El silencioso fracaso del Pacto de Toledo para reformar ya las pensiones

A lo largo de los próximos cinco años, según las estimaciones del Gobierno recopiladas por la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) será de 67.000 millones, aunque la institución presidida por José Luis Escrivá estima que serán incluso 20.000 millones de euros más, pese a que también prevé que las pensiones se revaloricen únicamente un 0,25% al año, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo.

Entre 2017 y 2022, suponiendo que el Banco Central Europeo (BCE) consiga una inflación media del 2% anual, la pérdida del poder adquisitivo será del 7%, un daño al bolsillo de los pensionistas que se disparará durante las próximas décadas, según los estudios de economistas de Fedea, Inverco o el Banco de España. El propio gobernador del supervisor, Luis María Linde, planteó en el Congreso fijar una tasa de sustitución -pensión respecto al último salario- objetivo ante su potencial caída en el futuro con el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que desde 2013 desvinculó la evolución de las pensiones del IPC.

Entre 2017 y 2022, suponiendo que el Banco Central Europeo (BCE) consiga una inflación media del 2% anual, la pérdida del poder adquisitivo será del 7%

Todos estos números han estado durante más de ocho meses encima de la mesa del Pacto de Toledo, con diversas propuestas desde expertos que han pasado por el Congreso. Pero no ha habido ningún avance en establecer recomendaciones comunes para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Es decir, eliminar el déficit del sistema que se ha enquistado con la crisis. Y, por otro lado, sobre su suficiencia, en la medida en que las pensiones garanticen las necesidades de las personas que las reciben.

La Comisión tiene carácter no permanente y su objetivo es el seguimiento y evaluación del sistema público de pensiones. Se instauró en el año 1995 para buscar un consenso sobre el futuro de las pensiones sin que dependa del gobierno de turno, a pesar de que las urgencias del peor momento de la crisis llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar una ley unilateral sobre la que se sustenta la actual evolución de la pensión pública. El Pacto de Toledo tiene el mandato de reunirse cada cinco años. Sus últimas recomendaciones se elaboraron para el periodo 2011-2015. El año pasado debería haber vuelto al trabajo, aunque esto se dilató hasta finales del ejercicio por la ausencia de un Ejecutivo estable desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 hasta la investidura de Mariano Rajoy, que se produjo el pasado 29 de octubre.

A partir de noviembre, la Comisión inició sus trabajos. Pero, ocho meses después. no hay ningún resultado. Sólo propuestas encontradas entre los diferentes partidos. El PP parece enrocado en que cualquier cambio respete la esencia de la ley que dictaminó en 2013 valiéndose de su mayoría absoluta. Mientras que el renovado PSOE de Pedro Sánchez tiene como directrices inamovibles que el sistema siga siendo público, medidas para la sostenibilidad y la revalorización de las pensiones nuevamente acorde al IPC, según explica a ‘Bolsamanía’ la nueva portavoz socialista de la materia, Magdalena Valerio: “Tenemos que garantizar una pensión digna”, sentencia. Consciente del agujero actual, el grupo socialista defiende que haya transferencias desde el Estado a la Seguridad Social y que se reduzca la carga de gastos en la institución dependiente del Ministerio de Fátima Báñez.

Desde Ciudadanos explican que buscarán un acuerdo, y abogan por introducir mayor flexibilidad al sistema como la posibilidad de compatibilizar una pensión con un empleo. Podemos, por su parte, se ha alejado de cualquier posible pacto al exigir que la edad de jubilación se reduzca hasta los 61 años y que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme a la inflación.

HACIA UN ACUERDO DE MÍNIMOS

La Comisión tendrá que trabajar para la hoja de ruta de gastos e ingresos de 2019 tras no haber emitido a tiempo recomendaciones para los de 2018

Una vez perdida la posibilidad de la emisión y tramitación de unas recomendaciones comunes desde el Pacto de Toledo de cara a los Presupuestos de 2018, que deben presentarse por Ley en el Congreso antes del 30 de septiembre -lo del último año ha sido excepcional por el calendario político de 2016-, la Comisión tendrá que trabajar para la hoja de ruta de gastos e ingresos de 2019. La meta inicial era haber emitido un informe con recomendaciones en mayo, que se pospuso a julio y que, finalmente, se llega al parón de agosto sin él. Los trabajos se reanudarán en septiembre. “Confiamos en poder llegar a un acuerdo”, asevera Valerio, mientras que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, defiende igualmente la conveniencia de un pacto de estado.

La propuesta de Pedro Sánchez incluye la financiación mediante impuestos de las pensiones. Ya este año, el Gobierno ha roto con la característica de la Seguridad Social de ser autosuficiente y financiar las necesidades de los pensionistas con las cotizaciones, algo que no había ocurrido hasta ahora salvo por los complementos de mínimos. El Tesoro puso a disposición de la Seguridad Social un préstamo sin intereses de 10.192 millones de euros que se deberá devolver en 10 años a partir de 2018. El Gobierno ya dispuso para la extra de junio de 5.986 millones de euros, además de utilizar 3.514 millones del Fondo de Reserva. Todo indica que deberá agotar el crédito en diciembre además de volver a tirar de la ‘hucha de las pensiones’, que se quedará en apenas 7.000 millones de euros desde los 66.815 millones que alcanzó en 2011.

Esta tónica será habitual en los próximos años si no hay cambios. El Gobierno tendrá que buscar fórmulas para financiar las pensiones, ya sea con préstamos desde el Tesoro o con transferencias de recursos vía recaudación de impuestos. Mientras, el Pacto de Toledo parece abocado a un acuerdo de mínimos, a no ser que los equipos de Mariano Rajoy o Sánchez varíen drásticamente sus posturas.

Entre las propuestas que están encima de la mesa sobre las que sí podría haber consenso está la financiación de algunos tipos de pensiones, como viudedad u orfandad, con impuestos en vez de con cotizaciones. Esto es algo que sugirió en su momento la ministra Báñez y que fuentes consultadas por ‘Bolsamanía’ indican que podría aceptarse por el resto de formaciones. Al contrario, el PSOE defiende que se aligere la carga de la Seguridad Social pagando desde presupuestos los gastos corrientes de su funcionamiento, las políticas activas de empleo que ahora se financian con cotizaciones, o bonificando en vez de reduciendo las cuotas de la Seguridad Social en caso de querer incentivar la contratación. En este caso, las mismas fuentes sostienen que el Gobierno podría aceptar estas iniciativas. Medidas que, en cualquier caso, no solucionan el problema de fondo: el déficit de las pensiones y que, éstas, cada vez serán más bajas.