El Gobierno titubea con el decreto de las 'cláusulas suelo' y pide ayuda a Draghi para decidirse

"El Gobierno sigue sin decidirse y esperará a la luz verde del BCE (...) El ministro ha transmitido que se trata de una norma [cláusulas suelo] que afecta a la estabilidad financiera de los bancos y, por tanto, necesitan el informe preceptivo del BCE", explican fuentes parlamentarias a Bolsamanía. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que declaró nulas las cláusulas suelo en las hipotecas por falta de transparencia, añadió el componente de la retroactividad total frente a la doctrina del Tribunal Supremo en España, que falló en la misma línea, pero aplicando como fecha de referencia mayo de 2013. El resultado es que hasta 700.000 clientes con hipoteca han visto como su banco les cobraba de más, al convertir su hipoteca a tipo variable en una de tipo fijo marcado por las cláusulas suelo.

IMPACTO EN LA BANCA

Este cambio de condiciones no solicitada, según explican fuentes del sector bancario, está en la raíz del problema, amén de la falta de transparencia por la inclusión de las cláusulas. Éstas son un tope incluido en la letra pequeña de los contratos que impedía que los intereses bajasen al unísono con el euríbor, principal índice de referencia hipotecario. La diferencia entre mecanismo extrajudicial con el ‘código bancario’ de buenas prácticas que se barajó en un principio radica en que ahora se introduce la obligatoriedad para que el banco solucione la reclamación.

La factura global para los bancos españoles por este asunto se eleva a los 16.000 millones de euros. De ellos, más de 5.200 millones se encuentran ya provisionados por las entidades (doctrina Supremo de mayo de 2013), mientras que otros 4.400 millones se corresponden con el tramo de devoluciones al aplicarse la retroactividad total, es decir, desde que en 2009 el euríbor comenzó a deslizarse por debajo del nivel de esas cláusulas suelo (del 2%-3%). Además, los analistas estiman que habrá un lucro cesante -en forma de menos intereses- que puede rondar los 6.200 millones en el periodo de cuatro años que va de 2016 a 2019.

El golpe es mayúsculo para algunas entidades, como también lo ha sido el sostén de estos ingresos extra durante los últimos años para sus cuentas de resultado. Muchas de ellas ya han provisionado buena parte del capital que deben. Ahora ese dinero deberá cambiar de manos e ir a las cuentas corrientes de los afectados, que, en promedio, pueden llegar a cobrar hasta 8.000 euros por hipoteca en función de sus condiciones e importe. Es por este motivo que Guindos ha optado por recabar la opinión del Banco Central Europeo (BCE) de Mario Draghi y el Banco de España.

PLAN EXPRÉS DE 3 MESES

Según avanzó Europa Press, el Real Decreto, previsto para este viernes, se presentará la semana que viene. El propio ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró esta mañana que el Gobierno ultimaba el decreto y la reforma hipotecaria, pero el ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, ha decidido posponerlo. El texto que lidera Guindos contendrá flexibilidad, pero estará enfocado en la agilidad para resolver el conflicto y, sobre todo, evitar una judicialización que provocaría, presumiblemente, un atasco en los tribunales. Los bancos tendrán un periodo de tres meses para cerrar los acuerdos con sus clientes.

Sin embargo, no se concretarán las fórmulas de compensación, de manera que los bancos podrán ofrecer planes alternativos al cobro en efectivo de la totalidad de las compensaciones. ¿Jamones? ¿Vajillas? ¿Tablets? Todo cabe en un escenario en el que hay mucho dinero en juego, también para los clientes. Aquellos que se aplicaron deducciones por la compra de vivienda deberán devolver a Hacienda la parte proporcional de lo que cobren ahora con la devolución de las cláusulas suelo.

Hay otro objetivo con el decreto y es evitar la citada descapitalización de las entidades implicadas, entre las que se encuentran BBVA, Sabadell, Popular o Caixabank, entre otras. Por otro lado, también se insistirá en agilizar el cobro a los afectados. Las cantidades adeudadas equivalen al 0,4% del PIB anual de la economía española. Otro de los ángulos que pretende resolver el decreto es la actividad de los bufetes de abogados que han construido un millonario negocio de honorarios y costas con este tipo de reclamaciones masivas y que buscan ir a juicio frente al arbitraje.

En este sentido, los clientes que vayan al juez y éste dicte una compensación igual o inferior a la ofrecida por el banco pueden quedarse sin cobrar. No obstante, habrá que esperar a la redacción del RD para que este tipo de detalles queden clarificados por completo. Desde despachos de abogados y plataformas de reclamación colectiva advierten sobre los acuerdos extrajudiciales que han venido ofreciendo los bancos hasta la fecha, en muchos casos perjudicando los intereses de los clientes al obligarles a renunciar a futuras reclamaciones.