El Gobierno cierra de forma definitiva la central nuclear de Garoña

En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto "será la de denegación" de la continuidad de la explotación porque las "circunstancias actuales" no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la negativa de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solictud también expresadas por Iberdrola y Endesa, como recoge Europa Press.

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera un informe favorable

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable, con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona, a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía, según apunta Europa Press, un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

LA OPOSICIÓN CELEBRA EL CIERRE

Tras conocerse la decisión de cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), con la denegación de autorización de explotación de la misma por parte del Ejecutivo, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha celebrado esta decisión y ha incidido en la necesidad de un plan de reactivación económica para la zona.

"Esperamos que a partir de ahora el ministro de Energía tome más en serio a la oposición y haga una reflexión sobre el modelo energético en general y el nuclear en particular", ha dicho Lucio, para añadir que hasta la fecha el Gobierno se ha negado a un debate sereno, social y político sobre la transición energética en nuestro país, "tal como venimos reivindicando los socialistas". En este sentido, Lucio ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará la petición urgente de comparecencia del ministro Nadal en el Congreso para que "dé explicaciones sobre los planes del gobierno de alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares".

LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA TEMEN EL ABANDONO DEL TERRITORIO

Por su parte, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha vaticinado que el Gobierno "abandonará totalmente" los pueblos y zonas del entorno de la planta de Santa María de Garoña (Burgos) tras su cierre definitivo, que ha sido anunciado este martes por el Gobierno, tal y como "está pasando en Zorita", la primera central nuclear española en desmantelamiento.

En declaraciones a Europa Press, el gerente de AMAC, Mariano Vila D'Abadal, ha dicho estar seguro de que las administraciones "no van a mover un dedo" por estas zonas, un total de 14 pueblos, para "compensar el cierre de una actividad económica". El desmantelamiento de la central de José Cabrera, en Almonacidad de Zorita (Guadalajara), el primer silo nuclear en cerrarse definitivamente en España, "esta siendo una experiencia dramática", según ha continuado Vila D'Abadal, que ha asegurado que el anuncio del cierre de Garoña supone para los pueblos "un nuevo reto". En concreto, el ministro Nadal ha estimado el tiempo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en una horquilla de 13 a 16 años, lo que situaría el final de este proceso una vez pasado el año 2030.

Se entiende por desmantelamiento todas aquellas actividades realizadas una vez obtenida la correspondiente autorización que permiten solicitar la declaración de clausura y que supondrá la desclasificación de la instalación y la liberación, total o restringida, del emplazamiento.