Economía.-El Congreso debate mañana exigir al Gobierno corregir las "deficiencias" en el servicio de la Seguridad Social

Esta iniciativa del PP, a la que tuvo acceso Europa Press, es similar a una moción que presentaron hace apenas en las semanas, la cual era consecuencia de una interpelación urgente de la diputada del PP, Elvira Rodríguez, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Para justificar esta nueva propuesta, el PP se atañe en su propuesta a un informe del Defensor del Pueblo, donde según los 'populares' el alto comisionado insta a que "se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía" en el seno de la Administración Pública.

Y es que el Grupo Popular sostiene que la situación que vive en la actualidad la Seguridad Social "se aleja mucho" de la prestación de un servicio público "efectivo y de calidad", algo que a su juicio es "incompatible con el derecho de buena Administración".

Al hilo de esto, el PP ha señalado que la ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, exige a las empresas la mejora en el servicio que prestan llegando a imponer "cargas inasumibles", lo cual para el PP "no exige ni aplica el Gobierno a sus propios servicios de atención".

Así, el PP sugiere extender a todos los servicios públicos de la Administración General del Estado las mismas exigencias de atención al ciudadano que se imponen a las empresas privadas en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

En lo que respecta a los otros dos puntos de la propuesta, el PP quiere que se regulen las medidas para que los servicios de atención a los ciudadanos prestados por las oficinas de la Administración General del Estado y de la Administración de la Seguridad Social recuperen la calidad y la eficacia que les son propias.

Asimismo, piden que se realice una evaluación del sector público, para hacerla "más eficiente y efectiva", para así permitir "tomar conciencia" de sus dimensiones y poder así plantear una reordenación de la Administración Pública, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social.