5.629 irán a infraestructuras de sistemas eléctricos nacionales y 1.039 a interconexiones internacionales
La CNMC ha publicado el informe sobre la propuesta de planificación del gestor de la red de transporte de energía eléctrica (Red Eléctrica de España) para el periodo 2021-2026 y su estudio ambiental estratégico. La inversión estimada es de 6.668 millones de euros, de los que 5.629 se destinarán al desarrollo de infraestructuras en los sistemas eléctricos nacionales, y contemplan un límite máximo de inversión con derecho a retribución que sufraga el sistema eléctrico.
Por su parte, los 1.039 millones restantes se corresponden con las interconexiones internacionales de España-Francia por el Golfo de Vizcaya (730,9 millones), Marruecos (233,6 millones), Andorra (14,7 millones), y la de Norte España-Portugal (59 millones).
De acuerdo con los cambios normativos más recientes, estos últimos desembolsos no computan dentro de los límites de inversión máxima retribuible. Por el momento, las interconexiones internacionales para el periodo 2021-2026 –no sólo aquellas con países miembros del mercado interior– no estarían sujetas al límite de inversión máxima que garantice la estabilidad presupuestaria, y han de retribuirse a través de los peajes eléctricos.
Así, la inversión total anual sujeta a limitación rondaría los 938,6 millones por año, nivel de inversiones que sobrepasaría en varios años el volumen máximo de inversión fijado (Real Decreto-ley 23/2020, de 23 junio).
Sin embargo, si se considera el limite sectorial total para el periodo, teniendo en cuenta el escenario macroeconómico definido por la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, sí se admitiría la inversión que se ha previsto en la propuesta, 5.629 millones de euros frente a los 5.691 millones de euros.
En cualquier caso, la CNMC ha señalado que la gran sensibilidad de la limitación retributiva frente a los cambios en las perspectivas macroeconómicas y la elevada inversión en algunas actuaciones debería establecerse en base al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico dada la incertidumbre económica derivada de la pandemia.