Economía.-Cámara de Comercio presenta en 15 años más de 900 propuestas para reducir cargas administrativas de empresas

Europa Press | 09 ago, 2024 10:43
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Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet.Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio de España ha aportado, en los últimos 15 años, más de 900 propuestas de simplificación o eliminación de cargas administrativas para las empresas, fruto de la colaboración que mantiene con la Administración General del Estado (Secretaría de Estado de Función Pública) en el marco de un convenio renovado a lo largo de los años.

En el año 2022, último ejercicio con datos definitivos, más del 50% de las propuestas de simplificación administrativa presentadas desde la Cámara de España han sido aceptadas por parte de la Administración General del Estado e implantadas por los ministerios correspondientes.

Entre esas demandas figuran mejorar y agilizar la comunicación para la resolución de dudas, reducir la carga de información que se solicita a la empresa, acortar los tiempos de respuesta de expedientes, o eliminar duplicidades en el requerimiento de información de las distintas Administraciones.

Como explica a través de un comunicado el presidente de Cámara de España, José Luis Bonet, la modernización, racionalización y simplificación de la Administración son factores que juegan a favor de todos: empresas y ciudadanos.

Las propuestas presentadas desde la Cámara de España abarcan desde la telematización de determinados procedimientos, a la eliminación de trámites obsoletos, el impulso de la cooperación efectiva intra e interadministrativa, la disposición de sistemas de ayuda y consulta para la correspondiente cumplimentación, la mejora de determinada regulación económico-empresarial o el refuerzo de la colaboración público-privada, entre otras.

A título de ejemplo, entre las propuestas específicas promovidas en 2022 por la Cámara de Comercio y que se han implantado se encontrarían la simplificación del modelo 220 del Impuesto de Sociedades; el establecimiento de un plazo concreto de resolución de las tramitaciones ante la Dirección General de la Costa y el Mar; la mejora de los canales de comunicación entre la Tesorería General de la Seguridad Social y las empresas.

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