MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha convocado para este miércoles a su Comité Ejecutivo para analizar si da el sí a un posible acuerdo de pensiones con el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, según han confirmado a Europa Press fuentes de la organización empresarial.
La reunión del Comité Ejecutivo de la patronal se producirá tras la reunión que celebraron ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los agentes sociales, y en la que, según el Departamento de Elma Saiz, se acercaron "considerablemente" las posiciones de las partes.
De hecho, desde UGT avanzaban ayer, tras la reunión, con que podría alcanzarse un principio de acuerdo sobre las distintas materias que se negocian en la mesa en 24 ó 48 horas, dependiendo de los textos finales.
Fuentes sindicales han subrayado este mismo martes a Europa Press que aún se están intercambiando documentos y manteniendo contactos para intentar llegar a dicho principio de acuerdo.
En esta mesa se están discutiendo temas como la reforma de la jubilación parcial, la compatibilidad entre pensión y trabajo, la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social en las bajas derivadas de lesiones traumatológicas o el establecimiento de los coeficientes reductores en actividades penosas para el anticipo de la jubilación.
Tras plantear el Gobierno aumentar a 34 años el requisito de acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo, la última propuesta lo descartaba y se quedaba en mantener los 33 años actuales.
Asimismo, el Gobierno ha propuesto ampliar de 2 a 3 los años para la posibilidad de anticipo en la jubilación parcial. Además, como en el caso de la industria manufacturera, se ha trasladado la mejora de las condiciones de trabajo del relevista y un nuevo planteamiento más equilibrado y flexible para la empresa de la jornada de trabajo del relevista y del pensionista.
En lo que respecta a las mutuas, el objetivo es establecer un marco de regulación para patologías de carácter traumatológico que lleve a los trabajadores a tener un acceso a la sanidad más temprana allí donde existen unas largas listas de espera, siempre con el consentimiento previo por parte del paciente, y con la tutela del Servicio Público de Salud a través del médico de cabecera, tanto para las altas y las bajas del procedimiento.
INCENTIVOS PARA EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN
En la negociación entre las partes, el Gobierno planteó a los agentes sociales la posibilidad de que aquellos que demoren la jubilación voluntariamente más allá de la edad legal ordinaria puedan recibir los incentivos actuales cada seis meses a partir del segundo año de demora.
La reforma de pensiones introdujo dos incentivos para animar a retrasar el retiro, que consisten en un 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente por cada año completo en que se retrase la jubilación más allá de la edad legal ordinaria o una cantidad fija a tanto alzado, por cada año que se cotice de más, que se abonará en un pago único al pensionista que decida voluntariamente retrasar su jubilación.
El Ministerio también planteó a los agentes sociales un nuevo marco legal para compatibilizar trabajo y pensión "con diferentes fórmulas para mejorar el tránsito del trabajo a la jubilación", con la idea de que esta situación pueda ser "más gradual y adaptada a las circunstancias de cada trabajador".
Para ello, señalan fuentes del Ministerio, Seguridad Social propuso un nuevo esquema "más flexible" de la llamada jubilación activa, la que permite compatibilizar pensión contributiva y trabajo después de la edad ordinaria de jubilación, de forma que con cada año de demora de la jubilación, el porcentaje de compatibilidad con la pensión sea mayor, siendo además compatible con el incentivo de demora, algo que ahora no es posible.
La regulación actual de la jubilación activa para compatibilizar la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia no permite percibir el 100% de la pensión salvo si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. La reforma que proponía el Gobierno eliminaba la singularidad por contratación de un asalariado.
Además, la norma actual señala que la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe reconocido inicialmente, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
En una disposición final de la Ley General de la Seguridad Social ya se preveía la posibilidad de ampliar a futuro esta compatibilidad del 100% a los trabajadores por cuenta ajena y al resto de trabajadores por cuenta propia y eso es, precisamente, lo que está negociando el Gobierno con los agentes sociales.
La actual regulación no permite al pensionista que accede a la jubilación activa después de la edad ordinaria de jubilación percibir el complemento por prolongación de la vida activa laboral establecido en la reforma de pensiones de 2021, pero en la reforma que ahora plantea el Gobierno sí que se podrá cobrar.
Con la reforma pretendida por el Gobierno, la modalidad de jubilación flexible, a la que pueden acceder pensionistas que quieren volver a trabajar con un empleo a tiempo parcial, desaparecería al quedar cubierta por el nuevo marco de compatibilidades.
No obstante, está por ver el contenido final del texto propuesto por el Gobierno con las aportaciones de los agentes sociales y si éste concitará el respaldo de sindicatos y empresarios.