Tendrá voto de calidad en los acuerdos del órgano de gestión que acaben en empate
El Gobierno ha dado ya los primeros pasos para crear la autoridad macroprudencial que tendrá la misión de frenar los riesgos sistémicos para evitar futuras crisis financieras. Este órgano será el encargado de preaprobar las medidas que los supervisores financieros quieran implementar para evitar perturbaciones y tendrá independencia funcional del Ministerio de Economía y Empresa… en teoría, porque estará presidido, precisamente, por Nadia Calviño, que, además, tendrá voto de calidad en los acuerdos.
La ministra de Economía y Empresa será la presidenta de la autoridad bancaria que el Gobierno ha diseñado bajo la denominación de Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI). “Está previsto en el borrador que sea un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía, pero con independencia funcional”. Así describió la propia Calviño a la nueva autoridad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del último viernes. Sin embargo, en este cargo, la ministra de Economía tendrá la misión de impulsar y supervisar todas las actuaciones de la autoridad, así como de convocar las sesiones y fijar el orden del día de las mismas.
La presidenta, además, tendrá el voto decisivo cuando se produzca un empate en torno a una decisión entre los miembros del consejo (que serán siete en total) y dará el visto bueno a las actas de los acuerdos que tome el órgano. El ‘número dos’ de la autoridad será el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ocupará el cargo de vicepresidente. También estarán en el consejo el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y la vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina; la subgobernadora, Margarita Delgado; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez.
A las reuniones podrán asistir, aunque sin voto, miembros de otros organismos o instituciones, como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
PREAPROBARÁ LAS MEDIDAS DE LOS SUPERVISORES
El diseño de esta autoridad macroprudencial se ha realizado a través de un real decreto que ha sido sometido a audiencia pública, pero que todavía no está aprobado por el Gobierno. A lo que sí ha dado su visto bueno el Ejecutivo es a una ampliación de competencias de los supervisores financieros en materia de política macroprudencial para que puedan prevenir y evitar riesgos sistémicos que lleven al sector a una crisis. Esta dotación de funciones se ha hecho a través de un real decreto ley.
Entre otras nuevas competencias, el Banco de España podrá restringir el crédito cuando lo considere oportuno para frenar la creación de una burbuja. Para ello, podrá tener en cuenta las ratios loan to value (relación entre el nominal del préstamo y el valor de la garantía) o debt service to income (relación entre el pago periódico de intereses y la renta periódica del prestatario), según sugiere el Ministerio.
La CNMV, por su parte, podrá exigir a las entidades bajo su supervisión que mantengan un volumen mínimo de activos especialmente líquidos para hacer frente a fuertes salidas de fondos en momentos de tensiones de mercado, una herramienta similar a la que existe en el sector bancario para vigilar la liquidez.
En cuanto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), podrá establecer límites a la exposición a determinados sectores de actividad económica y categorías de activos y a las operaciones de transferencia de riesgos y carteras de seguros.
Estos tres supervisores, antes de implementar estas medidas, deberán comunicárselo a la autoridad independiente, que emitirá una opinión sobre ellas. La AMCESFI podrá, además, recomendar a los supervisores tomar ciertas medidas, que serán de obligatorio cumplimiento a no ser que exista una razón que la autoridad considere justificada. Las recomendaciones y las opiniones de la autoridad se publicarán. Eso sí, siempre que su conocimiento público no comprometa la estabilidad financiera.