Los economistas piden al Gobierno que se pueda despedir antes de 6 meses en los ERTE
Solo así, dicen, todas las empresas que están sufriendo por el Covid superarán la desescalada
El Consejo General de Economistas (CGE) ha elaborado una lista de medidas que cree que el Gobierno debería implementar en su plan de desescalada si quiere ayudar a "reflotar a muchas empresas" que están sufriendo por la pandemia de coronavirus, y teniendo en cuenta la "avalancha" de concursos que se van a producir. Entre otras cosas, piden que se flexibilicen las condiciones exigidas para los ERTE de fuerza mayor en cuanto al mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes, para que las empresas puedan despedir antes de que cumpla ese plazo.
Así lo indica el CGE en un documento que ha dado a conocer este miércoles, en el que hace una serie de propuestas en varias áreas: mercantil-concursal, fiscal, laboral, financiero, y cuestiones transversales. Según afirman, los planteamientos que se pongan sobre la mesa deben ir orientados a "reconstruir el deterioro social y económico" que esta pandemia causará, atendiendo no solo al corto plazo sino "aprobando medidas para el medio plazo, ya que de lo que se haga hoy dependerá que la recuperación sea más rápida o más lenta".
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Por eso también abogan por, entre otras cosas, introducir deducciones en el Impuesto de Sociedades para que las empresas se desgraven por las inversiones relacionadas con el teletrabajo que hayan tenido que hacer ante la crisis del Covid-19. "Como ha obligado a las empresas a introducir apresuradamente el teletrabajo, esto ha originado unas notables inversiones y gastos en equipos, y para facilitar el acceso a Internet de los empleados. Asimismo, en la vuelta al trabajo, será necesario realizar inversiones y gastos para que los empleados puedan observar las medidas necesarias de distanciamiento y seguridad", y para facilitar la adaptación a esta nueva situación, los economistas proponen establecer una deducción sobre dichos gastos e inversiones.
Pero no solo eso, ya que piden también al Gobierno que las empresas se puedan deducir en Sociedades los donativos, donaciones y aportaciones que hayan realizado en el marco del brote, para la adquisición de medios sanitarios o los fondos aportados para investigación sanitaria sobre el coronavirus. "Proponemos la posibilidad de deducir el 50% o el 100% de estos donativos y, además, aplicar la deducción en ejercicios iniciados en 2020. Alternativamente, proponemos que, para estos ejercicios, se incrementen los porcentajes y límites de la deducción cuando se trate de donativos realizados a entidades beneficiarias del mecenazgo relacionadas con el Covid-19".
Reclaman, además, deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los donativos relacionados directamente con actividades de investigación de la pandemia, aportación o gestión de envío de suministros. En concreto, sugieren que se incrementen los porcentajes y límites.
LOS AUTÓNOMOS, QUE COTICEN EN FUNCIÓN DE SU FACTURACIÓN
En materia de impuestos, el CGE señala la idoneidad de reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ya que "muchas actividades económicas se verán seriamente afectadas durante el ejercicio". Cree que "sería razonable establecer una reducción en el IBI de 2020 de todos los locales afectos a las mismas". Asimismo, vuelve a insistir en que se amplíe el plazo de autoliquidación de Sociedades y del IRPF y pide, en referencia al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se recuperen las cuotas "repercutidas y no cobradas".
Por otro lado, se refieren también a la situación de los autónomos, uno de los colectivos más golpeados por el virus, por lo que los economistas reclaman al Gobierno que coticen a la Seguridad Social "en función de su facturación real" y que se les exima de la cotización y pago de las cuotas "durante los dos primeros años de actividad, ya sea ejercida esta como persona física o a través de una sociedad mercantil", siempre que se trate de actividades de base tecnológica. "Debe tenerse en consideración que las actividades de base tecnológica, en sus primeros años de actividad, sus ingresos son limitados o nulos, puesto que están centrando sus esfuerzos en la puesta en marcha de su proyecto".
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Otra de sus propuestas al Gobierno es la flexibilización de las condiciones de préstamos y créditos, en vigor o nuevos, para aquellas pymes y autónomos afectados por el Covid, "ampliando la moratoria en la devolución de los préstamos", sean o no hipotecarios, así como ampliando el periodo de amortización, con objeto de reducir el importe de las amortizaciones de los mismos.
Reclaman, asimismo, ampliar la línea de avales a los autónomos y pymes con contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica, cuando estén en esa situación de vulnerabilidad, y que se permita el acceso a la financiación ICO a las empresas en situación de morosidad en el CIRBE por deudas no materiales o en procedimientos concursales, para "estimular el salvamento y la reflotación de las empresas, particularmente pymes, limitando y evitando su liquidación".
Precisamente, sobre los concursos piden extender los plazos para negociar los acuerdos de refinanciación dos meses, que se cree un turno de oficio para las mediaciones concursales de deudores con escaso patrimonio, y que el Ejecutivo ponga en marcha un "procedimiento específico para pymes, micropymes y autónomos" porque la Ley Concursal está "pensada para medianas y grandes empresas".
Por último, piden al gabinete de Pedro Sánchez que establezca un "procedimiento de urgencia" para que todas las deudas públicas del Estado con proveedores de bienes y servicios que sean pymes y autónomos "se paguen de inmediato".
