El cierre del Gobierno federal de EEUU arrincona a Trump y pone en riesgo a más 850.000 trabajadores públicos

Y, mientras se produce este cruce de reproches, el país se acerca a un hecho que podría tener un serio impacto en su economía. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el gobierno federal deberá suspender la prestación de todos los servicios públicos. Las estimaciones de los expertos de Oxford Economics recogen que esta circunstancia provocaría que “cerca de 850.000 trabajadores federales serían suspendidos. Un cierre que duraría una semana reduciría 0,1 puntos porcentuales del crecimiento del PIB”, aseguran los expertos.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, el gobierno federal deberá suspender la prestación de todos los servicios públicos

Los empleados de compañías privadas que tienen contrato con el gobierno federal también podrían ser despedidos. "Es importante tener en cuenta que los controladores de tráfico aéreo de personal esencial, los inspectores de seguridad alimentaria, los servicios armados, es decir, servicios 'esenciales' no se verán afectados por el cierre", matizan los analistas. Por su parte, la economista jefe de EEUU de S&P Global, Ann Bovino, estimó que "un cierre podría reducir aproximadamente 0,2 puntos porcentuales, o 6.500 millones de dólares, del crecimiento real del PIB al trimestre por cada semana que dure".

Por ello, la decisión de este viernes es clave. Aunque la postura entre ambos partidos está muy alejada. Pero la alternativa es que, tal y como sucedió en las tres veces anteriores, el Gobierno siga funcionando mediante una prórroga del presupuesto anterior. Por ello, la estrategia por la que optó el partido republicano fue vincular una ampliación del Programa de Seguro Médico para Niños (conocido como CHIP, en sus siglas en inglés) a una extensión presupuestaria de 30 días. Sin embargo, el presidente Donald Trump echó por tierra la posibilidad. "CHIP debe ser parte de una solución a largo plazo, no una extensión de 30 días o corto plazo", afirmaba el mandatario en su cuenta de Twitter.

CHIP should be part of a long term solution, not a 30 Day, or short term, extension!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

Esta estrategia pretendía llamar la atención de los miembros del Partido Demócrata, que rechazan este presupuesto por el proyecto de reforma migratoria que ofrece el partido de Trump. La inmigración es la clave en este desencuentro. Mientras que los demócratas quieren una ley exclusivamente dedicada a renovar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que ha beneficiado a cerca de 800.000 "dreamers", los republicanos basan su aprobación a la asignación de cerca de 30.000 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México.

En este escenario ambos partidos se reprochan mutuamente el inminente cierre

En este escenario ambos partidos se reprochan mutuamente el inminente cierre. Una actividad política que se maneja en clave electoral, por las elecciones legislativas de noviembre de 2018, donde se renovará el Congreso. Un momento clave para la legislatura de Trump, ya que la pérdida de la mayoría en ambas cámaras podría dificultar, seriamente, su mandato.

Una posible nueva prórroga también genera problemas internos al presidente de Estados Unidos. Sobre todo, por el problema que genera este impás presupuestario a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, muy admiradas y respetadas dentro del bando republicano. La falta de presupuesto obliga a las Fuerzas Armadas a operar también bajo un presupuesto prorrogado, lo que no permite al alto mando afrontar nuevas necesidades. Un hecho que no afectaría a la Reserva Federal, como recuerda los expertos de Oxford Economics, ya que se financia fuera de las asignaciones del Congreso, ni a las subastas del Tesoro.

"El cierre y el problema para acordar el techo de deuda podrían golpear significativamente la confianza de los negocios y los consumidores", valora la economista jefe de EEUU de S&P Global. En esta misma línea se posicionan los analistas de Oxford Economics. "Además de las consecuencias macroeconómicas directas de un cierre, los mercados financieros y la confianza del sector privado también podrían verse afectados", avisan.

En Estados Unidos se han producido 18 cierres de Gobierno. El último en 2013 durante la administración de Barack Obama y se prolongó 16 días ante el debate generado por el Obamacare. "El cierre gubernamental de dos semanas en octubre de 2013 provocó caídas tanto en el índice de confianza del consumidor como en el índice de optimismo de la pequeña empresa de NFIB", recuerda Oxford Economics. Sin embargo, si llegase a cerrarse este mes, sería la primera vez que ocurre bajo una gestión que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que representaría un duro revés para el liderazgo de Trump.