el titular del Ministerio ha dejado claro que las cifras de estimación están sometidas a "un nivel de incertidumbre" y es "enormemente condicional a la duración de la situación". "No hay certidumbre como para poder definirla", ha resaltado.
Escrivá ha apuntado que el Gobierno se reunirá mañana con agentes sociales para tratar la vuelta a la actividad, ya que, según ha señalado, este retorno se va a hacer con niveles de protección e higiene superiores a los que había antes. "Tenemos que ser consciente de que vamos a tener que trabajar con estándares de distanciamiento y protección más altos", ha resaltado.
Según ha remarcado, se está exonerando de las cotizaciones a más de tres millones de personas y se va a llegar a más de un millón de autónomos.
"Estamos protegiendo rentas de casi un tercio de la población y entiendo la inquietud, pero, por otro lado, nos hemos encontrado algunas peticiones desde algunos ámbitos, que me da la sensación de que van al albedrío de café para todos", ha añadido.
Así, ha dejado claro que la exoneración para todos los autónomos, como pedían algunas organizaciones de trabajadores por cuenta propia, "no lo entendería nadie, ni los realmente afectados ni los contribuyentes que quieren mantener el sistema de bienestar, que no entenderían que no introdujéramos sistemas de discriminación".