El CES pide al Estado que asuma el coste del bono social eléctrico

Este bono es un descuento en la factura de la luz que se aplica a las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad

En el 'Informe sobre el Sector Eléctrico en España', el CES, que es el principal organismo consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, señala que la energía eléctrica es un bien de "primera necesidad", por lo que el Estado debería garantizar su acceso a ella a todos los ciudadanos, "sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras".

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los PGE. De hecho, se aplicará un descuento del 25% en los términos que compongan el PVPC, que aumentará hasta el 40% para las personas consumidoras vulnerables severas

El CES cree que sería conveniente revisar los instrumentos fiscales, incluyendo medidas de protección y apoyo a los trabajadores afectados y a los colectivos vulnerables. A este respecto, recomienda plantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin. Y no solo eso, ya que también aconseja extender la aplicación del bono social al total de la factura de los consumidores vulnerables, ya que los límites de consumo anual de (a partir de 1.200 kWh) que establece la nueva regulación "son muy bajos si se tiene en cuenta el consumo medio por hogar, lo que reduce la eficacia de la medida en su conjunto".

DEFIENDE PROMOVER EL AUTOCONSUMO

Por otra parte, el organismo defiende promover el autoconsumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red. Así, ve necesaria una revisión completa de la normativa del sector en esta materia y, en concreto, del tratamiento de los costes regulados. Para ello, pide una modificación de la regulación y avanzar "hacia un marco jurídico estable" para conseguir promover y alcanzar los objetivos fijados por la Directiva comunitaria, "asegurando, en todo caso, una aplicación neutra para el conjunto de los consumidores.

En su informe, el CES subraya que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, para la transición a un modelo de producción y consumo bajo en carbono. Y advierte que en la situación actual aparecen factores "críticos" que deben ser considerados para facilitar la transición, como una electricidad cara que dificultad el proceso de electrificación de la economía.

El CES, que también considera necesario trasladar el coste de políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, respalda la cogeneración y ve necesario el desarrollo de las interconexiones internacionales. Además, afirma que la sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental, evitando la desertización territorial y contribuyendo al empleo.

Por otra parte, pide la adopción de estrategias para facilitar las inversiones de medio y largo plazo y garantizar la coherencia de las acciones públicas. A este respecto, el CES propone un plan estratégico estatal sobre transición justa, planes de reactivación de las zonas de transición y cooperación entre los agentes del sistema de innovación tecnológica.