Del Estatut de 2006 al 1-O: 11 años después la 'manzana de la discordia' provoca la disputa

Hace once años, el Gobierno central y el Govern llegaron a un acuerdo. Aunque ahora parece una premisa imposible, entonces sucedió. La situación era muy favorable. Ambas partes estaban presididas por el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero en España y Pasqual Maragall al frente del ‘tripartido’ en Cataluña. Este pacto buscaba rebajar las ambiciones independentistas del territorio a cambio de una mayor autonomía.

Tras aprobarse en el Parlament, el texto llegó a Madrid. En este estatuto destacaban la cesiones en materia económica. El Estado otorgaba a Cataluña el 50% del IRPF, frente al 33% anterior, el 58% de los Impuestos Especiales, frente al 40% vigente, y el 50% del IVA, frente al 35% que existía. Además, acordaron la creaciones de la Agencia Tributària de Catalunya, encargada de la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección. Por último, el Gobierno se comprometía a una inversión durante seis años en Cataluña, cuyo coste sería similar a la aportación que esta comunidad hace al PIB nacional (19%, en 2006).

En el Estatut, el Gobierno otorgaba a Cataluña el 50% del IRPF, frente al 33% anterior, el 58% de los Impuestos Especiales, frente al 40% vigente

Esta propuesta necesitaba el respaldo del Congreso y el Senado. Y no iba a ser fácil aprobarlo, porque iba a contar con una fuerte campaña del PP para frenar este estatuto. Los socialistas debían negociar con el resto de partidos porque no tenían el apoyo necesario en ninguna cámara. El PSOE consiguió el apoyo de Artur Mas, líder de CIU, el partido con mayor número de representantes en el Parlament de Catalunya.

“Zapatero se precipitó al aceptar un estatuto a cualquier precio”, apunta David Redoli, sociólogo y miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). Este acuerdo daba a Cataluña “un trato muy asimétrico en comparación con el resto de comunidades”, indica el experto. Las dos cámaras dieron ‘luz verde’ al Estatut. Y, un mes más tarde, los catalanes acudieron a las urnas para votar su nuevo Estatut en un referéndum. El texto fue aprobado el 18 de junio de 2006, con el apoyo del 72,9% de los votos. La participación fue del 49,41%.

MANZANA ENVENENADA

El acuerdo fue muy celebrado por gran parte de la sociedad catalana y de la clase política. Pero la manzana se envenenó pronto. Un mes después de ser aprobado, el Partido Popular presentó en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el Estatut al considerar inconstitucionales 114 de los 223 artículos. “El PP ejecutó esta opción de una medida muy agresiva, que provocó una gran efervescencia del nacionalismo español”, valora Redoli.

El TC dio la razón al PP cuatro años después. Al menos en 14 artículos. Además el tribunal estimó que "carecen de eficacia jurídica" las referencias que se hacen en el preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña. El recorte a una ley aprobada en referéndum por los catalanes supuso un sentimiento de frustración y el inicio de la deriva independentista.

La sociedad catalana se manifestó de forma masiva contra esta decisión. José Montilla, que había sustituido a Maragall como president, y Rodríguez Zapatero eran los grandes señalados tras esta sentencia. CIU fue el que mejor supo ‘pescar en río revuelto’ y Artur Mas ganó las elecciones de ese año. En las elecciones de 2010 logró 62 escaños, 14 más que los comicios anteriores, una ascesión basada en la drástica caída que sufrió el PSOE, que pasó de 28 a 9 escaños. “CIU ya había dado señales ‘proindependetismo’, pero no fue hasta este momento cuando decidió accionar el botón”, valora David Redoli.

Artur Mas

DIADAS DE LA DISCORDIA

Los desencuentros entre el Gobierno central y el Govern no dejaron de sucederse. Más aún cuando Mariano Rajoy y el PP volvieron a la Moncloa, en 2011. “Gracias a la polarización del debate catalán, el Partido Popular ha aumentado su apoyo electoral, excepto en lugares como Cataluña y País Vasco”, valora Ignacio Martín Granados, miembro del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIGMAP).

En 2012, Cataluña vivía una delicada situación financiera, con casi 44.000 millones de euros de deuda, el 22% de su PIB

Artur Mas veía cómo cada año su agenda independentista era respaldada. Cada Día de Cataluña (11 de septiembre) quedaba reflejado. En concreto, en 2012, cientos de miles de catalanes salían a la calle en la Diada más reivindicativa en favor de la independencia. Una semana después, Rajoy se reunía con Mas para darle una rotunda negativa a su propuesta de concierto económico para Cataluña.

Este rechazo que sirve a Mas para convocar elecciones anticipadas. Eso sí, con la independencia de Cataluña monopolizando ya el debate, dejando al margen asuntos de gran relevancia como la débil situación financiera que vivía Cataluña, con casi 44.000 millones de euros de deuda, el 22% de su PIB. Pero este plan no salió como pretendía el líder de CIU. En estos comicios perdió 12 escaños, y tuvo que buscar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que ganó 11 escaños con el nuevo liderazgo de Oriol Junqueras. “ERC es el verdadero hijo del proceso de independencia, ya que gracias a su gran paso electoral cuando el procés se convirtió en un monotema en el territorio”, considera Martín Granados.

En esta legislatura, ERC y CIU aprobaron leyes como la declaración de Soberanía y el derecho a decidir del Pueblo de Cataluña. La ‘Diada de la V’ y la ‘Diada de la cadena humana’ respaldaron en las calles las propuestas del Parlament. Aunque en ese período Mas reconoció que "Cataluña no dispone de otro banco que el Gobierno español" y que iba a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

EL ‘MORDISCO’ DEL 9-N

Pese a depender del FLA, la apuesta independentista ya había cogido velocidad de crucero. El Govern legislaba en pro del procés y la ciudadanía mostraba cada año en la calle su mayor respaldo. La idea entonces pasaba por darle veracidad en las urnas. Artur Mas y Oriol Junqueras acordaron una hoja de ruta que desembocó en el referéndum soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El Gobierno y el Tribunal Constitucional dieron su negativa a esta propuesta y la consideraron ilegal. “El PP ha tenido una tremenda miopía en este período, sólo apelando a la ley. Por otro lado, la postura en este período del Govern ha provocado una peligrosa radicalización del mensaje entre la ciudadanía”, indica Redoli. Una posición que comparte Ignacio Martín Granados ,que reclama una reforma constitucional para “adaptarse al contexto social, económico y político que vive el país”.

A pesar de estar impugnado por el Gobierno y suspendido por el Tribunal Constitucional, el proceso participativo del 9-N se desarrolló bajo el título de consulta participativa. La Justicia rechazó retirar las urnas por ser "desproporcionado". La participación fue del 33% y el 80% votó a favor de la independencia. Esta consulta no tuvo efectos políticos pero sí legales. La Fiscalía se querelló contra el Gobierno de Mas por esta convocatoria.

ANTE UN ÚNICO OBJETIVO, UNIDAD

Como el nuevo resultado no fue válido, un nuevo adelantamiento electoral en 2015 fue la solución que Artur Mas encontró para seguir adelante. Tras la fractura de CIU en Convergencia y Unió, el president se unió a ERC, Demócratas de Cataluña y Movimientos catalanes de izquierda para presentarse a la elecciones en una lista única que se llamará Junts Pel Sí. Esta coalición sólo se forjó con un objetivo: la independencia de Cataluña.

Artur Mas, Oriol Junqueras y Raül Romeva en la presentación de Junts Pel Sí

Estos comicios con tintes plebiscitarios se celebraron el 27-S y tuvieron como previa una multitudinaria ‘Diada Electoral’. Junts Pel Sí venció en estos comicios, pero no logró la mayoría absoluta para activar la ley de fractura. Necesitaba un aliado y esa la encontró Candidatura de Unidad Popular​​ (CUP).

La CUP no fue fácil de convencer. Este partido político de extrema izquierda solo tenía la independencia como único punto en común con Junts Pel Sí. Y, tras varias investiduras fallidas y largas jornadas de negociación, a principios de enero de 2016, poco antes de que acabase el período para formar Gobierno en Cataluña, la CUP anunció su respaldo a Junts Pel Sí, con la exigencia de que Carles Puigdemont sustituyera a Artur Mas como candidato a la presidencia.

Y así fue. Artur Mas se apartó de la primera línea de la política catalana y cedió el testigo al exalcalde de Girona. Tras un enfriamiento del procés y pendientes de la inestabilidad política que se vivía en España, el 9 de junio de 2017 el presidente de la Generalitat anunció, de nuevo esquivando el veto del Gobierno español, que los catalanes responderán el domingo 1 de octubre la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".