El Gobierno presenta el índice de precios del alquiler para atajar alzas abusivas
Arranca con datos sobre más de 11 millones de rentas
El sistema estatal de índices de referencia sobre el precio de alquiler acordado por el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos que inicialmente debía haber estado listo en marzo para ayudar a los municipios a poner coto a subidas abusivas en zonas ya tensionadas nace del estudio de más de 11 millones de arrendamientos.
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Según detalló el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el secretario general de Vivienda, David Lucas, para su construcción se han recogido los datos de más de 11,2 millones de arrendamientos entre el 2015 y el 2018, lo que lo convierte en un indicador robusto para poder conocer el mercado inmobiliario y adoptar sobre su base medidas ajustadas a la realidad.
De sólo un ejercicio cuenta con información relativa a 1,7 millones de inmuebles: 1,5 millones correspondientes a complejos de vivienda colectiva y 200.000 en arrendamientos de vivienda familiar. Según los datos publicados, Madrid es la provincia más cara con una media de 780 euros por arrendamiento, por delante de Barcelona, con 694 euros, y las Islas Baleares, con 624 euros.
Para su elaboración, los técnicos del Ministerio han bebido de la Agencia Tributaria y las declaraciones fiscales sobre alquileres, del Catastro, del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los registros de la propiedad, del Banco de España y otras fuentes de información como los depósitos de las fianzas de las comunidades autónomas o los portales inmobiliarios.
Con ese caudal de información cualquiera podrá consultar desde la misma página web del Ministerio información sobre la renta media mensual por metro cuadrado, el alquiler medio o la superficie media en hasta 33.662 secciones censales, 9.842 distritos censales, 7.593 municipios, 46 provincias y 15 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla.
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En un inicio no incluirá los datos de País Vasco y Navarra, aunque el Gobierno se encuentra trabajando con dichas autonomías para poder compartirlos en un futuro. Su consulta puede ser a través de un mapa navegable o con descargas de datos en hojas de cálculos, que permiten además comparar datos entre regiones o secciones censales.
La creación del índice venía estipulada en el decreto de medidas urgentes del alquiler aprobado hace más de un año por el Gobierno de coalición como herramienta para poder hacer seguimientos del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal o de otra índole.
La intención es que sea compatible con otros indicadores que puedan desarrollar las comunidades autónomas para establecer sus políticas de vivienda y potencialmente servir para fijar topes a encarecimientos abusivos en zonas tensionadas.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, explicó su retraso en la inesperada aparición del Covid-19 y las urgencias que ha desatado, asegurando que ahora se lanza una herramienta que introduce “transparencia” y “rigor” para el seguimiento de precios en el mercado del alquiler.
Ábalos explicó que se subsana la carencia de un indicador público con una herramienta que será “precisa” y “fiable” para las administraciones públicas, ciudadanos y otros agentes interesados en el mercado inmobiliario, además de ser “un instrumento útil a la hora de tomar decisiones” desde el ámbito público vinculadas a la vivienda.
“Hablamos de un derecho básico, como es el derecho a la vivienda”, subrayó el ministro, recordando que en la actualidad más del 24% de los hogares españoles están en alquiler -el 52% entre la población joven- y en el 38% de los casos el pago de la renta consume más del 40% de los ingresos del hogar.
El ministro recordó que en los últimos años se han producido además fuertes subidas de precios en zonas “singularmente tensionadas” y la actual crisis “obliga a estar muy vigilantes sobre sus posibles efectos en la vivienda y singularmente con los más jóvenes”, que ya sufrieron los movimientos especulativos de la burbuja.
Ábalos sostuvo que el índice de referencia de precios "ayudará en la toma de decisiones” y “será útil para aplicar políticas que incrementen la oferta de vivienda en alquiler”, reduciendo así también los precios.
El ministro enmarcó su diseño dentro de un paquete más amplio de medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Entre otras apuntó que el Gobierno impulsará la primera ley estatal de vivienda, establecerá mecanismos para impedir la enajenación de parques públicos de viviendas o se impulsará el plan de rehabilitación.
El nuevo indicador nace para cubrir la ausencia de estadísticas oficiales en materia de arrendamiento y llega para quedarse, con vocación de incorporar más datos en el futuro y someterse a sucesivas actualizaciones.