Fomento 'rescata' una sexta autopista en quiebra, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna se quedó entre febrero y marzo con las radiales R-4 Madrid-Ocaña y R-2 Madrid-Guadalajara y la AP-36 Ocaña-La Roda, y el pasado 1 de abril tomara la Circunvalación de Alicante y la Cartagena Vera.

En el caso de la M-12, Fomento, a través de su sociedad Seittsa, asumió este miércoles su plantilla y su gestión en sustitución de su actual sociedad concesionaria, una firma de OHL que ha sido declarada en liquidación con una deuda de 263 millones de euros.

Fomento asume las vías para garantizar que, pese a la quiebra y liquidación de sus actuales concesionarias, siguen en servicio para los usuarios.

La M-12 Eje Aeropuerto es una autopista de 9,44 kilómetros de longitud que conecta la capital con la terminal T-4 del aeródromo de Barajas. Se trata de la vía que más tráfico registra de entre todas las que están en quiebra, al contabilizar una media de 21.455 vehículos al día.

Tras este 'rescate', al Ministerio solo le queda pendiente de tomar las otras dos radiales (la R-3 y la R-5) y la AP-41 Madrid-Toledo. Esta será la última en 'rescatarse', dado que su proceso de concurso de acreedores aún no ha alcanzado la fase de liquidación.

'RESCATE' Y POSTERIOR PRIVATIZACIÓN

Se trata de las primeras que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década. La Administración las asume seis años después de que en 2012, en plena crisis, se declararan insolventes y en concurso de acreedores por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones.

Estas nueve vías suponen una casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.

El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumir su gestión a medida que sus actuales concesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a privatizarlas y ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.

Una vez que se resuelvan los contratos comenzará a correr el plazo de seis meses con que Fomento cuenta para determinar y pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Se trata de una 'factura' que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con lo que saque de relicitar las vías, entre 700 y 1.000 millones de euros, pero ya ha reconocido que este importe no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará así al déficit público de este año.