El retorno de la inflación alivia la sostenibilidad del sistema de pensiones

Las simulaciones a largo plazo que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejan claro que la evolución demográfica esperada a partir de las cifras actuales suponen algo más que un desafío para el sistema de reparto. La tasa de dependencia se disparará hasta el 93% en 2051 desde el nivel actual del 24,7%. Este indicador hace referencia al porcentaje de personas con una edad menor a los 16 años y mayor de 64, respecto a la población activa, y muestra un vertiginoso aumento esperado por el envejecimiento de la población, más que por los nacimientos.

Estas proyecciones ahondan en los problemas de sostenibilidad de las pensiones públicas. El Gobierno aprovechó su mayoría absoluta para diseñar y ejecutar una profunda reforma al principio de su anterior mandato, introduciendo una novedad que a largo plazo será, como mínimo, igual de determinante que la edad de jubilación (se retrasó anteriormente desde los 65 hasta los 67 años): el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad como los elementos para calcular la actualización anual de las pensiones. Hasta ahora, tradicionalmente las subidas se producían acorde con el IPC, que ahora será determinante para la evolución del déficit de la Seguridad Social.

El índice de revalorización es una ecuación que determinará las subidas de las pensiones públicas en función de cuatro variables. Hay dos términos que hacen que aumente: el promedio estimado de las 11 últimas variaciones y el saldo de la Seguridad Social. Y otros dos empujan a la baja el resultado: el incremento de pensionistas y la diferencia promedio durante los 11 años anteriores entre la pensión media y el propio índice de revalorización.

Con esta ecuación se obtiene un índice que determina cuánto subirá la pensión. Como mínimo un 0,25%, sin margen para que pueda congelarse o recortarse. Y como máximo el IPC más un 0,5%. Por otro lado, el Factor de Sostenibilidad, que se calcula cada cinco años, es un valor cercano a uno que multiplicará el índice de revalorización. Varía en función de la esperanza de vida. Si aumenta, disminuye la subida potencial de las pensiones y viceversa.

AÑORANDO LA INFLACIÓN

La reforma no ha evitado tener que tirar del Fondo de Reserva, que ha pasado en cinco años de rozar los 67.000 millones a quedarse en 24.000 millones y alimentar las expectativas de que pueda agotarse entre 2017 y 2018. Y menos aún con un periodo como el actual de ausencia de inflación. “Los salarios han aumentado históricamente en línea con la inflación, mientras que las últimas medidas tratan de romper el vínculo entre IPC y pensiones”, señala el estudio 'Finanzas públicas e inflación: el caso de España' de los economistas del Banco de España Pablo Hernández de Cos, Samuel Hurtado, Francisco Martí y Javier J. Pérez.

Los autores han analizado la evolución de estas variables para realizar una simulación con escenarios de distinta inflación, en los que demuestran que a mayor IPC, menor presión para la sostenibilidad de las pensiones. También sucede lo contrario: sin crecimiento de los precios es más difícil sostener el sistema. La razón es sencilla. En caso de periodos de alta inflación, por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), el nuevo cálculo de la pensión hace que los salarios aumenten más que la mensualidad destinada a los pensionistas. Es decir, los ingresos de la Seguridad Social por persona (principalmente cotizaciones de los asalariados) se incrementan en mayor medida que los gastos (pensiones).

El gasto en pensiones proyectado a largo plazo está entre el 14,01% del PIB con un 0,25% de IPC hasta el 11,01% con un 3%

Pero cuando el IPC apenas se mueve, el índice de revalorización es mayor cada año que la inflación. Y por lo tanto el déficit de la Seguridad Social se eleva, lo que agrava el problema estructural de fondo, el envejecimiento de la población.

El gasto en pensiones fue en 2015 del 11,99% del PIB, y el saldo de la Seguridad Social fue de un déficit del 1,13% del PIB, según las estadísticas recopiladas por los economistas del Banco de España. Estos expertos explican que hasta 2024 apenas se observa un impacto de la reforma en estos indicadores debido a la situación heredada de la crisis. Sin embargo, las diferencias se acrecientan en las simulaciones para el periodo entre 2025 y 2050.

El informe cuenta con cuatro escenarios de inflación: 0,25%, 1%, 2% y 3% de media anual. El gasto en pensiones para estos ejemplos oscila entre el 14,01% del PIB con un 0,25% de IPC hasta el 11,01% con un 3%. Mientras que el déficit de la Seguridad Social va en estos ejemplos desde el 0,15% hasta el 3,14% en promedio anual.

Con el paso del tiempo la brecha continúa aumentando, así como la importancia de que haya inflación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, siempre suponiendo en estas estimaciones que no haya nuevas medidas o reformas. El déficit se incrementa hasta el 0,27% del PIB en promedio anual con un 3% de inflación a partir de 2050, mientras que con un IPC en el 0,25% se dispara hasta el 5,27%. Por su parte, el desembolso de la Seguridad Social para pagar las pensiones se mantiene prácticamente estable con un crecimiento de tres puntos porcentuales en los precios, al situarse en el 11,13% del PIB, y con un 0,25% estos economistas prevén un gasto del 16,13% de la riqueza que genera cada año la economía española.

SIEMPRE CON DÉFICIT

A partir del informe elaborado por cuatro funcionarios del Banco de España, y divulgado recientemente por el propio organismo gobernado por Luis María Linde, se extraen dos lecturas. Una es que la reforma del PP establece que la inflación es fundamental. La otra es que haya o no crecimiento de los precios, el sistema tiende a tener problemas para su supervivencia.

De hecho, en el mejor de los casos entre las simulaciones, con un IPC anual del 3%, sigue habiendo déficit de la Seguridad Social. Aunque crezcan más los ingresos por cada persona que los gastos, la pirámide poblacional ahoga la sostenibilidad. “En cualquiera de los cálculos el sistema es deficitario, aunque niveles bajos de inflación son más perjudiciales”, subrayan los autores del estudio.

“El sistema está en una situación para poder decir que la gente tendrá pensión pero que hay que hacer cosas. No es un escenario dramático pero se necesitan medidas”, aseguró uno de los economistas que participó en el equipo que diseñó la última reforma, José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía en la Universidad Complutense. “El factor de sostenibilidad ajusta las pensiones, pero van a aumentar poco, con lo que el sistema es ineficiente, se pierde poder adquisitivo para los mayores. Los jubilados son el grupo de votantes más importante. Cuando vuelva la inflación habrá demanda de que ésta no haya sido la reforma definitiva”, concluye el experto.

Simulaciones del estudio 'Finanzas públicas e inflación: el caso de España'