Los empresarios piden retrasar la jubilación a una franja entre los 68 y los 72 años

Los empresarios consideran que "es imprescindible el retraso voluntario de la edad de jubilación acompañado de un sistema de incentivo".

Por ello, proponen alargar la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años. "Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión y si se jubila después, un incentivo", ha explicado el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala.

El documento recoge, asimismo, que "la reciente reforma del sistema de pensiones no asegura su viabilidad, solo retrasa el problema, es profundamente insolidaria y exigirá un gran sacrificio a los ciudadanos en activo".

El Círculo de Empresarios también ha mostrado su rechazo a la última reforma laboral y estiman que "lejos de solucionar los problemas, ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad"

Por ello, piden abaratar el despido e implantar el modelo de la "mochila austriaca" que recibiría aportaciones periódicas a cargo de la actual cotización que recibe la Seguridad Social en concepto de desempleo.

"Recibiría aportaciones periódicas a cargo de la actual cotización que recibe la Seguridad Social en concepto de desempleo. La cuantía de esa cuenta podría ser utilizada por el trabajador para desempleo, formación o como complemento de su futura pensión. A ello habría que añadir una profunda revisión de las políticas activas de empleo", han indicado.

La carta presentada por los empresarios aboga, del mismo modo, por la eliminación de los impuestos a la banca y las eléctricas, así como a las grandes fortunas.

"La política fiscal debe incentivar la inversión y el ahorro, y con ello, la iniciativa empresarial y la prosperidad de los ciudadanos. Las nuevas figuras impositivas deben consensuarse y armonizarse con Europa para evitar distorsiones competitivas y deslocalización de bases imponibles", han aseverado en la organización.

En este sentido, el Círculo señala que debe fomentarse el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía, reduciendo las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, "suprimiendo los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas (que acaban pagando los consumidores), eliminando el impuesto sobre el patrimonio (que perjudica el ahorro y la iniciativa privada) y simplificando el diseño del IVA reasignando los tipos impositivos teniendo en cuenta la estructura productiva".

Respecto a la vivienda, estiman que el Estado debe desarrollar una política de vivienda compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados por la constitución.

"Derechos que prevalecen sobre las políticas públicas. La defensa de la propiedad privada no está reñida con la sensibilidad de la sociedad para encontrar soluciones para quienes están en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Hay que ampliar la oferta de suelo, fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible y encontrar fórmulas de colaboración pública-privada en aquellas ciudades con demanda insatisfecha, además de agilizar trámites administrativos para reducir costes para promotores y consumidores", han concluido.