Valerio dice que España debería llegar a 2022 o 2023 con el sistema de pensiones saneado
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado que cada décima de desviación de los precios respecto a la subida de las pensiones de este año (1,6%) supondrá un coste de 128,6 millones de euros en compensación a los pensionistas.
Durante su asistencia a los 'Desayunos Informativos de Europa Press' para atender a la intervención de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, Granado ha confirmado que para calcular esta compensación este año se tomará como referencia el IPC interanual de diciembre, que el Gobierno prevé que finalice en el 1,9%.
Ello supondría una desviación de tres décimas sobre la subida de las pensiones de este año, del 1,6%, por lo que la paga compensatoria a los pensionistas tendrá un coste cerca de 386 millones de euros, cifra que resulta de multiplicar por tres los 128,6 millones que cuesta cada décima de desviación sobre el IPC.
En caso de que la desviación de precios se consolidara en la nómina de las pensiones, un asunto que todavía no está del todo claro, estos 386 millones de euros se duplicarían y el coste total de la compensación rondaría entonces los 772 millones de euros.
De estos 772 millones, la mitad se destinarían a compensar a los pensionistas por la desviación de precios (es decir, a lo que se conoce como la "paguilla") y el resto a consolidar en nómina la desviación del IPC.
SISTEMA SANEADO
Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado que España debería llegar a 2022 o 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del 'baby boom'. Durante el mencionado desayuno, Valerio ha subrayado que no hay que tener una "visión catastrofista" de la Seguridad Social, a pesar de que el Fondo de Reserva está "bastante tocado" y el sistema, endeudado.
"Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema", ha dicho la ministra, que ha apostado por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad (que suponen un coste de 2.500 millones de euros) se paguen a través del Estado. Por el lado de los ingresos, Valerio ha reconocido que el impuesto de transacciones financieras, conocido como la 'tasa Tobin', con el que se prevén recaudar unos 850 millones de euros al año para financiar el sistema de pensiones, solo dará para un "aperitivo discreto". "Hay que inyectar ingresos porque no vale sólo con el impuesto de transacciones financieras", ha remarcado.
En todo caso, ha insistido en que hay cerca de 19 millones de personas que trabajan y el mes a mes de las pensiones se paga con lo que cotizan los trabajadores cada mes. "El problema lo tenemos para afrontar el pago de las pensiones extraordinarias de junio y diciembre y ahí es donde tenemos que apostar por más empleo, de más calidad, más salarios, cotizaciones y por más personas trabajando", ha añadido.