Economía.- Los técnicos de Hacienda alertan de que el preacuerdo de PSC y ERC podría ir contra la Constitución

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha alertado de que el cumplimiento del preacuerdo entre el PSC y ERC podría incurrir en inconstitucionalidad y atentaría contra la solidaridad entre territorios.

Los técnicos han explicado a través de un comunicado que el modelo de financiación singular de Cataluña que se está planteando "bordea la inconstitucionalidad", puesto que tendría características de un régimen foral solidario con una Agencia Tributaria de Cataluña que asuma el 100% de la gestión de los impuestos en Cataluña, la aportación de un cupo catalán por la parte del gasto estatal de los servicios no transferidos en Cataluña y una cuota de solidaridad entre regiones con un fondo de reequilibrio territorial a negociar.

Pese a lo anterior, el preacuerdo admite implícitamente un límite constitucional al perseguir un "sustancial aumento" de la capacidad normativa que estaría coordinada con el Estado y la Unión Europea, lo que deja a salvo la potestad tributaria originaria del Estado.

Y es que los técnicos de Hacienda recuerdan que el bloque de constitucionalidad otorga al Estado la competencia exclusiva para regular los tributos, el marco general del sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del Estado.

Por otra parte, Gestha sostiene que la propuesta de avanzar hacia un modelo tributario federal se extendería a todas las comunidades autónomas de régimen común con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección, y de gobernanza de las inversiones públicas.

No obstante, aunque el preacuerdo pretende que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude, en una primera fase, el 100% del IRPF del 2026 que se paga en Cataluña, no concreta la entidad que gestionará y liquidará las retenciones y pagos a cuenta en 2026 y las devoluciones de la Campaña de la Renta a partir de junio de 2027.

Además, el preacuerdo prevé que la aportación catalana por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña se realice a través de un porcentaje de participación en los tributos, que es como actualmente está establecido --aunque en sentido inverso-- para la financiación autonómica.

SE DISPARARÍA LA RECAUDACIÓN DE 4.900 MILLONES A 52.000 MILLONES

Según los técnicos de Hacienda, si la Agencia Tributaria de Cataluña asumiera en 2026 la recaudación del 100% de IRPF pasaría a recaudar 24.439 millones, y tendría que devolver la cuota estatal por unos 12.000 millones.

En la última fase que plantea el acuerdo, la Comunidad pasaría a recaudar el 100% de los tributos estatales, lo que supondría elevar los ingresos de los cerca de 4.900 millones de euros en impuestos cedidos y propios en la actualidad a recaudar alrededor de 52.000 millones en total.

Esto supone, según Gestha, una cifra muy relevante, puesto que la Agencia Tributaria de Cataluña sólo gestiona y recauda el 9% del total de los impuestos generados en Cataluña (excluidos los impuestos locales), mientras que el 91% restante son recaudados por la AEAT.

LA CUESTIÓN DE SOLIDARIDAD, LA MÁS PROBLEMÁTICA

A juicio de Gestha, la propuesta más problemática es la aportación a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, a pesar de que reconoce que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos alcancen niveles similares con un esfuerzo fiscal también similar.

Y es que el preacuerdo quiere que esa solidaridad esté limitada por el principio de ordinalidad, de forma que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, mantenga el mismo orden que en la escala de lo que reciben.

En este sentido, Gestha ha advertido de que el IRPF aporta el 95,4% de la progresividad del sistema fiscal español; en cambio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones solo aporta el 3,2%, y los Impuestos de Patrimonio y de Solidaridad de grandes fortunas el 1,4% restante.

RIESGO DE AUMENTO DE LA EVASIÓN FISCAL

Igualmente, el sindicato ha alertado de que la información consignada en las declaraciones de Renta es crucial en la lucha contra el fraude fiscal en España, porque al final determinadas personas son las que se lucran ilícitamente de la evasión y en las que afloran las rentas y patrimonios ocultados, por lo que la AEAT no debería perder esa información.

En paralelo, el preacuerdo entre el PSC y ERC pretende el traspaso de los medios humanos, materiales y tecnológicos por parte de la AEAT a la Agencia Catalana. Sin embargo, desde Gestha lo ven "irrealizable" y aseguran que la gran mayoría de los 5.000 empleados de la AEAT en Cataluña rechazaría integrarse en esta Agencia al carecer de lazos afectivos y familiares en la región, aumentando exponencialmente las ya altas demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior sean un atractivo suficiente.

Entre los funcionarios estatales destinados en Cataluña que tienen las competencias de comprobación y liquidación tributaria y aduanera, así como las de recaudación, los Técnicos de Hacienda son el 73,6% y los Inspectores son el 26,4% restante.

Por el contrario, la Agencia Tributaria de Cataluña está dimensionada para la gestión de los impuestos cedidos y propios con 852 personas empleadas, de ellas solo 23 inspectores y 269 técnicos tributarios autonómicos realizan funciones de control tributario.

"El Gobierno de España tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral del cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un diseño fino de las demás modificaciones legales necesarias para cumplir ese acuerdo del PSC y ERC sin tacha de inconstitucionalidad, y recabar los apoyos parlamentarios para su aprobación", ha alertado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.