También se censura que no haya un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las energéticas
Liz Truss presentó este jueves su plan energético, con diversas medidas para ayudar a los ciudadanos y las empresas con las facturas de la luz y el gas ante la elevada inflación, y en general fue bien recibido. Sin embargo, la nueva primera ministra británica también ha recibido críticas. Las más repetidas, que supondrá un gran coste para el Gobierno, ya que el gasto que habrá que hacer (se estima que de hasta 150.000 millones de libras) elevará la deuda y el déficit británicos, y que no se centra en los más vulnerables.
"Las medidas pueden ser políticamente astutas para un nuevo primer ministro. Pero en términos económicos, el Gobierno podría haber utilizado menos dinero de forma más inteligente". Son palabras de los estrategas de Berenberg, que creen que la intervención del mercado energético -Truss ha anunciado que se congelarán las facturas desde el mes de octubre, de forma que los británicos paguen un máximo de 2.500 libras anuales- será "costosa".
Y es que, como dicen, "dado que el programa no se dirige específicamente a los más necesitados, sino que es más bien amplio, será relativamente caro". Los cálculos que han realizado los expertos apuntan que el paquete de ayudas a los hogares y empresas puede costar unos 150.000 millones de libras, y parece probable que este gasto se financiará en su mayor parte con deuda. "Un estímulo fiscal adicional a gran escala es problemático en un momento en que la inflación ya es extremadamente alta", dicen los analistas de la firma alemana.
Además, apuntan que una congelación general de los precios de la energía "eliminará los incentivos para reducir el consumo de gas", lo que "aumentará aún más la escasez de gas para los sectores no cubiertos por la congelación".
Por su parte, Victoria Scholar, jefa de inversiones de Interactive Investor, también se refiere al hecho de que estas medidas "serán financiadas por préstamos del Gobierno", por lo que "tiene el coste de mayores niveles de deuda en el futuro". Asimismo, critica que un plan "tan costoso" deje algo de lado a los más vulnerables. "Podría haber estado mejor dirigido a los más necesitados". "Su paquete brinda apoyo indiscriminado para todos en Inglaterra, Escocia y Gales, independientemente de sus ingresos, incluidos aquellos que son lo suficientemente ricos como para no necesitar ayudas", apunta sobre el plan anunciado por Truss.
Precisamente, sobre este punto también pone el acento Sarah Coles, analista senior de finanzas personales de Hargreaves Lansdown. "Cuando las necesidades energéticas se disparan, las personas vulnerables se enfrentan a retos terribles", apunta en un comentario, en el que destaca que para los más necesitados una congelación de la factura a este nivel "no es suficiente para protegerlas de una crisis inminente".
No todo son críticas, porque Coles dice que "aunque el invierno no va a ser cómodo, ahorrará mucha agonía" a buena parte de los británicos. Y es que la decisión de que no haya en el futuro facturas más elevadas (se rumoreaba que se podría obligar a los ciudadanos a devolver parte del dinero 'perdonado' en futuras facturas eléctricas) "será también un gran alivio para las personas con menores ingresos".
NO MÁS IMPUESTOS A LAS ENERGÉTICAS
Sin embargo, la analista de Hargreaves Lansdown sí que censura que finalmente la nueva primera ministra no haya anunciado un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las energéticas, que era otra de las medidas que se barajaba. "La decisión de no añadir más impuestos a las empresas energéticas es controvertida. Habrá muchos contribuyentes que sientan que van a tener que soportar solos la carga de pagar esta ayuda, cuando las empresas energéticas tienen las espaldas más anchas" comenta al respecto.
Lo cierto es que Truss ha defendido su postura diciendo que cree que este impuesto disuadiría a las empresas de invertir en Reino Unido, y de invertir en energías renovables que proporcionarán parte de la solución a largo plazo del problema en el que se encuentra sumido el país, y toda Europa, ante la dependencia energética de Rusia.
Sobre este punto también ha hablado el alcalde de Londres, Sadiq Khan. "Acojo con satisfacción que el Gobierno responda por fin a los llamamientos para congelar las facturas, sin embargo, la sugerencia de que esto lo pague el contribuyente mientras las empresas de combustibles fósiles obtienen beneficios asombrosos, es absurda", ha destacado. Cree que el gabinete de Truss "está dando con una mano y quitando con la otra" y que la anunciada congelación de las facturas "debería financiarse con un impuesto extraordinario sobre los beneficios de 170.000 millones de libras de las empresas de petróleo y gas".
MEDIDAS DE ALIVIO PARA LAS EMPRESAS
El regidor londinense también se ha referido a las ayudas que el Gobierno destinará a las empresas, que aún no se han detallado, pero que se extenderán durante seis meses y que serán "equivalentes" a las anunciadas para los consumidores particulares, según detalló Truss. "Aunque las medidas para proteger a las empresas son un alivio bienvenido, llegan demasiado tarde para algunas que ya han empezado a tomar decisiones difíciles como cerrar o reducir personal", ha apuntado Khan.
Las empresas de Londres y del resto del país, ha afirmado, "se encuentran en una situación difícil" y "necesitan que se limiten los precios de la energía a las tarifas actuales, y no que se les conceda una ayuda de tan solo seis meses".
Un detalle del que también se hace eco Susannah Streeter, analista senior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown. "Habrá un gran suspiro de alivio entre los jefes de las empresas, ya que por fin se dispondrá de un bálsamo para limitar el impacto de las abrasadoras facturas energéticas en sus negocios", pero "habrá decepción por el hecho de que solo es una ayuda temporal, con una revisión después de seis meses".
"Dado que la crisis energética podría durar tres años o más, muchas empresas piden a gritos una estabilidad a más largo plazo", remarca, aunque reconoce "toda ayuda es importante" dada "la desesperación de muchas empresas ante los costes de la energía".
El Instituto de Directores (IoD, por sus siglas en inglés) ha valorado también el plan de Truss, y aunque en general se muestra complacido, dice que "lo que necesitamos ahora es una garantía externa de que la magnitud de la intervención no pone en peligro las finanzas públicas". Por eso, apunta, "es crucial que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria pueda realizar rápidamente su evaluación independiente del impacto sobre la deuda pública y la macroeconomía en general".