El Consejo de Ministros aprueba revalorizar las pensiones, que suben un 2,5% en 2022

Como ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto de revalorización de las pensiones y lo ha hecho en el marco de la nueva ley de pensiones. A partir de ahora las pensiones se revalorizan indefinidamente para mantener su poder adquisitivo".

El aumento del 2,5% para 2022 es el resultado del Índice de Precios de Consumo (IPC) medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según indica la fórmula acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio e incluida en la Ley de pensiones aprobada el pasado mes de diciembre. De esta forma, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones en base a la evolución del IPC.

Esta subida, recogida en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, está destinada a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y a mejorar los recursos en términos reales de la población más vulnerable. Es la primera revalorización que se hace con el nuevo marco de garantía permanente del poder adquisitivo de la reciente ley de pensiones, que fija la Ley 21/2021, de 28 de diciembre.

Además, el Real Decreto incluye el abono de una paga compensatoria para pensionistas y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por la revalorización de 2021, que fue inferior al IPC registrado ese año. "Estamos acordando la paga compensatoria por la desviación de inflación de 2021, lo que supone para una pensión media 250 euros más en este año", ha añadido Escrivá. En total se han destinado 2.600 millones de euros a compensar esa desviación.

La subida de las pensiones, efectiva desde el 1 de enero, llega a 11,5 millones de prestaciones y su importe total asciende a 3.900 millones de euros.

En conjunto, la pensión media sube en 651 euros anuales respecto a 2021, al pasar de 15.774 euros a 16.424 euros. Además, con esta revalorización, en 2022 la pensión mínima de jubilación será de 10.103,80 euros anuales en el caso unifamiliar (frente a los 9.808,4 de 2021, una vez revalorizada con el IPC con los datos definitivos) y de 12.467 en los casos con cónyuge a cargo (en 2021, era de 12.103). Mientras, la pensión de jubilación máxima llega a los 39.468,66 euros anuales, 962,78 euros más que en 2021 (38.505,88).

De este modo, el Gobierno destina 6.500 millones de euros a revalorizar las pensiones y a hacer efectiva la paga compensatoria.

MENOS DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Escrivá ha anunciado que el déficit de la Seguridad Social cerró 2021 en el 1% del PIB, por debajo del 1,2% que estimaba el Gobierno. Esto se debe a que, según ha detallado el ministro, durante el año pasado los ingresos por cotizaciones sociales crecieron un 10% en comparación con 2020, hasta los 132.000 millones de euros. Si se compara con 2019, antes de la pandemia, el aumento ha sido del 6%. De cara a 2022, prevé que puede reducirse al 0,5% y para el final de la legislatura, la estimación es que se sitúe en equilibrio presupuestario.

Será gracias a dos palancas, que están incrementando los ingresos de la Seguridad Social. En primer lugar, la positiva evolución del empleo se está traduciendo en un fuerte incremento de la recaudación por cotizaciones sociales, que en 2021 alcanzó los 129.000 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior y un 4% más que 2019. Tanto en términos reales como en nominales, esta cifra supone un máximo histórico.

En segundo lugar, en cumplimiento de la recomendación 1ª del Pacto de Toledo, los PGE han absorbido ya la mayor parte de los gastos de políticas públicas no contributivas que hasta ahora financiaba la Seguridad Social. En 2022, se transferirán 18.900 millones de euros por este motivo, que permitirán cubrir un 80% de esos gastos, y en 2023 se cubrirán el 100%.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL IMV

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan la organización y funciones de la Comisión de Seguimiento del IMV. Se trata de uno de los dos órganos de participación y gobernanza previstos en la ley, junto con el Consejo Consultivo, que tendrán como función hacer el seguimiento de la prestación, así como de los desarrollos que se vayan produciendo, como el Sello Social de Inclusión o el incentivo al empleo.

El órgano de cooperación administrativa estará compuesto por una presidencia (que corresponde al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), una vicepresidencia (secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones) y 46 vocalías, entre las cuales, por parte de la administración central, está la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la Subsecretaría del Ministerio, las secretarías de Estado de Migraciones, Trabajo y Economía Social, Derechos Sociales e Igualdad, así como el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

A nivel territorial, habrá un representante por cada comunidad y ciudad autónoma, mientras que, en el ámbito municipal, estarán representados los 12 municipios con mayor número de población, así como otros que por su representatividad sean propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Las funciones de la comisión son, entre otras, evaluar el impacto del IMV como instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad económica, con especial atención a la pobreza infantil; evaluar y realizar un seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relación con el ingreso mínimo y en materia de inclusión que se impulsen por parte del ministerio; impulsar mecanismos de cooperación entre administraciones; hacer un seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas solicitantes y las beneficiarias, y cooperar para la implantación de la Tarjeta Social Digital.

Además, tendrá que efectuar una evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión, así como de su impacto en los colectivos vulnerables, e intercambiar las mejores prácticas y experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las políticas públicas y mejorar su eficacia.

Desde el Gobierno aseguran que la constitución y funcionamiento de la comisión no supondrá incremento de gasto público.