Hacienda niega un recorte del 50% en gasto de los ministerios
El Ministerio desmiente las informaciones sobre que habría limitado el gasto hasta la aprobación de los PGE
- PSOE y Unidos-Podemos habían pedido la comparecencia de Cristóbal Montoro ante las informaciones
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha desmentido a través de un comunicado que se hayan recortado los créditos de los departamentos ministeriales un 50% en 2018. El Ministerio matiza que el pasado 29 de diciembre, en el Consejo de Ministros, se estableció que cuando la ejecución de ciertas partidas de gasto superara el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial debería solicitar permiso a Hacienda, como ya se hizo el año pasado.
En un comunicado, Hacienda explica que, a diferencia de la prórroga presupuestaria de ejercicios anteriores, en 2018 no ha sido necesario aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos gracias a la "favorable evolución" de las cuentas públicas.
Las primeras informaciones, que han obligado al Ministerio a emitir el comunicado, señalaban que en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre se habría acordado este recorte junto con los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de las cuentas del Estado del año 2017.
Sin embargo, Hacienda ha matizado que, en un contexto de prórroga de los PGE, en el último Consejo de Ministros de diciembre se adoptaron, como en años anteriores, medidas para controlar y mejorar la ejecución del gasto público antes de que se apruebe la Ley de PGE para 2018. "Estas medidas son necesarias para garantizar una adecuada ejecución del gasto público en los primeros meses del año, evitando un exceso de gasto público que condicionaría el contenido de la próxima Ley de Presupuestos", subraya Hacienda, quien insiste en que el Consejo de Ministros no aprobó una reducción de los créditos presupuestarios.
En su lugar, explica que simplemente se establecieron medidas de control de ejecución del gasto público, como son la referida a que los departamentos ministeriales deberán elaborar un calendario con las fechas estimativas de cuándo prevén aprobar determinados gastos, como subvenciones nominativas o convenios. Con esta medida se pretende mejorar la planificación del gasto, según Hacienda.
Además, se estableció que cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Sin embargo, según señala el acuerdo ministerial recogido por Europa Press, las transferencias destinadas a financiar las pensiones públicas, las claves pasivas y el desempleo quedan excluidas de este límite del 50%.
Según Hacienda, solo por "causas excepcionales debidamente justificadas", el Ministerio podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez limitado el límite del 50%.
El departamento de Cristóbal Montoro recuerda que esta autorización no es nueva, puesto que ya se pidió el año pasado en la prórroga de los PGE 2016 sin que existiese "ningún perjuicio" en la gestión. "Esta es una práctica que no solo ha estado ya en vigor en España, sino que además es común en otros países", recuerda.
Además del comunicado de Hacienda, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, también ha desmentido los recortes. "Como mi Ministerio tenga un límite del gasto del 50%, no sé qué voy a hacer yo", se preguntó en tono de broma, tras afirmar que desconocía esa medida.
Tras conocerse las primeras informaciones, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos-Podemos han registrado una petición de comparecencia para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte, había denunciado que este nuevo recorte del gasto público constituía una "forma de chantaje del Gobierno" en un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos.
En la misma línea, el portavoz de Unidos-Podemos Segundo González había indicado que Montoro "chantajea" a las CC.AA. y a otras fuerzas políticas para garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales, por lo que impone un límite de gasto prorrogado, "secuestrando" recursos e inversiones que pertenecen a la ciudadanía. "Montoro usa el Ministerio como un apéndice del PP y esto es intolerable en democracia", había reiterado.
