Lo aseguran los informes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria sobre el caso
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detectado un desfalco de casi 18 millones de euros en el AVE de Murcia y Alicante. Se produjo a través de empresas fantasma que emitían facturas falsas, todo según parece para desviar los fondos precedentes del Presupuesto de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
Documentos y facturas fijan la cuantía total del desfalco en un total de 17.638.754, 47 euros durante el periodo 2011-2014
Según informa la Cadena Ser, que asegura haber tenido acceso al sumario del caso ADIF, decenas de tomos de informes de Guardia Civil, Agencia Tributaria y Servicios de Aduanas hablan del desfalco que se habría producido. En total, documentos y facturas fijan la cuantía total del mismo en un total de 17.638.754, 47 euros durante el periodo 2011-2014. Aunque podría ser más, ya que la investigación continúa y no se descarta que esta cantidad pueda seguir subiendo a medida que se vayan practicando más diligencias.
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Además, estos informes sitúan en el epicentro de la trama a varios responsables de ADIF, como José Luis Martínez Pombo, exjefe de infraestructuras de la Línea Madrid-Levante. Según la Guardia Civil, Martínez Pombo, que ha permanecido en prisión durante unos meses, propició el presunto desvío de fondos públicos a través de una serie de expedientes de gasto extraordinario, que fueron autorizados ante los proyectos de reposición de infraestructuras hidráulicas afectadas por la ejecución de la línea de Alta Velocidad en Levante. La investigación no descarta que se haya podido "beneficiar" de estos fondos desviados. Los otros responsables de ADIF investigados son el director de obras, el jefe de unidad ACO y el contratista.
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UNA EMPRESA ACTUÓ COMO SUBCONTRATISTA
El presunto fraude se cometió sobrevalorando el coste real y emitiendo facturas falsas para justificar trabajos no realizados
Pero ese no es el único eje de la investigación. También está en el punto de mira Obras Marimar SL, que "actuó como subcontratista para las obras de reposición hidráulica de las contratistas principales que tenían adjudicada por ADIF la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad". Según la investigación, esta empresa "actuaba de emisor y principalmente de receptor de facturas supuestamente falseadas y falsas que le eran remitidas por una serie de empresas fantasma/pantalla creadas 'ad hoc' sobre prestaciones de obras y servicios no realizados".
La investigación apunta a que el presunto fraude se cometió sobrevalorando el coste real y emitiendo facturas falsas para justificar trabajos no realizados. Parece que los casi 18 millones desfalcados fueron a parar a responsables de ADIF, directivos de la empresa Obras Marimar, a la cúpula del Juzgado de Aguas de Orihuela que participó en la trama delictiva y al menos a tres testaferros que crearon un entramado de empresas fantasma que posibilitaron el desvío de más de siete millones de euros.
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