El Gobierno elimina 2.194 organismos y eleva a 20.200 millones el ahorro con la reforma de la Administración
Ha eliminado 2.194 empresas y organismos públicos desde 2012
- La negociación de contratos comunes a varias administraciones suma 400 millones de euros
- El Ejecutivo aprueba más medidas para agilizar la administración con medidas electrónicas
El Gobierno ha elevado a 20.200 millones de euros los ahorros que se han obtenido desde el año 2012 por la aplicación de medidas de reforma de las administraciones públicas, supresión de entes y reducción de la plantilla entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Así ha sido el Consejo de Ministros
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado las cifras en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes, balance trimestral de la aplicación del conocido como informe Cora de reforma administrativa.
Todos sabemos que es muy fácil crear organismos públicos pero muy difíciles eliminarlos
Santamaría ha asegurado que el 70,2% de esas medidas están ya ejecutadas. Entre otras cosas, están ya disueltas 2.194 empresas y organismos públicos por todo el país, y según el Gobierno, se han ahorrado 454 millones por concentrar contratos públicos mediante "grandes acuerdos marco", el equivalente al presupuesto del Ministerio de la Presidencia. "Todos sabemos que es muy fácil crear organismos públicos pero muy difícil eliminarlos", ha asegurado Santamaría.
La aplicación de todas las medidas ha logrado un ahorro de 20.200 millones desde 2012, según las cuentas del Gobierno, que situaba ese ahorro hasta diciembre pasado en 18.000 millones.
MÁS LIBERALIZACIÓN DEL TREN Y MENOS AVE Y CARRETERAS POR 'INTERESES'
La ministra de Fomento ha presentado dos anteproyectos de ley sobre el sector ferroviario y las carreteras. En varias ocasiones ha insistido en la necesidad de "acabar con los intereses personales" a la hora de construir este tipo de infraestructuras. "No habrá más carreteras ni estaciones de AVE sin estudios que demuestren el retorno económico y social".
La nueva ley ferroviaria suprime el denominado canon de acceso, el que se paga por entrar a operar en la red ferroviaria, modifica el resto de cánones de Adif e introduce un régimen de bonificaciones "para que quienes realicen una mayor actividad tengan mayor retorno", según detalló la ministra Ana Pastor.
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Fomento persigue aumentar la oferta de servicios ferroviarios, tanto los de transporte de mercancías como los de viajeros
De esta forma, Fomento persigue aumentar la oferta de servicios ferroviarios, tanto los de transporte de mercancías como los de viajeros. El tráfico de carga en tren se liberalizó en 2005, pero no ha logrado una destacada cuota de mercado frente a Renfe, mientras que el transporte de viajeros en tren está previsto que se abra a la competencia en la segunda mitad de este año.
Un total de 27 empresas privadas, además de la pública Renfe, cuentan actualmente con licencia de empresa ferroviaria. Nueve de ellas tienen licencia para operar tráficos de mercancías y viajeros, otras cinco sólo para trenes de pasajeros y las trece restantes, sólo para transporte de carga.
En cuanto a los cánones o peajes a pagar por el resto de servicios, incluyen el canon por uso de estaciones de viajeros, el canon por cambio de ancho de vía (instalaciones para que los trenes pasen de una línea de AVE a una convencional), el canon por utilización de vías con andén, el canon por utilizar vías en otras instalaciones de servicio y el canon por utilización de puntos de carga para mercancías.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Carreteras que, entre otras medidas, impedirá la especulación urbanística con los terrenos próximos a la zona en la que se planifique la construcción de una nueva carretera, de forma que se permitirá suspender cautelarmente todas las recalificaciones urbanísticas en la zona desde el momento en que se proyecte la vía.
El Gobierno prohibirá que haya más de 3 estaciones de servicio de la misma marca de gasolina en una autovía o autopista
Se prohibirá la especulación urbanística en los terrenos próximos a la zona donde se construyan carreteras. De esta forma, el Gobierno impide que se repita el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción. Además, para fomentar la competencia, el Gobierno prohibirá que haya más de 3 estaciones de servicio de la misma marca de gasolina en una autovía o autopista.
La nueva Ley también habilitará al Gobierno a declarar "nulas de pleno derecho" todas decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras.
Con la aprobación del nuevo texto legal, el Gobierno busca actualizar la legislación en materia de carreteras, que data de las décadas de los setenta y los ochenta, para incluir los cambios registrados desde entonces en el sector y garantizar una adecuada prestación del servicio público viario. La red de carreteras del Estado, que suman 26.200 kilómetros de longitud, soporta el 51% del tráfico total de vehículos y el 63% del tráfico de vehículos pesados. Para ello, la Ley incluye medidas para garantizar la optimización de los recursos públicos, la seguridad vial y la gestión de las carreteras.
Así, la norma obligará a que todo proyecto de una nueva vía se someta a un "análisis previo de eficiencia e intermodalidad" para decidir sobre su construcción, según detalló la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, el texto incluye la realización de evaluaciones de impacto sorbe la seguridad vial de las carreteras, tanto en su fase de planificación como en su construcción y explotación.
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