El PSOE pretende captar 800 millones para financiar las pensiones con un impuesto sobre el beneficio de la banca
No corren tiempos fáciles para ser banco en España. Y más difíciles que pueden ser. A los bajos tipos de interés, la presión regulatoria y la competencia tecnológica amenaza con sumarse un nuevo impuesto, una carga "extraordinaria" anunciada este martes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para contribuir a financiar las pensiones a costa de los beneficios bancarios.
El objetivo, estimado por el Partido Socialista, consiste en lograr "una capacidad recaudatoria de 800 millones de euros" mediante este impuesto, cifra que se complementaría con otros 800 millones procedentes de la introducción de otra tasa sobre las transacciones financieras. Fuentes socialistas consultadas por 'Bolsamanía' precisan que ese impuesto especial cargado sobre los bancos se calcularía a partir del beneficio antes de impuestos (BAI) generado por la actividad de las entidades en España.
En otros tiempos, cuando, según los datos del Banco de España (BdE), el BAI del total de las entidades de crédito por su operativa nacional se movía entre los 30.000 millones de euros de 2007 y los 20.000 millones de 2008, esa suma era sensible, pero asumible. Pero los tiempos han cambiado. Y ahora, con los tipos de interés oficiales en el 0% y los de la facilidad de depósito en el -0,4%, con la presión regulatoria para fortalecer los balances y contar con más capital y con la competencia tecnológica desembarcando en la industria financiera, la banca ya no gana tanto dinero, con lo que el impacto sería mucho mayor.
Dejando a un lado los extraordinarios 2011 y 2012, en los que el sector bancario sufrió pérdidas antes de impuestos en España, en 2013 el BAI total alcanzó 4.156 millones; en 2014, 13.063 millones; en 2015, 10.753 millones; y en 2016, último año cerrado, 6.717 millones, siempre con datos del BdE. De media, los últimos cuatro años arrojan un BAI medio de 8.672 millones. O lo que es lo mismo, obtener 800 millones supondría 'comerse' el 9,2% de esas ganancias medias, porcentaje que en ese intervalo hubiera oscilado entre el 19% de 2013 y el 6% de 2014. Aunque Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, toma como escenario base los 10.000 millones de 2015 y calcula, por tanto, que el impuesto será del 8%. "Tras ello, se aplicaría el impuesto de sociedades", añade para subrayar todo el peso fiscal que soportará el sector.
ARRIMAR EL HOMBRO
Escudero explica esta propuesta, rechazada ya por el Ministerio de Hacienda, asegurando que "es una simple cuestión de que todo el mundo ayudó al sector bancario en su momento y ahora se les pide ayudar a uno de los puntos más sensibles de la sociedades como es el sistema de pensiones". El PSOE insistió en esta línea en el comunicado en el que detallaba las medidas que propone para "mantener el gasto en pensiones, racionalizar otras partidas de gasto e incrementar los ingresos del sistema".
"Puesto que el único rescate para paliar la crisis que se arbitró fue el de la banca y éste ha beneficiado claramente al sector, parece legítimo conectar ambas realidades y pedirle a la banca un esfuerzo adicional para contribuir a paliar el déficit presupuestario del sistema que mejor ejemplifica el bien común en nuestro país, como es la Seguridad Social", expone el Partido. Y añade: "La banca fue rescatada por todos los españoles; ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles: su Sistema de Seguridad Social".
La banca gana dinero en España. Pero no tanto como en el pasado. De ahí que el impacto sería muy sensible. Y también las consecuencias que podría desencadenar en el sector
El problema de fondo es que la Seguridad Social acumula una brecha creciente entre sus ingresos -insuficientes- y sus gastos -cada vez mayores-, hasta el punto de que en los dos últimos años ha alcanzado los 17.000 millones de euros. Y que, precisamente para financiar semejante brecha, el Gobierno del Partido Popular ha 'tirado' de la denominada 'hucha de las pensiones', que ha quedado reducida a 8.000 millones de euros, y ha realizado dos préstamos a la Seguridad Social a través del Tesoro Público. El primero, de 10.192 millones de euros, en 2017, y el segundo, anunciado este lunes, de 15.000 millones para 2018.
Y entre las medidas que propone para cerrar ese déficit y financiar a la Seguridad Social, el PSOE propone ese "impuesto extraordinario sobre la banca", que se apoya en un planteamiento claro: a la banca le toca ahora arrimar el hombro tras el rescate de 2012. "La crisis financiera puso de manifiesto en su momento una combinación de sobreexposición al riesgo del sistema bancario, su rescate por un importe de 77.702 millones de euros del que se estima solo se recuperarán un 19% (14.948 millones de euros), y la obtención de un beneficio directo al final del proceso en la forma de mayor cuota de mercado, mejor capitalización y unos balances saneados de las entidades supervivientes", expone el Partido, para concluir: "Todo ello justifica que la banca deba soportar una imposición superior a la del resto de empresas que operan en la economía".
DURAS CRÍTICAS DEL SECTOR
Fuentes del sector, lógicamente, no opinan lo mismo. Primero, porque entienden que "supone valorar o juzgar a todos por igual", obviando que no todas las entidades recibieron ayudas ni fueron rescatadas. Y segundo, porque consideran que "es una idea populista, demagoga y puramente cosmética", que encaja en "un momento en el que se critica a Pedro Sánchez de inacción".
"Si nosotros estuviéramos reclamando los 77.702 millones del rescate a la banca de golpe, entendería que hubiera una reacción negativa por parte de los bancos. Pero lo que nosotros estamos realizando es una medida de justicia distributiva que permita aumentar la recaudación sin castigar a las clases medias y bajas", argumenta Escudero como réplica.
La cuestión es que, en el entorno actual, esos 800 millones se llevan por delante buena parte del beneficio que generan en España. Y que el PSOE da por bueno que se situará en el 8%, adicional, como recuerda Escudero, al impuesto sobre sociedades. Una merma sensible, apuntan en el sector, con "costes e impactos inevitables" en las estructuras, los empleos, los beneficios netos o los dividendos, sin olvidar que "supondría un incentivo para apostar más por otros mercados y mudar la sede fiscal a otros países".