Las CCAA deben explicar ya cómo quieren repartirse el dinero para financiar sanidad o educación

Los presupuestos de las comunidades autónomas se nutren principalmente de los ingresos que obtienen a través de las entregas a cuenta. Esto es, el dinero que reciben del Estado por lo que se estima que les corresponde en función del modelo de financiación autonómica vigente, que data de 2009. Estas cifras se calculan con la recaudación en cada territorio de los impuestos parcialmente cedidos -50% del IVA y del IRPF y 58% de tributos especiales- incluyendo ajustes que tiene el sistema y una transferencia desde el Estado.

La importancia de cómo se articule este reparto reside en que las comunidades autónomas tienen cedidas competencias tan relevantes como sanidad o educación. Es decir, los ingresos que les correspondan según el modelo de financiación autonómica determinan cómo los gobiernos regionales financian servicios públicos de primera necesidad.

El modelo actual también ha sido una fuente de agravios. De hecho, la vorágine independentista de la Generalitat parte de una vista de Artur Mas a Mariano Rajoy en 2012, cuando reclamó recursos para financiar sus déficits -que obtuvo con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y un concierto como País Vasco para no participar en la solidaridad interterritorial, que décadas antes había rechazado Jordi Pujol. El propio Carles Puigdemont repitió el lema del ‘España nos roba’ en el Parlament en octubre haciendo gala de un trasvase anual de 16.000 millones de euros de Cataluña al resto de España que no se sostiene en las cifras de Hacienda y, ni siquiera, en las de la Generalitat. Otras regiones como Madrid o la Comunidad Valenciana también han sido críticas, aunque no tan beligerantes.

Todas las comunidades del régimen común -País Vasco y Navarra tienen un régimen foral diferente- participan en este proceso de reforma salvo Cataluña, que se negó a contribuir pese a que el reparto fiscal ha sido uno de los principales argumentos económicos de la campaña independentista de los últimos años. Durante esta semana deben terminar sus conclusiones sobre el informe que está encima de la mesa para que el siguiente paso sea la evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano a través del que se reúnen los ejecutivos autonómicos con los ministros Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría.

Ambos ya recibieron en julio el informe del comité de expertos. Es decir, de los 15 economistas designados por las comunidades y los seis que nombró el Gobierno. Un grupo que fue criticado incluso desde dentro, ya que Ángel de la Fuente, investigador de Fedea y del CSIC, nombrado por Moncloa, dijo que se trataba de economistas de “bandera”.

Jorge Onrubia: "El informe ha tenido críticas por ser ambiguo. Pero los expertos hemos puesto líneas rojas para el proceso de negociación política con exigencias ​'técnicas​’"

Este voto fue particularmente suscrito por el experto elegido por Madrid, Jorge Onrubia. No obstante, en una entrevista con ‘Bolsamanía’, el profesor de la Universidad Complutense explicó que finalmente se ha podido realizar un trabajo útil: “Creo que hemos allanado el terreno de juego para la fase política. El informe ha tenido críticas por ser ambiguo, pero yo no lo veo así. Los expertos hemos puesto líneas rojas para el proceso de negociación política -entre Gobierno y ejecutivos autonómicos- con exigencias ​'técnicas​’​”. En este sentido, espera que no ocurra lo mismo que con la reforma de 2009: “Fue muy diferente, condicionada​ ex ante​ a ​alcanzar resultados para ​algunos territorios. ​Además, fue un autoengaño de las comunidades autónomas, porque la reforma se realizó a finales de 2009 con datos de referencia de 2007, con la recaudación en máximos”, añade.

MEJORÍA PARA MADRID, VALENCIA Y CATALUÑA

Entre las recomendaciones del consenso de los expertos participantes en la propuesta de reforma está la capacidad normativa para que las comunidades puedan aprobar subidas o bajadas del IVA y de los impuestos especiales de forma colegiada. Es decir, con un acuerdo unánime. Asimismo, proponen un fondo básico de financiación formado con recaudación de estos dos tributos para distribuir el dinero con el que asegurar la financiación de servicios públicos, un mecanismo que tenga en cuenta competencias que tienen algunas regiones, y que se respete el principio de ordinalidad. Esto es, que el ranking por capacidad recaudatoria coincida con el de recursos. Asimismo, algunos expertos abogaron por una quita de deuda autonómica, aunque fue una posición minoritaria.

El hecho de que existe un modelo de financiación autonómica se basa en la solidaridad entre regiones para que tengan capacidad de financiar las competencias cedidas y contribuir a la equidad, aunque durante los últimos años la crisis y la recuperación posterior ha elevado la brecha regional en empleo y renta per cápita, especialmente entre el grupo del norte y Madrid por una parte, y las regiones del sur por otra.

Aun así, el documento entregado a los ministros de Hacienda y Presidencia, Montoro y Sáenz de Santamaría, propone una mejoría fiscal para Madrid, Valencia y Cataluña que podría llegar hasta los 2.500 millones de euros, según estimaciones de Ángel de la Fuente, a partir de las cifras liquidadas de 2015 y con competencias homogéneas. También mejorarían su posición en el reparto Murcia, Canarias y Andalucía, y sale perdiendo el resto con el nuevo reparto propuesto, aunque se incluye una compensación inicial que se iría retirando gradualmente.

SISTEMA COMPLEJO

Entre los objetivos de la reforma estaba su simplificación. O lo que es lo mismo, tratar de llegar de un modelo complejo a uno fácilmente comprensible. Pero no ha sido así, en el galimatías de trasvases de recursos. El nuevo sistema hereda una capacidad de 102.505 millones de euros, según las estimaciones del director de Fedea en los niveles actuales con las características del sistema anterior, y datos de 2015. Estaba orquestado con un fondo de garantía de 8.570 millones, un fondo de suficiencia de 5.016 millones de euros, un fondo de cooperación de 2.179 millones y un fondo de competitividad de 2.702 millones.

Todos estos fondos realizaban trasvases de recursos entre las comunidades, alterando el principio de financiación acorde a la capacidad recaudatoria por solidaridad interterritorial. Esto se mantiene, pero se limita. Ahora, serán el fondo básico de financiación (FBF) y el fondo de nivelación vertical (FNV) los que integran el núcleo del modelo. El FBF absorbe "una parte sustancial" de los ingresos tributarios de las comunidades, y se distribuye en proporción a la población ajustada. El FNV, con aportación estatal, se reparte para reducir las diferencias de financiación respetando el principio de ordinalidad en términos de habitante ajustado.

Por otro lado, el modelo de 2009 tenía en cuenta variables como la población protegida equivalente a efectos de gasto sanitario, la población en edad escolar (0 a 16 años), población mayor de 65 años y población total. A esto, el boceto del nuevo sistema amplía el rango de edad escolar de 0 a 18 años y la matrícula en ciclos formativos superiores, y añade universitarios matriculados en centros públicos y población en riesgo de pobreza.

Estos indicadores son los que se utilizan para calcular las necesidades de gasto. Para corregir desequilibrios tenían en cuenta la superficie, la dispersión y la insularidad, variables que se mantienen y a las que se añaden una partida de costes fijos para sufragar los gastos ligados a los servicios autonómicos. Por último, proponen analizar variables como nivel de precios, renta per cápita, población flotante y vinculada, orografía, mejorar el indicador de dispersión y deseconomías de escala en sanidad -cuando hay más coste medio al incrementar la producción, en contra de lo habitual-.